Los trabajos de cuidados y la organización comunitaria bajo sospecha

Por Maria Teresa Bosio (*), Rossana Crosseto (**) y Claudia Bilavcik (***)

Con el propósito de que todo esté liderado por el mercado, el gobierno de Javier Milei intenta destruir o desfinanciar todas las áreas del Estado vinculadas a la política social, laboral y de asistencia. Lo cual, entre otras cuestiones, aumenta las desigualdades de género, a las que se suman las vulneraciones territoriales, sobrecargando la labor de las mujeres. En este contexto, Bosio, Crosseto y Bilavcik llevaron adelante una investigación sobre cómo operan las estrategias comunitarias según género, etnia y clase social en distintos territorios de la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba. Para ello entrevistaron a mujeres que participan en diferentes organizaciones sociales, que apoyan y promueven en cada uno de los territorios un abordaje comunitario que permite el ejercicio de derechos. ¿En qué lugar quedan los trabajos de cuidado en esta coyuntura?.

De lo transcurrido por el gobierno de Javier Milei —diciembre del 2023— y durante su campaña presidencial, el eje central de su discurso estuvo centrado en descalificar y desacreditar al Estado como un ámbito desde el cual se promueven políticas públicas para el acceso a diferentes derechos sociales. En esa línea, se coloca a las trabajadoras y los trabajadores estatales “bajo sospecha”, como agentes “ideologizantes”, como posibles conspiradores contra la necesaria meritocracia que la lógica libertaria identifica como incentivo para la superación de las desigualdades. El pensamiento libertario parte de la certeza que la igualdad es natural, la porta cada individuo y la pone en juego según sus capacidades y responsabilidad, para lograr su propia riqueza y bienestar. El Estado y sus políticas redistributivas, desde esta perspectiva, “corrompen” al individuo al no desafiarlo, mediante su esfuerzo personal, a alcanzar los objetivos sociales y económicos.

En esta lógica de pensamiento y acción, se concibe el trabajo territorial como No-Trabajo. En los comentarios de sus militantes vía redes sociales (X, Instagram, TikTok), cuando una trabajadora o trabajador que se desempaña en el campo de la implementación de políticas públicas —sean estas de acceso a la justicia, de promoción de la agricultura familiar, de acceso a la educación sexual, y tantas otras— aparece el clásico comentario “agarra la pala”. La materialidad del trabajo físico como ejemplo de que alguien trabaja, y otros tantos no, sobre todo los que son parte de la estructura del Estado en sus diferentes jurisdicciones. Otras expresiones referidas a “las planeras” o “los planeros” como quienes, según su discurso, viven de los impuestos de los “ciudadanos del bien”, por ende no producen, y además no quieren trabajar para los privados que seguramente ponen en juego sus reglas de explotación.

En este contexto de construcción de un discurso y una práctica política de crueldad, que pone a la otra o al otro en falta, hostiga desde una valoración moral meritocrática e individualista, realizamos una investigación durante el año 20231, con el objetivo de comprender  cómo operan las estrategias comunitarias  para recuperar el derecho a la salud afectado por las secuelas de la pandemia de COVID-19, según  género, etnia y clase social, en distintos territorios de la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba. Para ello  entrevistamos  a 20 mujeres que participan en diferentes organizaciones sociales, que apoyan y promueven en cada uno de los territorios un abordaje comunitario para el logro de estos derechos. El trabajo de estas compañeras en sus barriadas es lo que este gobierno califica como No-Trabajo, mientras que desde una perspectiva de construcción de conocimiento social feminista e interseccional, la encuadramos en el trabajo de cuidados, como trabajo esencial y como derecho humano, de autoatención de la salud, que permite la sostenibilidad de la vida de les sujetos, las familias, comunidades y territorios (Couto et al, 2019).  

La sostenibilidad de la vida y el trabajo de cuidado de las infancias, adultas y adultos mayores son tareas a las que las mujeres se abocan, mandatos que se les imponen y que se reproducen en su vida cotidiana. Los cuidados comunitarios están atravesados por una doble tensión; por un lado se tramitan aprendizajes, espacios de articulación colectiva, de inserción territorial y debate político; pero por otro lado, el crecimiento de la pobreza e indigencia en los territorios incide para que los recursos del Estado siempre sean insuficientes, por lo que las responsables de estos espacios  gestionan el acceso al alimento, a la salud, exigiéndoles tiempos, saberes, habilidades, capitales sociales, políticos para obtener esos recursos y lograr sostener los espacios de cuidado. Desde una escuela de fútbol para niñes u otras actividades recreativas, un taller para mujeres víctimas de violencia de género, la escucha y atención a situaciones de consumo problemático. En nuestra investigación identificamos cómo la política social se entreteje desde las organizaciones comunitarias, que intermedian y gestionan la poca respuesta del Estado y las políticas públicas. En este sentido recuperamos la mirada de Carla Zibecchi (2019), quien analiza el lugar de las mujeres que forman parte de organizaciones sociales y barriales como: “Esta tarea las ha ubicado en una nueva dimensión ciudadana en tanto funcionan como ´interlocutoras´ con un Estado ´proveedor´, poniéndolas en una posición relacional con las instituciones estatales que antes no existía como tal” (2019:36).

Las compañeras, que son parte de organizaciones sociales diversas y distribuidas en los diferentes barrios populares de la Ciudad de Córdoba, dan testimonio de cómo actúan, se involucran en promover acciones para que la crisis social, económica y sanitaria no pegue aún más fuerte en las personas que viven situaciones de violencias de género, adicciones, enfermedades crónicas, falta de alimentos. Las tareas de cuidado comunitario son reconocidas por una contraprestación, un salario social complementario (Potenciar Trabajo), política pública que desde sus inicios (2020) promueve la inclusión en el empleo y, en ese caso, es un modo de reconocimiento al trabajo de cuidado comunitario que las mujeres llevan adelante en cada uno de sus territorios.

El espacio comunitario les permite a las mujeres poder revisar y debatir cuestiones que tienen que ver con sus sexualidades, sus vínculos afectivos, la relación con la maternidad, que se comparte en la medida en que participan de las tareas de cuidado comunitario. En el trabajo de acompañar y realizar denuncias por violencia de género en el Polo de la Mujer, organizando los comedores, asesorando en salud sexual, articulando con el centro de salud para la atención, y la lista continúa. Según Zibecchi (2019:52), “a través de esta intensa tarea aprenden un lenguaje específico, conocen procedimientos administrativos, burocráticos y judiciales, reconocen el valor de los documentos, aprenden a organizar legajos, manejan relaciones cara a cara con los profesionales del sector público, llevan adelante una propia contabilidad y administración de los recursos que llegan a la organización y que deben ser distribuidos”.

El rol de gestión sobrecarga a estas mujeres con otras responsabilidades en el espacio público societal, tienen que “poner la cara” y recibir la demanda permanente cuando las necesidades de alimentación y salud se incrementan. Trabajo comunitario que se suma al trabajo doméstico en el espacio familiar. Según Zibecchi (2019), a través de estas acciones las mujeres generan nuevas formas de sociabilidad, construyen redes, constituyen una mediación entre el mundo público –el Estado y sus programas– y el privado –otras mujeres como ellas, sus familias y los vecinos del barrio—.

En todos los testimonios identificamos su lugar de mediadoras de la política pública nacional con el espacio territorial que las desafía —muchas veces con un alto costo personal— a encontrar respuestas, recursos para solucionar problemas muy complejos, cruzados por múltiples pobrezas en sus barrios. Muchas de ellas, para realizar estas tareas han transitado por procesos de formación y capacitación por parte de diferentes organismos del Estado y en articulación con universidades, para llevar adelante ese rol con información y experticia, tal es el ejemplo del Programa Acompañar, Promotoras de Salud Comunitaria.

En la actual coyuntura política y económica, el desguace de la política social y sus mecanismos de mediación (vaciamiento de las instituciones, disminución o congelamiento presupuestario, desvinculación de agentes estatales) genera una mayor desprotección estatal ciudadana, a la par que no se reconoce el aporte del trabajo comunitario de las organizaciones, que permanentemente se encuentran bajo sospecha. La desarticulación del Estado y sus políticas aumenta las desigualdades de género, a la que se suman las vulneraciones territoriales, sobrecargando nuevamente a las mujeres,  quienes  en pos de garantizar información, contención, derivaciones oportunas y de manera segura, construyen cotidianamente un trabajo artesanal que se potencia a través del entretejido y la construcción de identidades y subjetividades, que les confiere grados de legitimidad para articular con otras organizaciones sociales e instituciones del Estado, con el propósito de garantizar la salud integral comunitaria de la población como derecho humano.

(*) Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) e investigadora del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS) de la FCS de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

(**) Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) e investigadora del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS) de la FCS de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

(***) Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) e investigadora del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS) de la FCS de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).


1 Proyecto: Los efectos de la pandemia de Covid-19: Estrategias comunitarias y derecho a la salud desde una perspectiva interseccional. Picto Género 2022-2023. Nodo Córdoba.


Bibliografía

Couto MT, Oliveira E, Separavich MAA, Luiz OC. (2019) La perspectiva feminista de la interseccionalidad en el campo de la salud pública: revisión narrativa de las producciones teórico-metodológicas. Salud Colectiva.; 15:e1994. doi: https://doi.org/10.18294/sc.2019.1994

Zibecchi, Carla (2019) Entre burocracias de calle y poblaciones asistidas: Mediaciones practicadas por beneficiarias de programas sociales; Publicado en Institut des hautes études de l’Amérique latine; Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques;  1-13. Consultado en  https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/174775 , marzo 2024

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