Por Javier Moyano (*) y Pablo Iparraguirre (**)
En el marco de las políticas de ajuste neoliberales instrumentadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei, las Universidades Nacionales vienen sufriendo un ataque feroz, no sólo en relación a su presupuesto de funcionamiento y políticas de financiamiento a la investigación científica, sino también en cuanto a la disputa de representaciones sociales en torno a su papel social y al derecho a la educación superior.
Frente a ello, la protesta de los sectores universitarios, expresada en masivas manifestaciones callejeras, ha alcanzado un gran apoyo y consenso social. Sin embargo, creemos que luego de un año de lucha y resistencia ha quedado en evidencia que este apoyo social no ha sido suficiente para torcer el rumbo de las políticas del Gobierno Nacional. Ello se explica, entre otros factores, porque las demandas universitarias no han podido conectar y establecer alianzas con otros sectores que también sufren las consecuencias de este modelo de transformación. Las demandas sectoriales no han tenido expresión en una protesta política más general.
En este sentido, como aporte a una evaluación necesaria del proceso de protesta, proponemos aquí un rápido ejercicio de reflexión comparativa con otros procesos de movilización universitaria y resistencia estudiantil a escala latinoamericana.
Si prestamos atención a movilizaciones estudiantiles durante el último cuarto de siglo en otros países latinoamericanos, susceptibles de ser comparadas con el actual momento que atraviesa la Argentina, sobresalen tres casos nacionales. Nos referimos, en primer lugar, a México, con la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 1999 y 2000 como reacción a algunas medidas de escaso impacto resueltas por las autoridades universitarias, y con el movimiento “Yo soy 132”, a favor de la democratización de los medios de comunicación, en 2012. En segundo lugar, a Chile, con los “pingüinos” (estudiantes secundarios) en 2006, las luchas universitarias de 2011 y las movilizaciones desencadenadas por el aumento del transporte en 2019. En tercer lugar, a Perú, con el activismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en dos momentos distintos tras la restauración conservadora que siguió a la destitución de Pedro Castillo como presidente en diciembre de 2022: la represión tras el refugio de manifestantes de la “La toma de Lima”, opuestos a la destitución, en las instalaciones universitarias; y la toma estudiantil en oposición a los intentos de las autoridades de modificar los estatutos en octubre de este año.
El ejercicio comparativo requiere visualizar, entre otras cuestiones significativas, la situación política en tales países en los momentos de máxima confrontación; el tipo de demandas que movilizaban a los estudiantes; el tipo de antagonistas a quienes interpelaban; las articulaciones con otros sujetos sociales y actores políticos de la sociedad; y las formas de lucha adoptadas.
Respecto al momento político, puede trazarse algún paralelismo entre los casos de la toma de la UNAM, cuando siete décadas de hegemonía del PRI encontraban un punto de agotamiento; y las movilizaciones chilenas en 2019, que marcaron las crisis de un sistema político consolidado a principios de la década de 1990. La puesta en acción de los estudiantes peruanos, en cambio, tuvo lugar en el marco de la restauración de las derechas conservadoras, quienes, a través de un golpe blando, recuperaron el control del gobierno tras el brevísimo interregno representado por la presidencia de Castillo. Los momentos anteriores de movilización en Chile ponían de manifiesto los primeros cuestionamientos de relevancia a los límites de la particular transición a la democracia en lo relativo a su capacidad de inclusión; mientras que las movilizaciones de 2012 en México eran expresión de la frustración de diversos segmentos de la ciudadanía, tanto ante las consecuencias de los gobiernos derechistas del Partido Acción Nacional, como ante la posibilidad, finalmente concretada, del retorno priista al ejecutivo federal.
En cuanto a las reivindicaciones que movilizaron a los estudiantes, corresponde distinguir, por un lado, entre demandas por nuevos derechos y acciones defensivas ante amenazas a derechos preexistentes. Por otro lado, es conveniente establecer diferencias entre aquellas demandas predominantemente universitarias y otras que articulan a conjuntos más amplios de la ciudadanía. Respecto a la primera cuestión, mientras en el caso chileno, la conquista de nuevos derechos constituyó el principal elemento movilizador, tanto en la toma de la UNAM de fines del siglo XX como en la toma de la Universidad de San Marcos fue la reacción a medidas adoptadas por las autoridades la causa de la confrontación, si bien el impacto de tales medidas sobre los estudiantes era mucho mayor en el caso peruano que en el mexicano.
En lo relativo al segundo asunto planteado, el movimiento mexicano de 1999 y 2000, las movilizaciones chilenas de 2006 y 2011, y la más reciente toma de la Universidad de San Marcos en Perú, estuvieron motivadas por reclamos estrictamente estudiantiles como primer desencadenante. Las acciones que derivaron en la represión militar a la Universidad de San Marcos en enero de 2022 se vincularon mucho más con una confrontación política general. En tanto, en las movilizaciones y tomas chilenas de 2019 se presentó una mixtura entre demandas al sistema político en su conjunto y reivindicaciones universitarias específicas.
La definición de antagonistas y aliados guarda alguna relación con el tipo de reivindicaciones que ocuparon el centro de la escena en los distintos casos y momentos. Cuando las demandas se restringían a la conquista o defensa de derechos estudiantiles, el principal antagonista a interpelar fueron en algunos casos las propias autoridades universitarias, como ocurrió en los casos de las tomas de la UNAM y de la Universidad de San Marcos, o los gobiernos nacionales, como sucedió en los distintos momentos de movilización en Chile. Cuando los asuntos que motivaban la acción trascendían a las universidades, como en el caso de México en 2012, los interpelados eran, obviamente los grupos gobernantes. Algo similar ocurre con las alianzas establecidas por los estudiantes. En los casos de México en 2012; de Chile en 2019, y de Perú en las circunstancias previas al ingreso del ejército en la Universidad de San Marcos, la articulación de acciones con otros sujetos de la sociedad civil fue características de estos movimientos.
Finalmente, entre las formas de lucha sobresale la figura de la toma en el repertorio de los estudiantes movilizados. Acción legitimada por una larga historia de lucha en diversas latitudes del continente, lucha que ha contribuido a la constitución en el tiempo de identidades compartidas entre los universitarios latinoamericanos, la figura de la toma incluye, sin embargo, acciones en muchos sentidos diversas. Por un lado, junto a las tomas por tiempo indeterminado, como en el caso de la UNAM en 1999, otras tomas se definen por un período acotado. Por otro lado, mientras algunas tienen lugar contra la opinión de las autoridades universitarias, en algunos casos en que el antagonista de los estudiantes es el gobierno nacional, las tomas pueden ser consensuadas con tales autoridades.
En el caso argentino, en este momento las luchas son principalmente defensivas tras una restauración conservadora dispuesta a vulnerar todos los límites, tanto en materia de democratización como de inclusión. El antagonista de los estudiantes es el gobierno nacional, lo cual permite algún nivel de alianza con las autoridades universitarias, si bien muchas de ellas pueden ejercer una papel retardatario para la profundización de las luchas. Aunque entre las reivindicaciones ocupan un lugar central cuestiones estrictamente universitarias o relativas al sistema científico, la articulación con otros sujetos sociales se presenta viable por dos razones: en primer lugar, porque los ataques del gobierno afectan al conjunto de los sectores populares; en segundo lugar, porque el modelo de universidad argentina, gratuita, de calidad y con ingreso irrestricto, permite visualizar con mayor claridad su relevancia social por parte de amplios segmentos de la ciudadanía.
Como es posible apreciar en la recuperación de los casos señalados, la articulación entre demandas sectoriales universitarias y otros reclamos políticos más generales, no presupone un proceso necesario ni lineal; al contrario, se aprecian manifestaciones sumamente diversas. La cuestión de los “niveles de protesta” entre demandas sectoriales específicas, en este caso universitarias, y otras dirigidas al cuestionamiento y confrontación con las políticas generales del gobierno, trae a la discusión la vieja cuestión de la relación entre universidad y sociedad. La articulación entre niveles de protesta o su ausencia ilustra sobre el grado en que la universidad es capaz de pensarse a sí misma a partir de esa relación. Porque muchas veces es necesario considerar “el afuera” para repensar “el adentro”.
(*) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba.
(**) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba.
