Por Karina Tomatis (*), Sara Smart (**), Laura Bonafé (***), María José Franco (****), Julieta Almada (*****), Patricia Llaya (******) y Susana Andrada (*******)
El trabajo socio-comunitario es un proceso que tiene como objetivo el bienestar social, siempre a través de la utilización, potenciación o creación de recursos, siendo la propia comunidad el centro de la producción. Con efectos devastadores, en la actualidad la programática estatal de la miseria ha eliminado de su vocabulario el concepto de bienestar y lo ha reemplazado por libertad de mercado.
¿Cómo funcionan estos circuitos de trabajo invisibles para el mercado? A partir del trabajo realizado por las autoras en el proyecto de investigación “(Re)mapear las respuestas contra el hambre”, surge que en los barrios populares se desarrolla un circuito amplio del trabajo, que se expande bajo formas comunitarias para generar niveles de bienestar, albergando ámbitos colectivos y organizados —los referenciados espacios socio-comunitarios— que atienden la problemática alimentaria junto a otras múltiples actividades de cuidado y de sostenimiento de la vida —principalmente de infancias y vejeces—; y donde las mujeres son las protagonistas.
Nos encontramos con un presente desolador de miseria y hambre que ha tornado más que crítica la situación de los comedores y merenderos comunitarios de la Argentina. Una crisis que en la ciudad de Córdoba abarca aproximadamente 1100 comedores y merenderos comunitarios (según el Registro Municipal del año 2023) que llegan con sus prestaciones a miles de personas —asisten por almuerzos o cenas aproximadamente a 140.000 personas y por desayunos o meriendas a 120.000, principalmente niñas y niños—. Estos espacios son sostenidos por 18.700 trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres, que en los últimos meses han visto sobrepasados sus servicios de alimentación a raíz del grave contexto social, como efecto de las políticas de fuerte ajuste económico —desde medidas macroeconómicas y fiscales— que llevaron a la aceleración en la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos —la inflación acumulada entre diciembre y abril es de 110%— y la contracción de las fuentes de trabajo en la economía.
En este presente desolador de hambre, la política alimentaria a nivel nacional, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se ha ocupado de acompañar el ajuste profundizando las ya deterioradas condiciones de vida. La transferencia de ingresos que reciben algo más de 1,8 millones de familias a través de la Tarjeta Alimentar —prestación social destinada a quienes son beneficiarias/os de la Asignación Universal por Hijo con menores de 14 años a cargo—, ha sufrido una significativa pérdida de su poder de compra. En noviembre de 2023, el monto asignado a la Tarjeta para familias con un/a hijo/a alcanzaba para adquirir 63 litros de leche fluida; actualmente apenas llega a 33 litros.
Como parte adicional de la política alimentaria, se suman recortes y suspensiones de recursos con destino a los espacios que prestan servicios alimentarios comunitarios; aquellos que durante la pandemia fueron reconocidos como “servicio esencial” hoy, según expresión de algunos funcionarios del gobierno nacional actual, integran una estructura organizativa que hace “gerenciamiento de la pobreza” con fines particulares. Esto es: un supuesto manejo discrecional de los insumos alimenticios provistos por el Estado, denuncias de comedores o merenderos comunitarios que no existen, entre otros calificativos que buscan desprestigiar y estigmatizar a las organizaciones comunitarias. Estas expresiones son el argumento para la suspensión de la asistencia directa a comedores y merenderos comunitarios consistente en insumos para la elaboración de alimentos, junto a cambios regresivos en el Programa Potenciar Trabajo, que representa un reconocimiento monetario a la labor que los sostienen –el 66% de quienes trabajan en los espacios acceden al programa, mientras que el 40% de las personas beneficiarias del programa son trabajadoras socio-comunitarias—.
Resalta en este proceso la programática estatal de ajuste sobre el Potenciar Trabajo, por su modo de operación en tres tiempos: primero avanzó en términos de alcance, dando de baja a titulares; luego, procedió con un congelamiento del monto de la prestación en un contexto inflacionario, provocando una pérdida del poder de compra del 50% entre diciembre y abril; para finalmente transformar la política, por su supuesta ineficiencia en acercar a las y los beneficiarios a un trabajo formal, en una nueva prestación diseñada a partir de criterios de empleabilidad (entendida como la capacidad que tienen las personas para insertarse en el mercado de trabajo). Este criterio pone de manifiesto una incomprensión, o incapacidad de lectura, de los rasgos socio-laborales en los sectores populares; al mismo tiempo que da cuenta de un claro mecanismo de invisibilización de aquellos trabajos y formas organizativas que se desarrollan dentro del amplio campo de la economía popular que no se ofrecen en el mercado, sino que son creados por trabajadoras y trabajadores por su utilidad en la sostenibilidad de la vida —porque el salario no la garantiza—.
Temporalidades superpuestas por una vida digna de ser vivida, entre la urgencia de la necesidad y una precariedad sostenida en el tiempo
¿Cómo funcionan estos circuitos de trabajo invisibles para el mercado? En los barrios populares se desarrolla un circuito amplio del trabajo que se expande bajo formas comunitarias para generar niveles de bienestar, albergando ámbitos colectivos y organizados —los referenciados espacios socio-comunitarios— que atienden la problemática alimentaria junto a otras múltiples actividades de cuidado y de sostenimiento de la vida —principalmente de infancias y vejeces—; y donde las mujeres son las protagonistas.
Las trabajadoras socio-comunitarias despliegan formas particulares de resolución de problemas complejos de una manera integral, comunitaria y situada, desde una experiencia que en algunos casos remonta a dos o tres décadas. Así, trabajando entre 20 y 30 horas semanales de manera regular, sin recibir un salario ni protecciones bajo la seguridad social, es posible mapear múltiples tareas y actividades que producen valor, sin realizarse en el mercado a partir de un intercambio monetario. Desde este particular trabajo, sí TRABAJO, se produce y realiza un valor de uso, resolviendo la necesidad de alimentación de las familias y contribuyendo a la reproducción social ampliada de los territorios; en tanto contenido material que involucra trabajos afectivos de subjetivación y de cuidados, junto a distintas formas de aprovisionamiento, atención e interacción que producen y hacen posibles los vínculos sociales.
En la memoria histórica, las ollas populares aparecen en momentos de crisis: 1989, 2001, 2020, como estrategias de los sectores populares para hacer frente al hambre, y, sin duda, cuando la inflación se configura como problema cotidiano. Sin embargo, estas experiencias son expresión de una temporalidad donde la urgencia de la necesidad se entreteje con una precariedad compartida y sostenida en el tiempo. La continuidad de niveles de pobreza profundos y la extensión a nuevos sectores hicieron que permanecieran en el tiempo. En aquellos momentos que las familias han podido resolver su reproducción, los espacios socio-comunitarios son una de las herramientas de las organizaciones para construir y ampliar el bienestar en los territorios. El trabajo socio-comunitario representa un conjunto de aprendizajes puestos en movimiento para abordar, intermediar y acompañar las necesidades y múltiples violencias: las problemáticas de hábitat, las dificultades de aprendizajes en niños y niñas, el consumo problemático de sustancias de las/los jóvenes y las violencias de género. Al tiempo que también, en paralelo, movilizan posibilidades de trabajo remunerado generando espacios productivos bajo formas asociativas y cooperativas.
Trabajo y bienestar en el laboratorio del superávit fiscal
Este tiempo se muestra como un laboratorio a cielo abierto, que desafía los límites de la sociedad para sobrevivir, como un juego al más “apto” para crear su propio trabajo y recrear la vida; desde modalidades estatales de des-regulación, des-protección y re-construcción de una institucionalidad neoliberal.
En este laboratorio, montado en un escenario de acumulación de condiciones precarias —laboral, del hábitat, de movilidad, y sigue—, el Estado se ha transformado en un agente ocupado en una ecuación económica que da como resultado algo denominado “superávit fiscal”. Concentrado en una operación que no es matemática, la política económica se propone así adelgazar, llevar a esqueletos, las ya deterioradas infraestructuras sociales y restringir el acceso a derechos de las grandes mayorías.
Frente a ello, bajo una aparente operación matemática se genera un otro-superávit: el del hambre y la miseria, sobre la base de —como decíamos— una acumulación de condiciones precarias de formas de trabajo intensas, diversas y heterogéneas que configuran modos de vida sin salario de amplias mayorías. El mercado laboral, como efecto del neoliberalismo, ha acrecentado los contextos de desigualdad a través de modalidades de trabajo de los sectores populares sin una retribución regular, a partir de vínculos contractuales sin estabilidad o inexistentes y sin soportes de seguridad social. Entre estas modalidades encontramos el trabajo socio-comunitario, como parte de economías populares que responden desde la acción a los mecanismos de explotación y despojo que operan sobre amplias poblaciones, de las barriadas de mayor relegación urbana.
Con efectos devastadores, la programática estatal de la miseria ha eliminado de su vocabulario el concepto de bienestar y lo ha reemplazado por libertad de mercado. Pero allí, donde el mercado aparece desdibujado y el Estado pierde su capacidad de garantizar la existencia de las personas, se moviliza una infraestructura popular que hace cuerpo en las mujeres trabajadoras socio-comunitarias que se esfuerzan por el bienestar en sus territorios, desde una larga trayectoria de existencia como respuesta a las crisis. Allí, disputan los sentidos desde una olla que significa mucho más que un plato de comida y multiplican acciones desde una capacidad concreta, práctica y creativa de cooperación y reciprocidad, para que la vida sea digna de ser vivida.
Elaboración en el marco del proyecto de investigación (Re)mapear las respuestas contra el hambre. Procesos y condiciones de trabajo en comedores y merenderos desde una perspectiva de género en la ciudad de Córdoba. Desarrollo financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, según Aporte No Reembolsable en el marco del Programa “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”. Préstamo CAF – CFA 891. Periodo: 2021-2023
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(**) Estudiante de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(***) Becaria CONICET-CIFFyH-UNC y Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(****) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(*****) Docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) y de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(******) Investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(*******) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Una aclaración para lectoras/es atentas a la dinámica cotidiana de la temática: la escritura del artículo fue concluida a inicios de mayo, considerando información disponible y acciones gubernamentales de ese momento.
