Por Elsa Marcela Rodríguez (*), Mónica Lilian Eula (**), Alejandro Maniaci (***) y Luciana Auderut Chiarani (****)
Dedicamos esta publicación a la querida colega y compañera, Karim Stegmayer, que nos dejó hace muy pocos días. Desde estas páginas va nuestro reconocimiento y tributo por su valiosa y comprometida tarea docente, de investigación, extensión y ejercicio profesional.
En una región tan desigual como América Latina, con fuerte presencia y concentración del mercado, se reproducen una multiplicidad de vulneraciones en torno al acceso a un hábitat adecuado. En un contexto de emergencia y crisis habitacional se presentan una diversidad de problemáticas: precariedad habitacional, contaminación ambiental, localizaciones en zonas alejadas y degradadas, hacinamientos de hogar y de cuarto, infraestructuras insuficientes y obsoletas, inadecuado saneamiento básico, segregación socio – espacial, entre otras. Esta desigualdad se profundiza para las niñas, niños y adolescentes de las zonas urbanas.
Académicas y académicos de toda la región, congregados en la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda/Hábitat (ULACAV), se reunieron durante tres días en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) para reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la formación en hábitat integral. Y el encuentro consolidó el perfil “hacedor” que caracteriza a quienes integran la Red. Una acción que asume las más variadas líneas: la visibilización de los problemas en su heterogeneidad; las manifestaciones y posicionamientos públicos ante vulneraciones del derecho al hábitat digno/adecuado; las propuestas de programas, políticas y normativas; y la actuación concreta, junto a las organizaciones sociales, para la construcción de hábitat inclusivos. Como señalan las y los autores de este artículo, “se trata de tomar parte activa en la promoción de territorialidades realizadoras de derechos, sustentables, inclusivas, democráticas y con paridad de géneros, desde todas las acciones universitarias”.
En ese marco las entrevistas que integran este dossier, realizadas a referentes de la academia de toda América Latina, confluyen en el esfuerzo por reflexionar sobre las particularidades de cada lugar, al tiempo que señalan los puntos de contacto entre los países de la región, indispensables para una “integralidad del hábitat y sus fundamentos”.
La Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda/Hábitat (ULACAV) es un espacio multidisciplinar conformado en la década del 90, actualmente integrada por más de 50 espacios formativos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, en los que se abordan las problemáticas habitacionales y las estrategias transformativas, en la docencia, la investigación y la extensión. Desde la Facultad de Ciencias Sociales, el Seminario de Gestión Territorial y Hábitat, la Cátedra de Planificación Social Estratégica y el Programa de Extensión Territorialidades con enfoque de Derechos, somos parte de la Red, como fundadores.
En esta trayectoria de casi 30 años, en la diversidad de pertenencias, perfiles disciplinares y formatos, se fue consolidando como rasgo común, el carácter de “hacedores”. Constituimos un grupo de profesionales comprometidos con la acción, desde las más variadas líneas posibles: la visibilización de los problemas en su heterogeneidad, las manifestaciones y posicionamientos públicos ante vulneraciones del derecho al hábitat digno/adecuado, las propuestas de programas, políticas y normativas, y la actuación concreta, junto a las organizaciones sociales, para la construcción de hábitats inclusivos.
Este año, el XXVIII Encuentro de la Red, llevado a cabo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, nos convocó a reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la formación en hábitat integral. Esto, con el objetivo de actualizar nuestra comprensión de los escenarios, en cuanto a las posibilidades de acceso al hábitat de las poblaciones con múltiples vulnerabilidades y fortalecer los principios rectores de nuestra pensar y hacer colectivo, repensando el marco epistémico, político e interpretativo compartido. Es muy importante en la formación universitaria en esta cuestión, partir de una lectura crítica de los problemas y de las causalidades que configuran cada sistema socio – político en un determinado momento histórico, las lógicas y actores centrales, como los juegos del poder y las estrategias societales que se despliegan.
En una región tan desigual como América Latina, con fuerte presencia y concentración del mercado, donde prima la lógica de la ganancia, se reproducen una multiplicidad de vulneraciones en torno al acceso a un hábitat adecuado. Una de cada tres familias –un total de 59 millones de personas– habita en una vivienda inadecuada y cada año, de los tres millones de familias que se forman en las ciudades, casi dos millones lo hacen en barrios populares/favelas/tugurios. En este contexto de emergencia y crisis habitacional se presenta una diversidad de problemáticas: precariedad habitacional, contaminación ambiental, localizaciones en zonas alejadas y degradadas, hacinamientos de hogar y de cuarto, infraestructuras insuficientes y obsoletas, inadecuado saneamiento básico, segregación socioespacial, entre otras. Esta desigualdad se profundiza para las niñas, niños y adolescentes de las zonas urbanas de América Latina y el Caribe, ya que la mitad sufre precariedad habitacional, especialmente por hacinamiento. Y sobre todo, implica un mayor desafío para las mujeres, ya que de cada 100 hombres en situación de pobreza extrema, hay 132 mujeres en esta misma situación.
En Argentina, según parámetros limitados, casi un 40% de hogares tienen estos derechos vulnerados, con la concentración del 80% de los déficits en los sectores socioeconómicos más bajos. Los hogares más pobres son los hogares con menos acceso a un hábitat digno y esto se agudiza en la provincia de Córdoba, donde casi la mitad de las familias sufre estas serias limitaciones.
El acceso a la vivienda adecuada para grandes sectores de la población se transforma en un desafío cotidiano; como ejemplo de ello, en la región, entre el 50% y el 75% de la vivienda y los componentes del hábitat son autoproducidos por sus habitantes, mediante diferentes estrategias familiares, organizativas y comunitarias, tales como el ahorro, el acceso al crédito, la autoproducción y la ayuda mutua, entre otras. Esta modalidad se conoce como procesos de producción y gestión social del hábitat, donde se ponen en juego recursos y capacidades adquiridas históricamente por la población, en forma individual, familiar o asociada, para la construcción de su hábitat (que generan partes o la totalidad de los espacios habitacionales y servicios urbanos) o apropiación y permanencia en un determinado espacio físico y social, casi siempre en conflicto. Son formas de resistencia y transformación impulsadas por la propia población como modo de resolución de sus necesidades habitacionales y de materializar sus disputas de pertenencia a un territorio/sociedad.
Si bien, en cantidad, estas respuestas duplican a las estatales y a las del mercado, las condiciones en que se llevan adelante, sin los soportes necesarios y el escaso apoyo por parte de los Estados, trae como consecuencia que se profundicen las problemáticas, aumentando las inequidades. Frente a las restricciones que se presentan, para resolver esto desde lo individual/familiar, se potencia la acción colectiva y la conformación de organizaciones sociales que buscan resolver de modo comunitario la satisfacción de necesidades básicas de reproducción de la vida de los sectores populares, entre ellas las habitacionales.
En este sentido, es clave resaltar algunos de los requerimientos esenciales de estos procesos, tales como la consolidación de organizaciones comunitarias, su desempeño como actores colectivos, la gestión e incidencia en políticas públicas y los enfoques de género, social y ecológico del hábitat. Estas prácticas de asociatividad, con capacidades de interlocución y de creación de ámbitos de negociación en los asuntos públicos que los involucre, contribuye a la democratización de la acción pública y al reposicionamiento de la población desde su condición de ciudadanía.
Como contracara, el accionar estatal, por lo general, lejos de garantizar el derecho y el acceso a un hábitat adecuado, implementó históricamente diferentes políticas, de baja capacidad responsiva e inadecuada y baja resolución de los problemas centrales, sumado al estilo de gestión estadocéntrico o gerencial, con respuestas de bajo impacto, orientadas a problemas no prioritarios, mayormente de carácter viviendista, sin integralidad, y grave desconocimiento de los sujetos y poblaciones.
A su vez, estas lógicas estatales son legitimadas por y con otros actores centrales en la dinámica de los conflictos territoriales como lo son el sector empresarial privado, el cual tiene capacidad de injerencia en la formación y desempeño de las políticas habitacionales y desarrollo territorial, y los medios de prensa locales, que se posicionan en un rol legitimador de la actuación estatal. Es así como, las ineficiencias, opacidades y bajo impacto de las acciones demandan ampliar el rol del Estado y al mismo tiempo, una ampliación de lo público, con mayor protagonismo de la ciudadanía en la definición de las prioridades, el diseño de líneas estratégicas y su ejecución.
Los debates producidos en los trabajos grupales que mantuvimos en el XXVIII Encuentro de la Red ULACAV, permitieron confirmar la vigencia del imperativo a la acción, impuesto por la gravedad de la problemática habitacional y las insuficientes o inadecuadas políticas públicas. Y allí es donde la interpelación llega directo al pensar y hacer de la universidad, que cobra un papel central desde la función pública del conocimiento.
Las universidades latinoamericanas, como un actor más en la compleja red de relaciones de fuerzas de las sociedades, están atravesadas por disputas de poder entre intereses diversos, y desde allí transcurren las acciones de formación, extensión e investigación. El modelo hegemónico genera fuerzas normalizadoras que consolidan, en docentes e investigadores, representaciones y prácticas que mantienen en vigencia y reproducen el paradigma y las lógicas de la dominación. Esto se refleja en, por ejemplo, la fragmentación de los campos del conocimiento, los tabiques disciplinares, la exacerbación de las especializaciones, la búsqueda constante del objeto específico de cada profesión, lo que debilita el encuentro con los problemas reales de las poblaciones, que son los únicos objetos urgentes de reconocer, y cuya transformación demanda actuaciones interdisciplinares integradas e integrales.
Desde el espacio de formación al que pertenecemos dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y el espacio más amplio de la RED, creemos necesario renovar la invocación a lo que entendemos como un compromiso ético-político impostergable para las universidades públicas de nuestros países. Se trata de tomar parte activa en la promoción de territorialidades realizadoras de derechos, sustentables, inclusivas, democráticas y con paridad de géneros, desde todas las acciones universitarias.
Se necesita asumir la centralidad de la dimensión territorial para todas las problemáticas y campos disciplinares, con impactos diversos sinérgicamente conectados, en las condiciones de vida de las poblaciones, reflejados en grados de inclusión-exclusión, dentro de la trama estructural de desigualdades. Esto implica tematizar en la formación y en la investigación la comprensión de los territorios en su complejidad actual, robusteciendo miradas críticas que develen el espacio como relaciones de poder, de intereses y de distintas racionalidades en disputa.
El horizonte de cambio propuesto, en el que las universidades deben involucrarse, demanda el trayecto necesario de la formación, la reflexión colectiva, la investigación, la denuncia pública y la acción, en una praxis permanente. El refuerzo de la interdependencia en el trípode docencia/ investigación/ extensión, con igual jerarquía en las tres funciones y dotándolas de mejores condiciones de desarrollo, para que efectivamente las universidades puedan religarse a la agenda societal.
La formación debe ser orientada a desarrollar habilidades para construir sistemas explicativos causales, abiertos y múltiples, que surjan de procesos participativos de codiseño. Al mismo tiempo, problematizar en las aulas y en los territorios los mecanismos de provisión del hábitat y acceso al suelo que habilitan las sociedades en cada momento histórico, y las respuestas habitacionales que promueven las políticas públicas. Son necesarias estrategias pedagógicas que valoricen las capacidades que tiene la ciudadanía para construir soluciones habitacionales integrales y brinden herramientas para la apropiación y el desarrollo de capacidades de gestión y negociación política en todas las disciplinas. Se necesita fortalecer un habitus científico que incorpore el pensamiento complejo, con desarrollos teórico-metodológicos relacionales y holísticos, con construcción de conocimientos desde la empiria, que capitalice en formación y la potencialidad de los procesos sociales.
Se requiere promover programas de formación con enfoque de derechos, que contribuyan a transformar el hábitat desde una perspectiva de integralidad, con eje en la función social y ecológica de propiedad, problematizando la corriente hegemónica que entiende a la vivienda exclusivamente como mercancía, reflejada en el extendido proceso reciente de financiarización. Desde esta mirada, los programas extensionistas tienen que posibilitar prácticas entendidas como parte de procesos sociopolíticos más amplios, con el desafío de realizar contribuciones en los distintos componentes y dimensiones del hábitat.
Esta perspectiva demanda también asumir la necesidad de gestionar en la complejidad, reconociendo los conflictos como parte constitutiva de la dinámica social, y tomar el desafío de direccionar los procesos de formación, investigación y extensión para aportar a la transformación, con el empoderamiento de los sujetos/actores más vulnerables y el fortalecimiento de un modelo de gestión que potencie la relación entre Estado y sociedad civil.
Es necesario asumir el propósito de dar un salto cualitativo en la incidencia política, lo que requiere incorporar como horizonte de transformación los propios marcos normativos que regulan el campo habitacional, mediante el fortalecimiento de alianzas estratégicas y acciones de gestión en red, manifestaciones públicas contundentes frente a hechos flagrantes de vulneración del derecho y propuestas sólidas para cambios normativos que amplíen derechos vinculados al hábitat para las poblaciones de menores ingresos (reconocimiento de loteos sociales y barrios populares, asignación de beneficios impositivos diferenciales, etc.).
De este conjunto de reflexiones deriva una agenda amplia de desafíos para las políticas universitarias, caminos necesarios de transitar en cumplimiento de lo que expresara la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Córdoba Dra. Carolina Scotto (2012:9), en una publicación sobre el Manifiesto Liminar en la celebración de los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba:
“Las universidades no pueden enseñar si no aprenden, no pueden construir nuevos conocimientos si no revisan o suspenden los recibidos, no pueden transmitir ni edificar las líneas de crecimiento cultural, si no son capaces de interpretar, cuestionar o imaginar una misión evitando la tentación de la autorreproducción y el fantasma del aislamiento”.
(*) Docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Integrante de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda/Hábitat (ULACAV).
(**) Docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Integrante de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda/Hábitat (ULACAV).
(***) Docente, investigador y extensionista de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Integrante de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda/Hábitat (ULACAV).
(****) Docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Integrante de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda/Hábitat (ULACAV).
