Por Susana Morales (*) y Laura Valdemarca (**)
Esta conversación con Paula Litvachky resulta un desafío sistemático por desarmar prejuicios e indagarse acerca de la productividad política en las discusiones sobre la Justicia argentina. Ella es abogada, especializada en derechos humanos y sistemas judiciales y Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A lo largo de esta entrevista se explaya acerca de la eficacia política del concepto de lawfare, de los aspectos del sistema judicial que intervienen en la desestabilización política, de la utilización del Poder Judicial como herramienta de gobernabilidad en los últimos 40 años de historia argentina y de cómo intentar generar debates sociales productivos para transformar una Justicia palaciega.
Susana Morales: Nos interesa dialogar acerca de algunos instrumentos jurídicos que intervienen en política y en la competencia política, que impactan sobre líderes que avanzan en procesos de transformaciones económico sociales, a quienes se termina excluyendo tanto de las cuestiones electorales como de la vida ciudadana en general. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no están usando la noción de lawfare, que es la que suele ser más utilizada en estas discusiones. ¿Por qué? ¿Cómo abordan esta cuestión?
Paula Litvachky: Nosotros no estamos usando lawfare como categoría política. Una cosa es que afirmemos que existe o no aquello que quedó agrupado o amparado bajo casos de guerra judicial o lawfare, y esa es una discusión teórica —en el sentido de preguntarnos qué significa esa categoría desde el punto de vista político y jurídico, qué alcances tiene, a qué casos se refiere—. Ahí no hay acuerdos, son difusos sus límites. Hay discusiones para dar y son de orden teórico. No me parece que esas discusiones sean las más interesantes para presentar aquí.
La razón por la que no la usamos es porque, justamente, como tiene ambigüedades e interpretaciones distintas, nos parece que su productividad política —para las discusiones que queremos alentar desde el CELS— no nos sirve como herramienta. No estoy diciendo que nadie deba usarla o que sea equivocado hacerlo, sino que en nuestras descripciones de la realidad y en nuestras intervenciones no la estamos usando, porque no da cuenta realmente de lo que queremos discutir, o nos ubica en una escucha con respecto a las y los interlocutores que no es el tipo de debates que estamos queriendo dar. Entonces no la usamos como categoría, hablamos de otras cosas.
En ese sentido, advertimos que hay otros aspectos del sistema judicial que son problemáticos y que han tenido una capacidad —y esto sí se emparenta con algunos de los debates del lawfare— de desestabilización política y, en algunos casos, de persecución judicial, con consecuencias políticas, institucionales y jurídicas graves. Preferimos movernos con esas otras categorías y decimos que, en algunos sentidos, los efectos son parecidos
Susana Morales: Cuando planteas esta idea acerca del sistema Judicial con capacidad de desestabilización política, nuestra preocupación radica allí. En general, esto ha sido nombrado como lawfare desde el debate social, político y —a veces— académico, pero la preocupación está puesta en analizar esa intervención del Poder Judicial sobre procesos políticos, su capacidad de desestabilización y, en ese marco, reconocer patrones comunes que operan en este tipo de intervenciones. ¿Cuál es su mirada con relación a esto?
Paula Litvachky: Soy poco adepta a las miradas conspirativas, considero que nos quitan capacidad de explicar la realidad; lo que no quiere decir que las conspiraciones no existan, obviamente, pero tratar de que todo encaje en esa mirada conspirativa nos quita potencia política. Y parte de lo que nos está pasando tiene que ver con la imposibilidad de poder pensar qué pasa, sin esas categorías que cierran los debates y que nos hacen creer que el interlocutor nos está entendiendo, pero que en realidad como significación social sólo le representan algo a un sector pequeño de la sociedad.
Hay algunos ejemplos claros de intervenciones del Poder Judicial como herramienta de desestabilización, que no tienen que ver con una intervención del Poder Judicial autónomo por fuera del contexto político, sin relaciones o terminales políticas; más bien nos interesa describirlo como un Poder Judicial ubicado en un entramado de relaciones, que derivó en algunos casos en la utilización de las causas judiciales como operaciones políticas. Por ejemplo, la de Lago Escondido fue una foto que permitió entrar en la intimidad de esa red de relaciones; allí pudimos correr la cortina y decir: “Uy, altos funcionarios de Clarín, con personas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con otras que eran de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y con jueces federales, de repente se van a descansar a Lago Escondido y tienen un viaje de camaradería y negocios”. Pero no por que se hayan ido a conspirar algo particularmente en concreto, sino porque son parte de esa red de relaciones. Y allí es donde se construyen los vínculos, los negocios, las decisiones. Y también tienen convicciones políticas ideológicas, por supuesto, pues todo ese grupo era definidamente antikirchnerista, pensaba que el kirchnerismo era el peor mal que le podía tocar a la sociedad y cada uno en su rol estaba haciendo lo posible para que la vicepresidenta Cristina Fernández y su proyecto político no tuviera capacidad de volver al poder. Ese entramado, desde hace mucho tiempo, tuvo un objetivo político: quitarle capacidad y potencia a un sector, en este caso identificado con Cristina Fernández, y entendió que eso se podía lograr a través de distintas operaciones judiciales.
Si me preguntan sobre exponentes de causas que tuvieron esa capacidad de desestabilización, las que abrieron esa modalidad de práctica y tuvieron la mayor potencialidad expresiva fueron las causas de la muerte del fiscal Alberto Nisman y la del memorándum con Irán. Ese fue un momento bisagra, pues venían armándose varias intentonas con capacidad de desestabilización. Y estas fueron dos causas sensibles, que tuvieron una productividad política importante. En el caso de la causa por la muerte de Nisman recordemos la marcha con los fiscales caminando bajo la lluvia. Y en el caso de la causa del memorándum también, porque implicó un tema sensible, con una acusación de traición a la patria. Esas dos causas, que operaron juntas, fueron la expresión más acabada del vehículo judicial para generar desestabilización.
El otro gran conjunto está integrado por las causas acerca de casos de corrupción, y allí la interpretación es más compleja. Se la puede poner en la misma línea, pero es un poco más compleja. Pero el avance de causas con un sinnúmero de irregularidades, sin importar qué tipo de investigación se hacía, estuvo vinculado a la generación permanente de noticias que horadaran la credibilidad, la honestidad y el rol político de Cristina Fernández, hasta llegar a la causa de la obra pública, que terminó con un pedido de prisión y condena —lo cual resultó simbólicamente fuerte—, pero que desde el punto de vista probatorio es muy discutible que haya prueba para decir que la vicepresidenta tuvo algún tipo de involucramiento en eso que se estaba juzgando.
Pero también es importante hacer una aclaración, para darle perspectiva histórica a la cuestión judicial: la utilización del Poder Judicial como herramienta de gobernabilidad política no es algo nuevo —por lo menos para estos últimos 40 años de democracia—. Podría identificarse un punto de inflexión durante los noventa, con los gobiernos de Carlos Saúl Menem: la conformación del fuero federal y de Comodoro PY tal como lo conocemos en la actualidad resultó un armado judicial del menemismo, que corría en paralelo con la mayoría automática de la Corte Suprema —ambas cosas fueron importantes—, con el objetivo de dar gobernabilidad a ese momento político y, sobre todo, garantizar no sólo la impunidad en los casos de corrupción, sino la convalidación del proceso político de modernización y privatización del Estado. El Ejecutivo necesitaba contar con un sistema judicial que convalidara esas políticas, no únicamente por la corrupción, sino por la necesidad de sostener la estructura jurídica de las privatizaciones.
Lo que quiero mostrar es que esta discusión tiene capa sobre capa hace mucho tiempo, no empieza con Mauricio Macri en el gobierno nacional, ni con el caso Nisman, ni con Comodoro Py tratando de atacar a Cristina Fernández en 2014 y 2015, sino que había desde antes unas condiciones de posibilidad para que ese entramado que se venía armando y que estuvo vigente durante mucho tiempo, se mantuviera como herramienta de gobernabilidad. Y en 2014 y 2015 se quiebra esa relación, porque Cristina Fernández también la quiso quebrar. Explotó con el caso Nisman algo que ya venía de mucho tiempo atrás, por distintas razones políticas. Y no se logró rearmar una situación de gobernabilidad nunca más, porque la cúpula del Poder Judicial decidió que su opción política era otra; ya no se trataba de que “gobernamos con quién está y vemos qué hacemos”, sino que hubo una especie de radicalización o polarización, y empezaron a manifestarse una suerte de cruzados judiciales que están convencidos —no solo por negocios, sino también por ideología— que ésa no es la opción política que desean. Y en ese tire y afloje estuvimos estos últimos años y eso explica las operaciones en las causas, los funcionarios judiciales diciendo cualquier cosa, los títulos en los diarios, la persecución por supuesto. Y hubo algunas otras causas que estuvieron bien investigadas, no se trata de hacer un análisis en bloque.
¿Qué pasó durante el gobierno de Mauricio Macri? Había cambiado la opción política, como mencioné, y el criterio fue tratar de sostener esa posición, hacer que esa opción política que implicaba el kirchnerismo no pudiera volver. Eso tuvo que ver con la salida de Alejandra Gils Carbó, quien fue muy presionada para abandonar la Procuración General de la Nación, eso fue muy importante a nivel retrospectivo; también cómo se ocuparon los lugares de la Cámara Federal y los puestos de la Corte Suprema; y el manejo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través del cual se volvió a ubicar al Poder Judicial dentro del aparato de inteligencia sin ningún empacho. Lo que es importante destacar es que no fue la primera vez que se hizo, pero fue demasiado tremendo con respecto a cómo se venía haciendo.
Susana Morales: Hay una sensación ligada a lo que mencionabas respecto a la potencia política del concepto y tiene que ver, por un lado, con cómo se instala este tema como una discusión que sólo interesa a algunos sectores —es decir, como algo acotado y marginal—; pero también, entre quienes están interesados, aparece como una disputa sobre la cual no hay posibilidad de intervención política, una disputa de poder que está muy lejos. Entonces, ¿qué posibilidades hay para contrarrestar y disputar esa situación, porque parece difícil pensarlo desde afuera del sistema?
Paula Litvachky: Totalmente. En un libro que sacamos recientemente, llamado “Más que nunca. 12 debates necesarios para construir la democracia del futuro”, planteo que es una disputa de palacio, muy relevante desde el punto de vista institucional, pero que va quedando cada vez más lejos de la posibilidad de ser comprendida realmente desde el punto de vista social y con poca capacidad de intervención. ¿Qué se hace con eso? Es muy complicado, porque depende de la capacidad de intervenir en política institucional. Por eso era muy importante que durante estos últimos cuatro años se pudieran nombrar un nuevo Procurador o Procuradora; que se pudieran designar nuevos jueces o juezas de la Corte Suprema; que se pudiera lograr que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi no estuvieran más en la Cámara Federal. Hay que tener el poder político para dar estas discusiones, por un lado; y respecto a cómo se da este debate a nivel social y de las organizaciones políticas y sociales a quienes les interesa esto, hay que bajar la discusión respecto a cómo afecta políticamente, todos los días, tener un Poder Judicial que hace esto y también a cómo pensar modelos de intervención judicial diferente. Es importante recuperar algunas herramientas de gestión judicial; de hecho, una buena gestión en el Ministerio de Justicia hubiera sido ideal para contrarrestar alguna de estas cuestiones, dar algunos debates dentro del Consejo de la Magistratura, pensar cómo pueden hacerse mejor los concursos. Todo esto requiere algún tipo de equilibrio de fuerzas, si estás en una situación de total debilidad política es imposible. Por ejemplo, lo que hizo el presidente Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno y propuso dar discusiones sobre la incorporación de integrantes a la Corte Suprema de Justicia, lo hizo de manera que fue generando consensos para evidenciar que era importante apoyar —por lo menos desde la militancia— a esas personas que estaban llegando a la Corte, eso cambió un poco la discusión.
En los últimos años toda la discusión judicial estuvo apuntada a dar la discusión por los diarios, eso fue quitando potencia y capacidad política para hablar de cualquier problema judicial. Y, entonces, una cosa fue alimentando a la otra, la discusión se fue acorralando, y hoy estamos en esa situación.
Susana Morales: Esa es la sensación. En 2001, la discusión sobre la Corte Suprema caló en el debate social, incluso de manera previa a la llegada de Néstor Kirchner, a través de una labor de las trabajadoras y los trabajadores judiciales.
Paula Litvachky: Y ocurrió también el corralito, que generó una confluencia con los sectores medios de la sociedad, quienes se opusieron de manera muy fuerte a la Corte Suprema. Pero, claro, hubo formas de recuperar esa discusión política y social, que se había convertido en algo policlasista.
Laura Valdemarca: Esta discusión de palacio, como caracterizas, ¿tiene repercusiones en nuestra forma de ejercer la ciudadanía? ¿Cómo superar esta sensación de que no podemos hacer nada?
Paula Litvachky: No son días fáciles para pensar esto, pero hay que romper la parálisis y la desmotivación. Se puede hacer algo en la medida que se construyan algunas demandas e ideas que tengan bases sociales. Pero, como siempre, la discusión institucionalista puede ser vacía o puede tener una comprensión y un sentido social interesante. Estamos en una situación complicada en la actualidad para pensar que algo se puede hacer únicamente en el Poder Judicial. La capacidad de reforma sobre el Poder Judicial está atada a la capacidad política de intervención estatal. Lo que hay que reclamar es la construcción de un programa político —pensar y discutir socialmente la construcción de un programa político— que hable de temas que vayan resolviendo la vida de las personas y además tenga una perspectiva de institucionalidad, según la cual puedas afirmar que el Poder Judicial estará asociado a cierto modelo de Estado. Sin eso, no tiene sentido, no le hablas a nadie, giras en falso. Si alguien me pregunta en la actualidad si pondría a la cuestión judicial como tema principal de discusión política, yo digo que no. ¿A quién le hablamos? ¿Para decir qué cosa? ¿Para disputar qué idea? Es un tema demasiado abstracto, demasiado institucional. Hay que ir por otro lado: construir un programa, tratar de tener ideas, generar movilización, rearmar redes comunitarias que pongan el tema judicial como tema institucional, como parte de un modelo de gestión del Estado y de un modelo de gestión de los conflictos.
Porque lo que después ocurre es que las cuestiones que tienen derivación judicial son de distinto orden, entonces hay que dar discusiones que no pueden englobarse todas juntas: hay que hablar de justicia relacionada con el tema penal; de justicia relacionada con cómo las personas dirimen sus conflictos de menor cuantía. Los temas empiezan a diversificarse y a multiplicarse de una manera que no se pueden discutir todos juntos. Hay una dimensión institucional para la cual necesitas capacidad política, y después hay agendas judiciales específicas para los distintos problemas que pretendas resolver, y hay que abordar ambas dimensiones. En lo personal, considero que hay que empezar por la segunda —la capacidad de resolver problemas cotidianos—, para que eso derive en discusiones institucionales, y no al revés, pues las cuestiones institucionales hoy no interpelan a nadie.
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba. Coeditora del presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC), titulado “Mecanismos jurídicos, mapas electorales y horizontes democratizadores: ¿límites a la igualdad de oportunidades?”.
(**) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba. Coeditora del presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC), titulado “Mecanismos jurídicos, mapas electorales y horizontes democratizadores: ¿límites a la igualdad de oportunidades?”.
