Por Marcos Funes (*) y Sofía Germanier (**)
La vocación pública de las Universidades Nacionales no puede ser restringida a sustentar un mercado laboral necesitado de soporte técnico, sino que cabe pensar esta institución como parte de un entramado fundamental en la lucha por la democracia y la democratización de nuestras sociedades. No ignoramos que la formación académica tiene como uno de sus primerísimos objetivos formar una fuerza laboral profesional, pero también es irrenunciable en su estrategia pedagógica formar ciudadanos comprometidos con la democracia y con las investigaciones que revistan interés público. En la encrucijada que hoy nos toca, signada por el desfinanciamiento, sostenemos que estas funciones sociales y políticas de la Universidad Pública son de carácter innegociable.
En este marco, la discusión que ha instalado el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario no es bajo ningún punto de vista de carácter administrativa, sino eminentemente política. Es falso “que no hay plata” y que el único criterio que puede gobernar un Estado sea “la restricción presupuestaria”. Consignas como estas tienen como función acotar los límites del debate negando su dimensión política, como así también orientar la retórica de lo público a un orden jerárquico donde el principio que ordena esas jerarquías es el mercado. Esto queda de manifiesto cuando se sostienen 3.7 puntos del PBI en regímenes de excepción impositiva (capitalismo de amigos) o el descuento del 10% del impuesto a las ganancias al sector más rico del país, mientras se le niega un 0.14% del PBI a las universidades bajo la bandera del déficit fiscal.
En cuanto el conflicto no se desarrolla en el área de la gestión, consideramos que para su comprensión es necesario hacer otro paso, ya que con Javier Milei la discusión de lo público se traslada a otra topología, a otra anudación conceptual que intenta delimitar otro paradigma hasta ahora desconocido: el libertario. Como seguidor de las ideas de Hans Hermann Hoppe, quizás podamos encontrar en el presidente libertario la reproducción de cierta lectura que se realiza sobre su obra: Democracia. Ese dios que fracasó (2013), que puede sernos útil al momento de plantearnos su forma de administrar el Estado. Jerónimo Molina, en su introducción a dicho texto, recupera una distinción que puede encontrarse también en Murray Rothbard, acerca de la diferencia entre Estado y gobierno como sustento de un pensamiento libertario que no sea antipolítico. En concreto, la distinción hace referencia a que puede existir un gobierno sin forma Estatal, pero no un Estado sin prácticas de gobierno. Esto es relevante porque al pensar un gobierno sin Estado puede pensarse una política propiamente libertaria, es decir, una sociedad que para organizarse prescinde de cualquier tipo de estatalidad, un cierto ordenamiento social que Hoppe denomina “orden natural”. Esto evidencia que la discusión ya no se mueve en los conocidos límites de los paradigmas liberal y democrático, donde lo público es un límite de hecho, sino que se esboza una propuesta teórica hacia un mundo social donde lo público no existe, porque lo común es relevado por al absolutismo de la propiedad, y de un gobierno que al organizar la sociedad sin ningún tipo de estatalidad, prescinde también de lo democrático como tal.
Enfocando entonces esta discusión como un asunto no del grado, sino de la existencia misma de lo público, nos trasladamos a otra gramática en el sentido wittgensteniano (relación de realidad y uso), donde el mundo deseable toma otra forma porque parte de otra ontología política. Más que en el plano de lo instituido estamos en el plano de lo instituyente; con Max Weber podríamos decir que el líder libertario está corriendo los límites de las condiciones de legitimidad. A diferencia de otro gobierno, conceptualizado como de derecha, que fue el de Mauricio Macri, en esta administración no se trata de correr un fiel imaginario entre lo público y lo privado y dejar la balanza inclinada, sino que se busca eliminar uno de los dos polos: el público.
Con esto queremos reafirmar que la superficie de inscripción del veto a la ley no es la de una reforma del Estado, sino la implementación, utilizando las reglas de juego institucionales escritas y no tan escritas, de otro orden social, de otro ordenamiento de la convivencia en sociedad. El veto de la Ley de Financiamiento Universitario no es entonces una agresión sobre lo público para obtener más espacio para lo privado, sino un elemento en una estrategia más de fondo que busca en realidad otra forma social para la Argentina.
Aunque el presidente intente una mímica de la valoración por la educación pública, desde su raigambre teórica quedarían de manifiesto operaciones más bien tendientes, mediante el desfinanciamiento y posterior vaciamiento, a entregar las universidades al mundo de lo privado. Al inicio, cuando hablábamos de la vocación pública de la universidad nos referíamos a dos cosas. Primero, que sus conocimientos estén orientados al público, a la sociedad, esto en el sentido particular de un saber no-contratado, que opera a distancia modesta de los intereses dominantes de los mercados y se orienta a problemas mundiales en lugar de enfocarse principalmente en aplicaciones comerciales o estatales inmediatas. Tal conocimiento no contratado, que hasta hace algún tiempo estaba encarnado en la relativa autonomía de las universidades con respecto a los mercados y la política, es lo que la privatización y la financiarización amenazan. Segundo, a incluir a los “de afuera”: educar e incluir en sus filas de investigación a aquellos históricamente excluidos por virtud de clase, religión, raza, etnicidad, género y cuerpo. Esto para declarar un sentido afirmativo concreto de lo universitario en la sociedad atravesado por la rectificación y reparación histórica, la igualdad de oportunidades, la inclusión social e incorporación, y la producción de conocimiento democrático y diverso.
Esta vocación también revaloriza la necesidad de conocimiento que requiere la democracia. La democracia es un régimen político que necesita sujetos democráticos, y estos sólo pueden ser producto de un entramado institucional creado a tal efecto. Es una acumulación histórica y social que expresa el sentido de la lucha por una orientación para la sociedad que ahogue el autoritarismo y amplíe los sentidos de la libertad más allá de su faceta económica, pero sin perder de vista la condición moderna heredada que implica la autonomía individual. Es en este sentido que consideramos que la crisis que atraviesa nuestro país no se resuelve sin instituciones, como la universidad, que refuercen este sentido de lo público para tener más y mejor democracia, y para tener más y mejor sociedad.
(*) Estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(**) Estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).