Por Patricia Acevedo (*)
Como en otros momentos de la historia de nuestro país —plantea la autora— “quienes aún creemos y apostamos por un sistema de derechos —en que la educación es uno de ellos—, tenemos una ardua tarea: defender la universidad pública con ideas y acciones. Estamos llamados a desnaturalizar el mérito y la carrera individual como modo de alcanzar beneficios y/o derechos; y desnaturalizar el éxito y la competencia como modo de mejorar las condiciones de vida”. Considera, además, que aquello que está en juego en esta coyuntura electoral “es mucho más que la educación superior, es lo público en toda su dimensión; es además una concepción del mundo y la sociedad, en la que tenemos que elegir entre caminos que se trazan de modo individual, empujando al que está al costado; o caminos que se trazan de modo colectivo, entramando esfuerzos personales, familiares y estatales”.
En junio de 2019 presentábamos en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) el libro “Pasaron cosas: política y políticas públicas en el gobierno de Cambiemos”. Un conjunto de más de 20 docentes, investigadoras e investigadores de la casa, convocados por Marcelo Nazareno, Soledad Segura y Guillermo Vázquez, compartíamos preocupaciones, reflexiones y algunas pistas para la acción en torno a ese conjunto de definiciones político-ideológicas que había tomado el gobierno de Cambiemos, y cuyos pilares fueron el descrédito y la desinversión en lo público.
En octubre del mismo año se editaba el tercer número de “Cuadernos de Coyuntura”, bajo el título “Las Ciencias Sociales en Defensa de la Universidad Pública”. En el mismo, nuevamente un conjunto de docentes, graduades y estudiantes de la Facultad nos convocábamos, analizábamos, debatíamos y desarrollábamos argumentos y acciones en torno al derecho a la educación en general, y en particular a la educación superior.
Cinco años después nos encontramos nuevamente con discursos que plantean: “la educación es un desastre”; “hay un Estado fallido que todo lo que hace, lo hace mal”; “las instituciones tienen que competir y ser buenas”; “vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado”. Además, y siguiendo con esta línea, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ha manifestado que eliminará, entre otros, al Ministerio de Educación.
En estas líneas retomo preocupaciones, reflexiones y algunos aportes que me trascienden y que reconozco como fruto de la gestión y la militancia en la universidad pública, tanto como del análisis y la indagación en torno al derecho a la educación superior.
La primera cuestión que quisiera afirmar es que todas y todos somos seres situados e intervenidos por la familia, las amigas y los amigos, las instituciones, por el tiempo y el espacio en el que vivimos y convivimos. Y es desde estos lugares que conocemos, miramos y actuamos en el mundo. Desde esta noción, nadie llega en soledad a los lugares o posiciones que ocupa, sino que lo hace acompañada o acompañado por otras y otros, con el sostén de las políticas públicas, y en contextos sociales y políticos que permiten el despliegue de intereses, motivaciones y capacidades. Los lugares a los que llegamos, y las condiciones en que lo hacemos, no son fruto de esfuerzos, méritos o inversiones individuales, son en gran medida posibles porque hay familias que acompañan, y políticas públicas que garantizan el acceso a derechos. De allí que me atrevo a afirmar que lo que está en juego el 22 de octubre no es un gobierno, sino la definición de la educación como derecho o mercancía, y tras de sí, las políticas que se implementen y las posibilidades de miles y miles de jóvenes de iniciar y/o continuar con sus estudios superiores.
Para desmemoriados… una breve referencia histórica
La educación pública, gratuita y laica está concebida y consagrada como un derecho humano fundamental, de carácter personal y social, en el artículo 14 de la Constitución Nacional, en los tratados internacionales que forman parte de ella, en la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, la Ley Nº 24.521 de Educación Superior y la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional.
En términos de Educación Superior, desde el año 2008, cuando en Cartagena de Indias se llevó a cabo la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) y se definió que “la Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho”, la misma comenzó a ocupar un lugar significativo en las agendas públicas y académicas. En el año 2009, el bloque de países de Latinoamérica y el Caribe en la Conferencia Mundial de Educación Superior, llevada a cabo en París, declaró que la educación superior en tanto bien público e imperativo estratégico para todos los niveles educativos y base de la investigación, la innovación y la creatividad, debe ser asumida con responsabilidad y apoyo financiero por parte de todos los gobiernos.
En el año 2018, la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe refrenda los acuerdos alcanzados en las declaraciones de La Habana (Cuba) de 1996, de la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998 y de Cartagena de Indias (Colombia) de 2008 y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado. Estos principios se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña. El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad, que profundice el ejercicio pleno de ese derecho y la igualdad real de oportunidades a todas y todos a quienes habitamos la Nación, esto en tanto el interés del mercado está asentado en la ganancia y no la redistribución.
El Estado cumple con esa responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad, que profundice el ejercicio pleno de ese derecho y la igualdad real de oportunidades a todas y todos a quienes habitamos la Nación a través de las políticas públicas. Estas pueden ser comprendidas como el conjunto de acciones que lleva a cabo un gobierno, a fin de dar respuesta a las cuestiones socialmente problematizadas por la sociedad. Las políticas públicas se ponen en marcha a través de proyectos o programas que, delineados desde la autoridad gubernamental, definen la alternativa de solución para un problema social determinado; varían a lo largo del tiempo según sean las concepciones que se tengan sobre los principales valores que deben orientarlas, la forma en que se han de satisfacer las necesidades humanas, y el rol que le cabe al Estado y a la sociedad civil en la construcción del bienestar colectivo (Nirenberg, 2006). De allí que, de concebir la educación como una mercancía que se cotiza en el mercado a concebirla como un derecho universal, hay una abismal distancia. Distancia que emerge en lo discursivo, y se materializa en el lugar que ocupa ese problema o cuestión en la agenda público-estatal. De allí entonces la relevancia del rol del Estado, como garante del cumplimiento. ¿Cómo se garantiza un derecho? Teniendo decisión política, invirtiendo en su cumplimiento, propiciando, ampliando fronteras, planificando desde la inclusión y no desde el lucro.
De la meritocracia a las mercancías…
Desde 1983 en adelante, la educación nunca fue cuestionada como derecho que el Estado debía garantizar. En todo caso, si hiciéramos una línea del tiempo, lo que es posible advertir es mayor o menor inversión, más o menor atención a la formación de recursos docentes, diversos tipos de articulación entre la educación y el mundo del trabajo, la educación y la producción de conocimiento. Concepciones, prácticas, políticas que de un extremo a otro (desde la promesa de la educación como panacea de la movilidad social ascendente a la educación como aquello que se debe ganar de modo individual) nunca se salieron de los márgenes consagrados por la constitución.
Durante los años 2015 a 2019, el discurso y la práctica (partidaria y gubernamental) de la alianza Cambiemos se asentó en torno a determinadas concepciones de lo público y de sus agentes; como así también de la población (en su jerga, denominada “la gente”). Se produjo un ajuste de 3 mil millones de pesos a las universidades nacionales, acompañado a posteriori de discursos por parte de funcionarios y dirigentes desvalorizando las inversiones en educación superior. Una de las más desafortunadas y cuestionadas intervenciones estuvo a cargo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, quien desvalorizó la existencia de universidades públicas, refiriéndose sobre todo a las del conurbano bonaerense, ya que a su entender los sectores de pobreza no llegarán jamás a estudiar allí.
Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, la gente fue interpelada a desplegar sus esfuerzos, capacidades e inteligencias para lograr hacerse de aquello que necesita para conquistar su bienestar. Las políticas económicas, de salud, educación, y seguridad social fueron depreciando sus capacidades de garantizar el bienestar de las y los jóvenes y sus familias. El eje estuvo puesto en achicar el lugar que el Estado le dedica a la educación pública: deslegitimación del rol de las escuelas públicas; desconocimiento y negación de la importancia del cuidado y fortalecimiento de las universidades nacionales; denigración del trabajo docente y falta de reconocimiento de las condiciones salariales y laborales; control evaluador de los procesos educativos en todos los niveles. Eso fue acompañado de una exaltación de los esfuerzos y éxitos individuales basados en el espíritu emprendedor, reconociendo con mérito de existencia a quienes tienen posibilidades por sí mismos de pertenecer a la vida social. Mérito como valor, virtud y valía.
Hoy, al discurso del mérito del citado candidato de La Libertad Avanza, se le anexa y potencia una concepción de la educación —como otros derechos consagrados— como mercancía. “Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar”, en palabras casi textuales del candidato Milei: la manera de resolver la problemática educacional es a través de un sistema de vouchers. Esta propuesta trata de implementar una lógica de mercado en el sistema educativo, a partir de la cual la educación es vista como un bien (privado) y se busca financiar la demanda (a las y los estudiantes) en lugar de la oferta (las instituciones educativas).
De manera, entonces, que las universidades podrían/deberían ser sometidas a criterios de empresas (evaluación por productividad, sistema de premios y castigos); y el estudiantado, principal destinatario del servicio educativo, motor de cambios y transformaciones en diversas épocas y momentos históricos, protagonista principal de la Reforma de 1918, protagonista junto al movimiento obrero de hechos históricos tales como el Cordobazo, que en nuestro país fue partícipe activo de la recuperación democrática, ese estudiantado será concebido y tratado no como un ciudadano, sino como un consumidor.
En esta concepción de la educación como una mercancía, las políticas públicas tales como el Progresar; las Becas de Estímulo a las vocaciones Científicas; los programas de infraestructura; el Voluntariado Universitario; el Programa Conectar Igualdad; las acciones de acompañamiento al ingreso, la permanencia y el egreso en las universidades; el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano; las vinculaciones de las universidades con las comunas, municipios y organizaciones de la sociedad civil; los procesos de articulación y sinergia entre las universidades y el Ministerio de Ciencia de la nación y de las provincia; el incentivo a través de becas de posgrado para la investigación en áreas estratégicas, entre otras acciones que asume, diseña y financia el Estado Nacional, ¿desaparecerían?, ¿quién o quienes se ocuparían de garantizar el derecho a la educación superior? ¿el mercado? ¿con qué fines u objetivos? ¿el bienestar general o el lucro individual?
Desafíos y tareas posibles
Como en otros momentos de la historia de nuestro país, quienes aún creemos y apostamos por un sistema de derechos —en el que la educación es uno de ellos—, tenemos una ardua tarea: defender la universidad pública con ideas y acciones. Estamos llamados a desnaturalizar el mérito y la carrera individual como modo de alcanzar beneficios y/o derechos; y desnaturalizar el éxito y la competencia como modo de mejorar las condiciones de vida. Parece ser una tarea no menor la que tenemos por delante. Quienes transitamos y pudimos acceder, permanecer y egresar de la universidad pública, podemos dar cuenta de nuestras trayectorias —que nunca son individuales—; y quienes se encuentran o aspiran a estudios superiores, pueden preguntarse, informarse, conocer, quién/es y cómo se financian los mismos.
Aún en un contexto de discursos estatales que imponen la meritocracia, el individualismo y la competencia como valores, es necesario y posible impulsar espacios y prácticas de defensa de derechos. En este caso, lo que está en juego es mucho más que la educación superior, es lo público en toda su dimensión; es además una concepción del mundo y la sociedad, en la que tenemos que elegir entre caminos que se trazan de modo individual, empujando al que está al costado; o caminos que se trazan de modo colectivo, entramando esfuerzos personales, familiares y estatales.
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
