Por Leticia Medina (*)
Desde enero de este año, las y los docentes venimos enfrentando la embestida contra los salarios y el presupuesto universitario más radical y acelerada de nuestra historia reciente. En los primeros meses del gobierno de LLA, perdimos un 40% de nuestro poder adquisitivo por efecto de la devaluación, y en los meses siguientes recibimos a cuentagotas actualizaciones otorgadas de manera unilateral, mientras que la mesa paritaria en la que por ley deberíamos negociar nuestro salario sigue suspendida. Este ajuste inédito se da, además, en un escenario de fragilización del poder adquisitivo que, visto en una serie más larga, expone una caída del 30% entre 2015 y 2023.
Los salarios de las y los trabajadores universitarios representan alrededor del 90% del total de recursos asignados a las Universidades nacionales, mientras que el 10% restante del presupuesto corresponde a gastos de funcionamiento. En el marco de una política de desfinanciamiento del sistema, los ingresos son el blanco de un ajuste que carece de cualquier justificación pública: ni siquiera les cabe la sospecha de malversación con la que el gobierno intenta ordenar el debate en torno a las auditorías, porque la masa salarial se define y envía directamente desde el Ministerio de Educación para su liquidación en las Universidades en función de las plantas docentes registradas en la Prosecretaría de Políticas Universitarias.
Luego de las masivas movilizaciones realizadas a lo largo y ancho de nuestro país, que evidenciaron la alta valoración social de la Universidad pero también el arraigo territorial y el despliegue federal de nuestro sistema de educación superior, el gobierno nacional respondió con un aumento de partidas para los gastos de funcionamiento. Intentó, con ese incremento sobre el 10% del presupuesto, acallar los cuestionamientos por el ajuste sobre una institución que es motivo de orgullo y esperanza para la gran mayoría de los argentinos.
En ese marco, desde cada Universidad se fue gestando una certeza que se plasmó en la conformación de mesas de articulación intergremial, en diálogo con autoridades universitarias y las organizaciones estudiantiles. En muy poco tiempo, entendimos que se trataba de un ataque contra la propia existencia del sistema de educación superior público, inclusivo y de excelencia, y que la estrategia defensiva requería mantener unida a la comunidad universitaria. En ese sentido, la conformación del Frente Sindical Universitario -que puso en suspenso los históricos desencuentros dentro del espacio gremial docente y habilitó nuevos diálogos entre las dirigencias docentes, nodocentes y estudiantiles- marcó un camino para el que será clave la capacidad de crear nuevas configuraciones organizativas, capaces de representar la pluralidad y conducir el conflicto con vocación democrática y federal.
Uno de los logros de la lucha gremial fue volver a colocar en la discusión pública la centralidad del trabajo docente y nodocente para el sostenimiento de las actividades universitarias. “Sin trabajo docente no hay Universidad” fue la consigna que ordenó una estrategia de intervención centrada en revalorizar el conjunto de actividades implicadas en el quehacer de las Universidades. La enseñanza en las distintas carreras y espacios formativos -desde el pregrado, el grado y el posgrado, hasta la Escuela de Oficios y la oferta académica del Campus Virtual-, así como también la investigación, la extensión y la vinculación tecnológica, tienen en común el trabajo de docentes investigadores/as como principal condición para su desarrollo.
Luego de diez meses de conflicto sostenido, la frustración por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario -que había logrado amplio acompañamiento en ambas cámaras del Congreso- enardeció los ánimos. Hacia fin de año, la solidaridad con las y los trabajadores docentes y nodocentes se articuló con una acción estudiantil en defensa propia, que inauguró un nueva etapa en el ciclo de protesta caracterizado por las tomas de facultades, asambleas que desbordaron la política institucionalizada y ansias de cambiarlo todo. La descalificación del presidente respecto del carácter elitista de la Universidad (“para los hijos de los ricos”, sentenció), motivó una respuesta pública que articuló de manera novedosa y potente el valor del esfuerzo individual con el rol del Estado como garante del acceso a la educación superior. Innumerables relatos en primera persona inundaron las redes evidenciando el poder de la Universidad para abrir horizontes allí donde las trayectorias familiares y sociales se imponen como destino. Destacar la misión igualitaria del sistema universitario nacional fue otro acierto de la intervención de la comunidad universitaria en el debate público.
A casi un año de iniciada la nueva gestión, es evidente que el gobierno nacional no tiene previsto un plan estratégico para la Universidad. Su sistemática descalificación de todo lo que las universidades representan trasluce la consideración sobre nuestro sistema de educación superior como un obstáculo ideológico y práctico para el despliegue de su proyecto de dominación colonial. Su énfasis en la alfabetización, por otra parte, revela el modelo de educación que proyecta: la formación básica general, para puestos de trabajo cada vez más precarizados, en un país dependiente cuya economía gira en torno a la alianza entre sectores productores y exportadores de materia prima y el sector financiero.
Se trata de un escenario muy distinto a los que conocimos en nuestras luchas recientes por la educación y la universidad pública. En diversos momentos a lo largo de estos 41 años de democracia, enfrentamos políticas orientadas a transformar este modelo inclusivo, masivo y federal introduciendo diversas formas de mercantilización, arancelamiento y recortes a la autonomía universitaria. Ajustes presupuestarios justificados en la racionalización y la eficiencia, creación de organismos centralizados de control, promoción de la venta de servicios como alternativa de financiamiento, restricciones al ingreso, fueron algunas señales de políticas orientadas a colocar a las universidades al servicio de los sectores económicos y políticos que gobernaron nuestro país. En cada momento, la movilización de los universitarios, el debate parlamentario y la negociación colectiva fueron herramientas clave para frenar los embates y sostener, con distintos niveles de dificultad, la tarea educativa, científica y social de nuestras universidades.
Los ataques actuales, por el contrario, exponen el objetivo de desmantelar el sistema universitario, reduciéndolo a su mínima expresión. Mientras tanto, la movilización social es desoída, la oposición política se deshilacha en el Congreso y los sindicatos sufren el asedio de un gobierno decidido a aniquilar toda forma de organización colectiva de los trabajadores y trabajadoras, entre otras formas, legalizando métodos represivos inéditos en nuestra historia reciente.
En este nuevo escenario, la continuidad del conflicto universitario puede tomar diversas formas en función de las resistencias que seamos capaces de oponer. De este tiempo de lucha, emergen algunas claves que no podemos pasar por alto. Por un lado, la enorme confianza que la sociedad deposita en las universidades como instituciones capaces de cobijar y hacer realidad los sueños individuales y colectivos, señal de una huella profunda que la experiencia universitaria va dejando en las personas, en las familias y en las comunidades. Por otro lado, el fortalecimiento e incipiente actualización -en disputa- de algunos sentidos y valores que animan la vida universitaria y permiten plantar bandera frente a los ataques: la democracia como ejercicio de construcción de lo común desde la pluralidad y la diferencia, el compromiso social de las universidades, la autonomía como responsabilidad de pensar la Universidad interrogando a fondo nuestras prácticas y evitando los discursos autocomplacientes.
Por eso, la forma que tomará la pelea por la Universidad dependerá también de los horizontes que podamos prefigurar y proponer como alternativa a una sociedad regida por el lucro y el individualismo extremo.
En ese sentido, las y los universitarios tenemos la oportunidad de ampliar la perspectiva de confrontación, poniendo de relieve la importancia de la Universidad y el sistema científico nacional para un proyecto de país soberano, con igualdad y justicia. Animarnos a plantear las preguntas que emergen de una realidad en buena medida desconocida, debatir con amplitud y proponer respuestas a las necesidades de los territorios que habitamos, apostando al equilibrio regional y con un sentido de integración nacional. Y retomar la tarea impostergable de pensar la Universidad, sus mecanismos de jerarquización de ciertas funciones y disciplinas, sus deudas pendientes con la democracia y la ciudadanía, su refugio en la autonomía para hacer oídos sordos a tantas necesidades sociales, su particular desentendimiento de las condiciones de precariedad en las que se sostiene buena parte del trabajo académico.
La inclusión y la gratuidad de nuestro sistema universitario tienen mucho que ver con estos horizontes. No se trata de una definición abstracta ni de valores aislados sino de pilares fundamentales de una política educativa y científica basada en una fuerte inversión pública que multiplica las oportunidades y expande las capacidades nacionales para el desarrollo, la profesionalización del trabajo y la producción cultural.
Tenemos en el sistema universitario una poderosa herramienta. La diversidad de perspectivas y enfoques disciplinares, la pluralidad epistémica y política, la heterogeneidad de formas de articulación con los sectores y actores sociales, e incluso los desequilibrios que derivan de los múltiples vectores de desigualdad presentes en nuestra sociedad, son expresiones de una complejidad que debe ser punto de partida de una tarea de composición. Este tiempo nos llama a componer imágenes de Nación, de sociedad y de futuro en las que la vida de cada una y de cada uno importe, y que animen a las nuevas generaciones a hacer su mejor esfuerzo para construir un país mejor para todos.
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Secretaria Adjunta de la Asociación Gremial de las y los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC).
