Por Isadora Noelia Goñi Marengo (*) y Julia Paulin (**)

PREMIO 40 AÑOS DE DEMOCRACIA | CONCURSO DE ENSAYOS: Las luchas por la defensa de los derechos humanos han marcado estos 40 años de democracia en nuestro país. En esta línea, el escrito de Paulin y Goñi Marengo aborda la problemática del medio ambiente, retomando un interrogante trabajado en su experiencia situada de práctica pre profesional de la Licenciatura en Trabajo Social: ¿cuáles son las deudas de la democracia en relación con el ambiente?. Los autores alertan que con la instalación y profundización de los proyectos extractivos se pone en tensión el ejercicio de la democracia y la garantía de los derechos constitucionales.

“[…] Los desaparecidos y desaparecidas son nuestros, son del pueblo, no son solo de las madres, de los padres y de las familias, por eso seguimos en la lucha. Si ellos estuvieran acá dirían: ¡No a la megaminería! ¡No a la entrega de la soberanía! Dirían: ¡Los ríos son nuestros, los puertos son nuestros, la tierra es nuestra y el agua es nuestra! ¡A defenderla!” – Nora Cortiñas (2022)

Resumen

Los 40 años de democracia se caracterizan por la presencia de luchas relacionadas con la protección de los derechos humanos, la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, los juicios de lesa humanidad y la consigna del Nunca más. Así también porque ganaron visibilidad los movimientos sociales que exigen la protección de los derechos de las mujeres y diversidades, de las comunidades indígenas y campesinas y por la defensa de un ambiente sano.

En el presente escrito abordamos el eje: medio ambiente y deudas de la democracia. Para ello, partimos de la experiencia situada de práctica pre profesional de la Licenciatura en Trabajo Social, realizada en el año 2022. Nos proponemos abordar el siguiente interrogante: ¿cuáles son las deudas de la democracia en relación con el ambiente?. Para dar respuesta al mismo, en primer lugar, describimos la situación actual de crisis civilizatoria que atraviesa nuestro país.

En segundo lugar, desarrollamos diversos acontecimientos históricos, sociales y políticos que definimos como procesos de apropiación y desposesión del territorio y del ambiente. Allí reflexionamos sobre cómo estos procesos han posibilitado que nos encontremos en un contexto de crisis socio ambiental.

En tercer lugar, analizaremos la emergencia de nuevos movimientos y organizaciones socio ambientales que surgen ante la expansión de las problemáticas socio ambientales que afectan la vida cotidiana de las personas. Sumado a ello, describimos la constitución de nuevos derechos tales como: el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho de acceso a la información sobre la ejecución de proyectos que pueden afectar al ambiente.

Para finalizar, reflexionamos sobre las deudas que identificamos que traen aparejadas estos 40 años de democracia en vinculación con el ambiente.

Introducción

Los 40 años de democracia se caracterizan por nuevas luchas relacionadas con la protección de los derechos humanos, la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, los juicios de lesa humanidad y la consigna del Nunca más. Así también porque ganaron visibilidad los movimientos sociales que exigen la protección de los derechos de las mujeres y diversidades, de las comunidades indígenas y campesinas y de la defensa de un ambiente sano.

En el presente escrito nos interrogamos sobre: ¿cuáles son las deudas de la democracia en relación con el ambiente?

Intentaremos dar respuesta al interrogante planteado a partir de la descripción del contexto actual de crisis civilizatoria¹, del desarrollo de los acontecimientos históricos, sociales y políticos que definimos como procesos de apropiación y desposesión del territorio y del ambiente. Entendemos que éstos fueron sentando las bases para la conformación de la crisis socio ambiental. Luego, analizaremos la emergencia de los movimientos socio ambientales y la centralidad que han ganado en la agenda pública estas problemáticas, partiremos del análisis del contexto actual y de las legislaciones nacionales e internacionales que otorgan nuevos derechos. Para finalizar, reflexionaremos sobre las deudas de la democracia en relación al ambiente.

El escrito parte de la experiencia situada de nuestra práctica pre profesional, realizada en quinto año de la Licenciatura en Trabajo Social durante el año 2022. Nos insertamos en la ciudad de La Calera, localidad de la provincia de Córdoba, en donde nos vinculamos con diversas/os actores sociales que desarrollan acciones en defensa del territorio y del ambiente que habitan. Las/os actores sociales fueron: asambleas socio ambientales; vecinas/os; docentes e instituciones nacionales, como la Dirección Regional Centro de la Administración de Parques Nacionales; provinciales, como el Museo Usina Molet y el espacio para la Memoria La Perla; y municipales, como los bomberos voluntarios de La Calera y Malagueño. Los objetivos de la práctica fueron:

recuperar las representaciones sociales² y los testimonios que las/os actores tenían sobre el ambiente y visibilizar las acciones que desarrollaban en el territorio para abordar las problemáticas socio ambientales.

A partir de las representaciones sociales y de los testimonios pudimos identificar tres grandes problemáticas socio ambientales que caracterizan a La Calera:

1. La sobreexplotación de bienes naturales ocasionada por la presencia de canteras de explotación minera. 2. El avance del capital, relacionado con la apropiación de los territorios y de los bienes naturales y culturales por parte de empresas privadas en complicidad con los gobiernos provincial y municipal para promover la construcción de barrios privados, y el desarrollo de proyectos extractivos en un territorio que alberga bosque nativo. Como consecuencia de las problemáticas anteriores entendemos que se produce: 3. el cercamiento de espacios comunes, que genera la expulsión de la comunidad de los espacios que históricamente habitaron y usaron para la recreación y el disfrute, con la finalidad de privatizarlos y permitir que acceda únicamente un sector reducido de la sociedad.

Crisis civilizatoria y antropoceno

El contexto actual se caracteriza por la presencia de una crisis civilizatoria, una combinación de crisis económica, ambiental y cultural (Escobar, 2011) que genera el aumento de las desigualdades sociales y la emergencia de nuevos conflictos vinculados con los procesos de gestión, distribución y uso de los bienes naturales. Ejemplos de la profundización de las desigualdades son: el desplazamiento y expulsión de las comunidades de sus espacios de vida, mayores dificultades en el acceso y tenencia de la tierra, y obstáculos en la posibilidad de decidir cómo vivir en los territorios.

Frente a lo mencionado anteriormente, se evidencia el cuestionamiento hacia el sistema de producción vigente ya que se considera que la crisis es generada por la intensificación del capitalismo y del extractivismo. Éste último se caracteriza por ser un patrón de poder y de mal desarrollo (Svampa, 2019) que se basa en la sobreexplotación de bienes naturales que son escasos y no renovables. Para poder desarrollarse necesita extenderse territorialmente, cuestión que genera la expulsión de las comunidades y la modificación de sus maneras de producir y habitar los territorios.

El extractivismo es un eslabón central que permite la subsistencia del sistema capitalista, ya que es la forma en la que se extraen los bienes naturales para dar respuesta a los intereses de los países del norte global, generando así que un grupo reducido de la población concentre las riquezas, al tener la propiedad de los bienes naturales y el poder de decidir qué sucede con ellos. Ello produce que el resto (mayoritario) de la población no tenga acceso a bienes de subsistencia, como por ejemplo el agua o la tierra. Así también genera la intensificación de las siguientes problemáticas socio ambientales: sequías, incendios forestales, inundaciones, aumento de la temperatura global, obstáculos en el acceso a la vivienda, reducción de bosques, extinción de especies y el aumento de gases de efecto invernadero, entre otras.

Es importante destacar que las problemáticas mencionadas en el párrafo anterior conforman una nueva edad geológica, caracterizada por las transformaciones producidas por las acciones de los seres humanos (Svampa, 2019), definida como antropoceno. Este concepto da cuenta de que la humanidad alcanzó un umbral de devastación, cuestión que genera que las problemáticas socio ambientales vayan en aumento, poniendo en peligro la vida de la especie humana y las especies no humanas.

Para finalizar este apartado, consideramos que es necesario destacar el accionar del Estado en relación a la cuestión socio ambiental en los últimos 40 años. Identificamos que desde los diferentes gobiernos nacionales y provinciales se promovieron políticas públicas que permitieron la profundización de las actividades extractivas. Ejemplo de ellas son: licencias de explotación hacia las mineras, iniciativa de explotación offshore en el mar argentino³ y la promoción de la actividad agroexportadora (producción de soja transgénica), entre otras. También es importante mencionar la dilatación en la sanción de leyes que apuntaban a proteger diferentes ecosistemas como por ejemplo la Ley de Humedales. Aproximadamente desde 2013 diversas organizaciones socio ambientales y actores políticos impulsaron un proyecto de Ley de Humedales⁴ para proteger estos ecosistemas. Desde esa época a la actualidad, la ley perdió estado parlamentario. Ello es producto de que tanto el oficialismo y la oposición (Juntos por el Cambio) protegieron los intereses de los empresarios que apuntaban a avanzar sobre estos territorios. Tal como se afirma en la nota de la Izquierda Diario (2022): “Está trabada por el escandaloso lobby minero, por el escandaloso lobby del agronegocio y por el escandaloso lobby de la ganadería intensiva. La ley no avanza porque afecta negocios. Y muy grandes”.

Entendemos que la profundización de las actividades extractivas por parte de los gobiernos se vinculó con que las temáticas prioritarias a trabajar fueron las económicas y sociales (pobreza y desigualdad). De esta manera, reconocemos que en estos 40 años de democracia “la política ambiental ocupó un lugar de relegación en comparación con el conjunto de las políticas públicas” (Merlinsky, 2013, p.20). Producto de ello, las problemáticas socio ambientales fueron concebidas como “cuestiones sacrificables” (Svampa, 2019, p. 27) y la lectura del conflicto social se centró en la relación capital-trabajo, relegando la relación capital-naturaleza.

En base a lo mencionado anteriormente, entendemos que una de las deudas de la democracia es que, en estos 40 años, las problemáticas socio ambientales fueron abordadas como una cuestión escindida de lo social. Ello reforzó la concepción de los bienes naturales como recursos posibles de ser explotados y del ambiente como un telón de fondo⁵. También posibilitó la instalación de discursos que plantean que la única forma de enfrentar la crisis económica y social es a partir de la profundización de los proyectos extractivos. De esta manera los gobiernos, al priorizar el supuesto crecimiento económico, invisibilizaron las demandas de los movimientos socio ambientales, que históricamente se opusieron a la instalación de proyectos extractivos como la megaminería o la extracción de petróleo en el mar.

Procesos de apropiación y desposesión del territorio y del ambiente

Consideramos que la situación que caracteriza al contexto actual se vincula con diferentes procesos históricos, sociales, culturales y políticos que se dieron en la historia de América Latina. Los definimos como procesos de apropiación y desposesión del territorio y del ambiente, compuestos por dos dimensiones: una material y una simbólica. La primera refiere a los hechos históricos, sociales, culturales y políticos que se desplegaron con el objetivo de expulsar y despojar a las poblaciones originarias de sus espacios de vida y modificar sus prácticas cotidianas. En esta dimensión también se incluyen las legislaciones y los saberes técnicos que posibilitaron el desarrollo de estos acontecimientos. La segunda dimensión se vincula con los procesos históricos, sociales, culturales y políticos que modificaron el vínculo que las poblaciones tenían con la tierra, los bienes naturales y el ambiente.

Si indagamos en la historia de América Latina podemos definir seis procesos de apropiación y desposesión: 1. La instalación del colonialismo, el patriarcado y el capitalismo como sistemas de opresión y dominación. 2. La configuración de límites y fronteras territoriales en los procesos de conformación del Estado-nación en Argentina. 3. La instalación del paradigma del desarrollo. 4. La instalación del neoliberalismo y del agronegocio. 5. El Consenso de las Commodities, el ciclo progresista y el neoextractivismo y 6. El contexto de crisis civilizatoria y antropoceno⁶.

Definimos a estos acontecimientos como procesos de apropiación y desposesión del territorio y del ambiente porque tuvieron la finalidad de instalar la concepción de la tierra, la naturaleza y los bienes naturales como recursos posibles de ser explotados. Ello modificó las maneras en que las poblaciones se relacionaban con el territorio y el ambiente que habitaban. Esto se vincula con lo planteado por Polanyi (s.f) sobre la expansión del liberalismo de mercado, a mediados del S.XIX, en donde la naturaleza y la fuerza de trabajo pasaron a ser concebidas como mercancías:

Tradicionalmente, la tierra y el trabajo no estuvieron nunca separados. El trabajo formaba parte de la vida, la tierra formaba parte de la naturaleza, vida y naturaleza formaban un todo articulado. La tierra se vinculaba con la organización del parentesco, la vecindad, los oficios, las creencias (…) separar a la tierra de los hombres y organizar a la sociedad de manera de satisfacer las necesidades de un mercado de tierras fue una parte vital del concepto utópico de la economía de mercado (Polanyi, s.f, citado en Alimonda, 2014, p.8).

Así también se promovieron proyectos extractivos, como por ejemplo la instalación del agronegocio en el año 1996, al firmarse un tratado que permitió el ingreso de la soja transgénica en Argentina. Ello constituyó un hecho central, ya que posibilitó la instalación de un nuevo modelo de producción caracterizado por: la utilización de semillas transgénicas, el desarrollo de la siembra directa y grandes extensiones de tierras ocupadas por capitales financieros y pools de siembra que utilizan a las inversiones agrícolas como un medio de especulación financiera, entre otras características. Una consecuencia de este modelo de producción es la expulsión directa —que refiere a las situaciones de apropiación ilegal de las tierras habitadas por poblaciones originarias— por parte de las empresas del agronegocio. Otra es la expulsión indirecta, que refiere a cuando las personas deben abandonar sus espacios de vida producto de las afecciones que les genera vivir allí. Algunos ejemplos son las “afecciones dermatológicas, respiratorias, gastrointestinales, nerviosas, disrupciones endocrinas” (Berger, 2019, p.126).

Consideramos que estos procesos favorecieron que los países latinoamericanos se constituyeran en territorios destinados al saqueo y explotación de los bienes naturales, para dar respuesta a las demandas del norte global.

Para finalizar, es importante destacar que los efectos negativos generados por el extractivismo impactan diferencialmente dependiendo el lugar de residencia, la clase social, el género, la edad y la etnia. Así como también reconocemos la emergencia de movimientos que históricamente disputan estas maneras de producción y de despojo de las comunidades y promueven prácticas de vida cuidadosas con el ambiente y el territorio que habitan.

Emergencia de movimientos socio ambientales

Consideramos que, en el contexto de crisis civilizatoria, surgen nuevas demandas en la sociedad. Siguiendo a Svampa (2019), éstas se vinculan con: las luchas de los movimientos indígenas y campesinos por el derecho a habitar sus territorios ancestrales y la presencia de novedosas formas de movilización y participación ciudadana desarrolladas por organizaciones feministas y socio ambientales. Estos movimientos tienen como objetivo la defensa de los bienes comunes naturales⁷, de los territorios y del ambiente que habitan.

El surgimiento de estas nuevas formas de organización y movilización se da en un contexto caracterizado por el incremento de las problemáticas socio ambientales. A estas las definimos desde Merlinsky et.al (2018) como un asunto de la relación entre la sociedad y la naturaleza, construidas socialmente, por lo cual tienen particularidades geográficas, históricas y territoriales que dependen del lugar donde se desarrollan. Una característica particular de estas problemáticas es que disputan el acceso, el uso, la apropiación y la gestión de los bienes naturales.

Las nuevas formas de organización y movilización socio ambientales comenzaron a cuestionar el paradigma del desarrollo y el sistema de producción capitalista extractivista, resaltando las implicancias que tienen estos sistemas en la vida cotidiana de las personas y en el ambiente. Algunos ejemplos que podemos identificar en Córdoba son: las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo que, desde el año 2001, vienen denunciando las afecciones en la salud producto de los agrotóxicos, y acudieron a la justicia por el delito de contaminación. Y la organización Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) que lucha, desde el año 2012, contra la empresa PORTA hermanos, ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba, porque produce bioetanol a base de maíz transgénico y genera afecciones en la salud y el ambiente.

Es importante destacar que estas formas organizativas tienen como protagonistas a las personas que vivencian las problemáticas socio ambientales que afectan sus territorios. Allí, ponen en juego sus conocimientos y saberes sobre la situación problemática, producen argumentos y generan estrategias de acción para reclamar a los gobiernos la protección de sus derechos y de los bienes comunes. Otra cuestión que caracteriza a estos procesos organizativos es la defensa del ambiente, entendido como la flora y fauna nativa, las cuestiones históricas, sociales y culturales que hacen a la historia y a la memoria de los pueblos. Allí construyen lenguajes de valoración (Merlinsky et.al, 2018) en torno a lo que desean preservar, posicionando en primer lugar los bienes comunes por encima del valor económico. Un ejemplo de un lenguaje de valoración es la frase de la marcha mundial del agua: “agua para los pueblos y para la vida, no para el extractivismo y las trasnacionales”.

Constitución de nuevos derechos vinculados al ambiente

Consideramos que el retorno a la democracia, la conformación de legislaciones internacionales sobre el ambiente⁸ y la emergencia de nuevas demandas por parte de la sociedad posibilitaron la constitución de nuevos derechos. Entre ellos destacamos: el derecho a un ambiente sano y al acceso a la información sobre la ejecución de proyectos que pueden afectar al ambiente.

A continuación, describiremos las normativas que garantizan estos derechos y que son retomadas por las/os actores sociales con quienes realizamos nuestra práctica pre profesional en los procesos de defensa del territorio y del ambiente que habitan.

El derecho a un ambiente sano se encuentra garantizado en el artículo 41 incorporado en la reforma constitucional del año 1994. Establece el derecho de las/os habitantes a vivir en un ambiente sano y de preservarlo sin comprometer a las generaciones futuras. La sanción de este artículo constituye un precedente de gran importancia para nuestro país, porque se define al ambiente como un asunto de derechos humanos y se posiciona al Estado como garante y protector del mismo.

En la ciudad de La Calera este derecho es disputado en las acciones que desarrolla la comunidad frente a las problemáticas socio ambientales que afectan el territorio: la sobreexplotación de bienes naturales, el avance del capital y el cercamiento de espacios comunes. Éstas generan consecuencias negativas ya que ocasionan la pérdida de la flora y fauna nativa, prohíben el acceso a espacios que antes eran utilizados para el disfrute y la recreación, generan contaminación atmosférica y afecciones en la salud.

El derecho de acceso a la información sobre la ejecución de proyectos que pueden afectar al ambiente está garantizado en el Acuerdo de Escazú desarrollado en el año 2018, ratificado en la Ley Nacional N°27.566. Es el primer tratado regional que aborda cuestiones ambientales de América Latina y el Caribe y si bien en Argentina no tiene jerarquía constitucional, su cumplimiento es obligatorio tanto a nivel nacional como provincial y municipal. El acuerdo obliga a los Estados que adscriben a él a garantizar los siguientes derechos: acceso a la información pública y a la justicia, participación ciudadana, el derecho a un ambiente sano y la protección de los/as defensores ambientales.

El cumplimiento de este derecho es demandado por la comunidad de La Calera a través de: la participación en audiencias públicas, las solicitudes y pedidos de informes a las áreas de ambiente de la provincia de Córdoba y del municipio. Como así también a través del desarrollo de espacios de encuentro, debate y formación que la comunidad lleva a cabo para dar a conocer las problemáticas socio ambientales que afectan a la zona.

Entendemos que con estas demandas la comunidad despliega diferentes estrategias que apuntan al desarrollo de otras formas de vida en donde se resguarden los bienes naturales y se proteja el ambiente.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, consideramos que otra deuda de la democracia es el cumplimiento efectivo de estos derechos. Reconocemos que, mientras se promueva el desarrollo de actividades extractivas, el derecho a un ambiente sano no puede ser garantizado. Ejemplo de ello es la situación problemática que atraviesa la población de La Calera que, al estar rodeada de canteras de explotación mineras, sufre de: afecciones en la salud, contaminación del agua y atmosférica, destrucción de la biodiversidad del lugar y daños en sus casas producto de las voladuras. Esta situación es detallada por Lacombe et.al (2022) en el Informe Interdisciplinario “Casa Bamba” cuando establecen que “toda actividad minera es incompatible con los asentamientos humanos por la serie de impactos que generan” (p.47). También podemos identificarlo en el testimonio de una vecina de la localidad, quien nos comenta sobre el impacto que genera en su cuerpo la explotación minera: “Nos endurece por dentro la situación, estamos consumiendo piedra” (Conversación personal, 1 de octubre de 2022).

Para finalizar este apartado, nos interrogamos en torno a si el derecho de acceso a la información sobre la ejecución de proyectos que pueden afectar al ambiente está siendo garantizado. Este interrogante nos surge a partir de que en los testimonios de las/os actores sociales identificamos que muchas veces la comunidad no es informada ni es tenida en cuenta a la hora de definir el desarrollo de una actividad extractiva. Ejemplo de ello es lo planteado por una vecina cuando comenta sobre las acciones que desarrollaron desde la Asamblea en la que participa con la finalidad de informar a la comunidad sobre los proyectos:

“Hemos hecho más que nada acciones de visibilización, si se pueden decir, de todos los avances de proyectos que el municipio va haciendo y que nadie del pueblo se entera digamos, porque lo hacen a espaldas más que nada del pueblo” (Conversación personal, 21 de julio de 2022)

Deudas de la democracia y ambiente

En estos 40 años se han desarrollado políticas estatales que apuntaron a posicionar a los derechos humanos en el centro de la agenda pública. Ejemplo de ello fue: la recuperación de espacios que habían sido centros de detención, tortura y exterminio de presas/os políticas/os durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) para destinarlos a la construcción de espacios de memoria. Así también se desarrollaron numerosos juicios para juzgar a los responsables de los delitos de desaparición, tortura y exterminio de personas.

Consideramos que lo mencionado anteriormente fue producto de una política de Estado y de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de Derechos Humanos y de la población.

Sin embargo, en el contexto actual nos encontramos con la emergencia de nuevos movimientos en busca de justicia ambiental, que disputan los procesos de apropiación, gestión y distribución de los bienes naturales y el derecho a ser partícipes en las instancias de toma de decisión sobre la instalación de actividades extractivas en los territorios. En este sentido, Svampa (2019), establece que el “neoextractivismo es una ventana privilegiada para realizar una lectura en términos de crisis de la democracia” (p.20).

Analizar el extractivismo desde esta perspectiva nos permite reflexionar sobre la relación que se da entre: las políticas promovidas por los Estados, el respeto por los derechos humanos y la promoción de nuevas legislaciones. Ello nos permite identificar cómo impactan estas cuestiones en la vida cotidiana de las personas y si posibilitan (o no) el ejercicio de la democracia.

A continuación, nos centraremos en la experiencia situada de la que partimos para elaborar el ensayo. Consideramos que ella nos permitió identificar los desafíos a los que se enfrentan las poblaciones en el ejercicio de la democracia y las deudas que ésta tiene para con ellas.

La principal deuda que identificamos tiene que ver con el desarrollo de proyectos extractivos que no cuentan con licencia social, es decir que no tienen la aprobación de las comunidades que habitan en los territorios. Si bien reconocemos que hay legislaciones que apuntan a hacer partícipes a las comunidades, por ejemplo la Ley N°10.208 de Política Ambiental Provincial, sancionada en el año 2014 en la provincia de Córdoba. En ella se establecen como procedimientos obligatorios las audiencias públicas, cuestión que posibilita la participación de las poblaciones. Sin embargo, estas audiencias no son de carácter vinculante, es decir que el Estado puede definir por ejemplo la instalación de una cantera más allá de que la comunidad se oponga.

Ejemplo de ello es la situación que atraviesa el paraje de Casa Bamba, ubicado en la ciudad de La Calera. Allí, en el año 2019, la minera Mogote Cortado instaló un portón que priva el ingreso público al paraje y obliga a la comunidad a pedir permiso a los guardias de seguridad para ingresar a sus hogares o se la somete a acceder por las vías del tren. Esta situación se configura en una vulneración de derechos porque impide el acceso a las viviendas, priva la libertad de tránsito y pone en riesgo la vida de las personas. La empresa tiene como objetivo que la población abandone el lugar que habita para poder explotar los cerros.

Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, los proyectos extractivos se desarrollan sin garantizar el acceso a la información sobre las consecuencias que pueden generar en las comunidades y en el ambiente. Sumado a ello, las empresas y los gobiernos desarrollan acciones que apuntan a deslegitimar los conocimientos construidos por las comunidades que se oponen a estas iniciativas por las consecuencias que generan. En este sentido, Merlinsky (2017) plantea que:

Uno de los factores detonantes de la movilización socio ambiental es la negación del problema por parte de las corporaciones y las agencias estatales, aspecto que muchas veces incluye el ocultamiento sistemático de la información. Esta es una forma de dominación social que empuja a los afectados a la construcción de conocimiento propio mediante investigaciones y el relevamiento de fuentes de información alternativas a las fuentes oficiales. (p.12)

La segunda deuda que identificamos es que la promoción de proyectos extractivos somete a las poblaciones a vivir en condiciones de vulnerabilidad. Ello es así porque las exponen a: los efectos negativos que generan estas actividades y a la privación del acceso a espacios comunes que antes utilizaban para el disfrute y la recreación. Ello genera que las comunidades se vean obligadas a replegarse al ámbito de lo doméstico o emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

La última deuda que reconocemos en estos 40 años se vincula con los procesos de violencia estatal y empresarial a la que se somete a las poblaciones que luchan en contra de la instalación de proyectos extractivos. Un primer tipo de violencia que identificamos es el despojo de las comunidades de sus espacios de vida. Con ello se apunta a la expansión territorial de las actividades extractivas, por parte de las empresas, en territorios que antes no eran considerados como productivos para el capital. Un segundo tipo de violencia tiene que ver con la criminalización de la protesta, es decir la persecución política y la judicialización de las personas que se movilizan y luchan en defensa de los territorios y del ambiente. Un tercer tipo de violencia es el asesinato de las/os activistas ambientales, tal como afirma Svampa (2019) cuando comenta que “sólo en 2016, de 200 asesinatos a activistas ambientales 60% tuvo lugar en América Latina, cifras que se replicaron en 2017. Nada indica que estos índices mejoraran más bien todo lo contrario” (p.71).

Para finalizar, las deudas que reconocemos en estos 40 años nos llevan a reflexionar sobre cómo se da el ejercicio de la democracia en el contexto actual. Consideramos que con la instalación y profundización de los proyectos extractivos se pone en tensión el ejercicio de la democracia y la garantía de los derechos constitucionales. Ello es así porque se despliegan actividades que no cuentan con licencia social ni consultas previas e informadas a las comunidades que se encuentran en los territorios. Sumado a ello, las empresas y el capital se apropian de los bienes naturales, privan de su acceso a la mayoría de la población y criminalizan a las poblaciones. Ello da cuenta de “la ecuación perversa entre más extractivismo, menos democracia” (Svampa, 2019, p.21).

(*) Estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

(**) Estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Referencias

Alimonda (2014) Una introducción a la Ecología Política latinoamericana (pasando por la historia ambiental). [Archivo PDF] https://redcolca.org/pdf/Alimonda Ecologia-Politica-Latinoamericana.pdf

Berger, M. (2019). Afectados ambientales: contextos y conceptos. En Berger, M y Carrizo, C. (2019). Afectados ambientales. Aportes conceptuales y prácticos para la lucha por el reconocimiento y garantías de derechos. (123-147). Ediciones Ciencia y Democracia.

Lacombe, E. Collo, G., Barberón, M., Negruzzi, G.Tumini, C., Marchesino, C., Gamboa, F., Bompadre, J., Rabboni, N., Genti, M., (2022) Informe Interdisciplinario “Casa Bamba”. Vulneración de derechos y patrimonio histórico-cultural y natural en peligro. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades.

La Izquierda Diario (2022, 3 de noviembre). Diputados. Bregman: “La Ley de Humedales está trabada por el escandaloso lobby minero y del agronegocio”. [En línea] URL. La Izquierda Diario. https://www.laizquierdadiario.com/Bregman-La-Ley-de-Humedales-esta- trabajada-por-el-escandaloso-lobby-minero-y-del-agronegocio

Merlinsky, G., Toledo López, V., Schmidt, M., Fernández Bouzo, S., Tobías, M. Langbehn, L., Pereira, P., Capalbo, T. (2018). Defender lo común: que podemos aprender de los conflictos ambientales. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Merlinsky. G. (2017). Los movimientos de justicia ambiental. La defensa de lo común frente al avance del extractivismo. Voces en el Fénix, (°60):6-15.

Merlinsky, G. (2013). Introducción. En compilado por Merlinsky, G. Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. (pp.19-55).

Pesci, A. (2021). Mujeres rurales, ambiente y práctica de la esperanza: reflexiones necesarias para una intervención profesional de Trabajo Social decolonizad(o)ra. Revista Confluencias del Trabajo Social. (74), 16 – 28.

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Universidad de Guadalajara y CALAS. http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf