Por Nora Britos (*)
La autora parte de la constatación de una encrucijada central: “En esta coyuntura compleja en el país, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, podemos registrar una nueva versión de esa contienda entre mercantilización y protección social, que es también una reformulación de la contradicción entre capitalismo y democracia”. En ese choque de fuerzas —plantea— nos encontramos frente a fórmulas presidenciales que expresan fuerzas sociales que pretenden abolir derechos laborales y el desmantelamiento decidido de la política social del Estado. “Este proyecto político —sostenido por varias fuerzas políticas— propone la utilización del mercado como un arma que se dirige contra la población en general, contra las personas comunes: un proyecto de remercantilización aguda de las relaciones sociales, bajo la premisa de que sólo los resultados de mercado son justos o valiosos”, plantea Nora Britos. “La ceguera del mercado a sus efectos destructivos sólo puede ser contrarrestada con poder democrático”.
“Después de todo, la privatización y mercantilización son intervenciones ‘políticas’, no un retorno a un alegado inocente y natural estado de orden social ‘no distorsionado’”. (Offe; 1998: 37)
La economía de mercado es una creación institucional, una intervención política que lleva unos doscientos años de existencia accidentada. Para que fuera posible su institución, los distintos medios de producción debían ser tratados como mercancías, es decir, ingresar a la órbita del mercado. Sin embargo, tratar como una mera mercancía a la capacidad de trabajo humana (capacidad indisociable de la propia persona), y dejar libradas las condiciones de vida y reproducción de las trabajadoras y los trabajadores a los mecanismos de mercado es inconsistente con la propia reproducción social (Fraser; 2014). Por eso, la regulación estatal —a través de políticas laborales y sociales— tanto de las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo, como de las condiciones de vida y reproducción de la población, forma parte de los mecanismos que hacen posible mercantilizar —siempre parcialmente en términos numéricos y estableciendo límites a la autoridad empresarial— la capacidad humana de trabajo sin poner en riesgo la reproducción de la sociedad. En este sentido, no toda la población puede hallarse bajo el imperativo de obtener sus medios de vida a través de mecanismos de mercado.
“No existe ninguna sociedad histórica o actual en la que a largo plazo más de la mitad de sus miembros se hayan encontrado inmersos en relaciones de intercambio mediadas por el dinero cuyo objeto lo sea su propia fuerza de trabajo. El intercambio contractual de fuerza de trabajo contra renta monetaria no es sólo un fenómeno limitado en perspectiva histórica, sino que continúa limitado también en términos cuantitativos”. (Offe y Hinrichs; 1992: 71)
Recordando a Karl Polanyi (2003) podemos retraducir aspectos de la disputa actual en nuestro contexto en términos de su famoso doble movimiento: un movimiento que pugna por liberalizar y mercantilizar todos los pliegues posibles de la vida social, versus un movimiento opuesto, que busca preservar las condiciones de vida y reproducción sociales de los efectos destructivos de la aplicación del mecanismo de mercado. En esa preservación de las condiciones de vida y la reproducción social —que incluye no sólo la reproducción de la vida material, sino la reelaboración del fondo de saberes, normas y valores que hacen posible algún orden social— operan fundamentalmente mecanismos desmercantilizadores. La desmercantilización (Esping-Andersen; 1993) es una intervención jurídico política que permite la creación y distribución de bienes, servicios y transferencias —que materializan derechos sociales— como valores de uso, y su distribución conforme a criterios que no guardan relación con los resultados de mercado. También permiten modificar, a favor de las trabajadoras y los trabajadores, las condiciones de su exposición al así llamado mercado de trabajo.
En esta coyuntura compleja en el país, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, podemos registrar una nueva versión de esa contienda entre mercantilización y protección social, que es también una reformulación de la contradicción entre capitalismo y democracia. Nos encontramos frente a fórmulas presidenciales que expresan fuerzas sociales que proponen abolir sin más derechos laborales configurados en procesos arduos de lucha, que ofrecen un conjunto de protecciones para trabajadoras y trabajadores frente a la discrecionalidad y arbitrio patronales. Esas fórmulas proponen también el desmantelamiento decidido de la política social del Estado: clausurar la oferta pública de servicios sociales (educación y salud); privatizar el sistema previsional; arancelar las universidades públicas; eliminar las políticas de promoción y asistencia sociales; eliminar la intervención estatal regulatoria y/o productora en materia de tierra, vivienda, agua y saneamiento; descentralizar sin recursos la obra social de las jubiladas y los jubilados (PAMI); abolir la coparticipación federal de impuestos, afectando a las provincias que son responsables de educación y salud en sus territorios; eliminar las políticas de investigación, ciencia y técnica; las políticas atentas a las desigualdades de género y el financiamiento a la producción artística y cultural. La complejidad de la política tributaria favorece que desde estas fórmulas se proponga suprimir impuestos progresivos para desfinanciar ampliamente al Estado, al mismo tiempo que favorecen al capital concentrado y a sectores de altos recursos.
Este proyecto político —sostenido por varias fuerzas políticas— propone la utilización del mercado como un arma que se dirige contra la población en general, contra las personas comunes: un proyecto de remercantilización aguda de las relaciones sociales, bajo la premisa de que sólo los resultados de mercado son justos o valiosos. O mejor, son producto de la aplicación de leyes incontrastables de la economía política ortodoxa que no pueden ser contestadas, aún cuando ya han sido aplicadas en experimentos fallidos sobre los cuerpos vivos de argentinas y argentinos en un pasado reciente. Este proyecto político se contrapone abiertamente con cualquier idea de democracia: nada justifica la intervención democrática sobre los mercados, ni sobre la distribución de los recursos: las necesidades que no tienen expresión como poder de compra no existen, los derechos son obstáculos y la justicia social es una aberración.
Como señalamos, el mercado no puede producir orden social ni ofrecer condiciones de vida socialmente adecuadas a la población; no puede generar sus condiciones materiales de posibilidad, que sólo se tornan viables a través de una extendida intervención estatal. La ceguera del mercado a sus efectos destructivos sólo puede ser contrarrestada con poder democrático.
El mercado invita a la culpabilización de las víctimas. Como sabemos, la presión anónima por mejora y eficiencia es sólo un lado del mercado. El otro lado es la tendencia del mercado a propagarse a cada aspecto de la vida social: el mercado no puede ser fácilmente contenido o encerrado en su ‘lugar apropiado’ mientras respeta la autonomía del ‘mundo de la vida’ de la cultura, socialización y la forma de las biografías humanas. (Offe; 1998: 44)
En estos términos, el mercado se opone a la democracia. Sólo una fuerza política centrada en la defensa de las condiciones de vida de la población —y su mejora sistemática— y que refuerce en la ciudadanía el arraigo del valor de sus derechos sociales, junto con el impulso a una participación política activa, pueden ofrecer un freno a la avanzada neoconservadora en ciernes. Este movimiento centrado en la protección social requiere también una ampliación de la democracia, en especial, una democratización del poder sobre los recursos materiales significativos que hoy se encuentran concentrados en pocas manos.
(*) Profesora titular regular Políticas Sociales del Estado, investigadora docente, directora de la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Políticas Sociales y con mención en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
Bibliografía citada
ESPING-ANDERSEN, Gøsta (1993). Los tres mundos del Estado del bienestar. Trad. Begoña Arregui Luco. Valencia. Edicions Alfons el Magnánim- IVEI.
FRASER, N. (2014). “Tras la morada oculta de Marx. Por una concepción ampliada del capitalismo”, New Left Review 86, Segunda Época, mayo-junio 2014.
OFFE, C. (1998). “Fifty years after the ‘Great Transformation’: Reflections on social order and political agency”, in Takashi Inoguchi, Edward Newman and John Keane (Edited by), The Changing Nature of Democracy. Tokyio. The United Nations University.
OFFE, C.: HINRICHS, K. (1992). “Economía social del mercado de trabajo: los desequilibrios de poder primario y secundario” en Claus Offe, La sociedad del trabajo. Versión española de Jaime Nicolás. Madrid. Alianza Editorial.
POLANYI, K. (2003). La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. 2º edición en español, trad. Eduardo Suárez. México. Fondo de Cultura Económica.
