Pensar las políticas de cuidado en la primera infancia en clave de derechos

Por Valeria Nicora, Fernanda Retamar y Cristina González (*)

El aislamiento y el distanciamiento dispuestos a raíz de la pandemia instalaron de manera exclusiva las tareas de cuidado de niñas y niños en los hogares y, al interior de ellos, más específicamente en las mujeres. Las autoras -docentes e investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)- plantean propuestas de corto y largo plazo tendientes a extender y mejorar los cuidados a la primera infancia, entendiéndolo además como un problema urgente a abordar desde las políticas públicas.

Notas contextuales. ¿Quién garantiza el cuidado?

En las últimas décadas la agenda de cuidado ha sido paulatinamente incorporada en el sistema de protección social argentino, aunque los avances en la provisión de servicios de cuidado para la primera infancia son aún acotados respecto a su alcance territorial, cobertura y calidad. La oferta de espacios de cuidado está concentrada en los centros urbanos y presenta una alta heterogeneidad en sus condiciones de infraestructura, conformación de equipos de trabajos, opciones de horarios, formación, entre otras. En el mosaico de instituciones nos encontramos con diversidad de servicios (centros de cuidado, jardines maternales, salas cunas, etc.), ofrecidos por prestadores públicos y privados, como también aquellos sostenidos por organizaciones no gubernamentales (ONGs) u organizaciones sociales con o sin financiamiento estatal.

La situación de precariedad en la institucionalidad de los servicios se profundizó durante la última gestión de gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos, como resultado de la desinversión y/o desregulación estatal. Cabe recordar que el ex presidente Mauricio Macri generó un programa de creación de 3.000 jardines maternales, concretando la construcción de sólo un centenar[1].

La emergencia sanitaria desatada por la pandemia del Covid 19 expuso públicamente la centralidad de las tareas de cuidado en la sostenibilidad de la vida y en la reproducción de las sociedades. Cuando pensamos en el trabajo de cuidado también incluimos actividades y ámbitos como la provisión de servicios de salud, educación, previsión social, suministro de agua y vivienda, entre tantos otros. Todos aquellos espacios familiares y comunitarios por donde se circula en el vivir cotidiano.

Las decisiones relacionadas con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el ámbito doméstico, trajeron como consecuencia que gran parte de niñas y niños pasen sus días en entornos caracterizados por la pobreza persistente y la desigualdad. El confinamiento instaló de manera exclusiva las tareas de cuidado de niñas y niños en los hogares, y dentro de ellos principalmente en las mujeres, cuyas condiciones para asumirlas varían drásticamente según la posición social que se ocupe. Tradicionalmente, las familias pertenecientes a los estratos más altos pueden recurrir al mercado para pagar horas de cuidado en sus hogares, mientras quienes se ubican en los sectores más bajos recargarán en sus hijas mayores, amigas o redes familiares las tareas de cuidados. En contextos de crisis se acrecienta el trabajo de cuidado no remunerado, que es el aquel realizado por personas sin una recompensa monetaria explícita. El trabajo “invisible” o “invisibilizado” del que las feministas supieron alertar sobre su valor para el sostenimiento de las sociedades; “no es amor, es trabajo no pago”. Asimismo, la crisis económica que se profundizó con la pandemia impactó en la posibilidad de sostener los puestos de trabajo. Según señala un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC),[2] los varones y las mujeres de hasta 29 años, de niveles educativos bajos y con trabajos informales, fueron los más afectados en Argentina por la caída en la tasa de empleo registrada durante 2020. Es decir, se requiere integrar un conjunto de medidas vinculadas al empleo, la educación y el cuidado de niñas y niños para mejorar las condiciones de vida de las familias jóvenes más pobres del país.

Se destaca que, en los últimos tiempos, son numerosos los estudios y documentos que han señalado la crisis de los cuidados como un problema urgente a abordar por las políticas públicas. El diagnóstico se fue complejizando con varias iniciativas provenientes de organizaciones sociales y departamentos ministeriales[3]. Claramente en la emergencia social el desafío de la gestión estatal será avanzar tanto en respuestas a las crecientes demandas coyunturales, como en la construcción de lineamientos a mediano y largo plazo, que ubiquen al cuidado como derecho en su doble dimensión: a cuidar y a ser cuidada/o.

En este sentido, consideramos clave recuperar el rol del Estado en la formulación e implementación de políticas sociales territoriales con enfoque de derechos y perspectiva de género. Es decir, políticas de cuidado que acompañen a los sectores más desprotegidos, mayoritariamente mujeres, identidades feminizadas e infancias. En el marco de las políticas públicas es necesario avanzar en la construcción de un sistema integral de cuidados, que contemple las diversas experiencias regionales, efectivice derechos y materialice servicios suficientes, continuos y de calidad a niñas y niños del territorio argentino.[4]

 

 

 Políticas públicas para potenciar, mejorar o fortalecer

En estudios anteriores hemos señalado que, en materia de cuidado infantil, se ubican dos trayectorias de políticas públicas con perspectivas diferentes[5]. Si bien existe una amplia adhesión a las legislaciones que destacan los derechos de la infancia a una asistencia y educación integral como procesos conjuntos, persiste una brecha entre el enfoque educativo y la perspectiva asistencial, que se materializan en los Ministerios de Educación o carteras similares, y en los organismos del campo de la asistencia. En los primeros, los fundamentos de trabajo con las infancias se vinculan al campo pedagógico de la enseñanza; en cambio, los segundos ponen especial atención al cuidado ligado a la cobertura de necesidades básicas como alimentación, higiene y abrigo. Es decir que el mismo sujeto en la primera infancia, ubicado en un efector educativo o asistencial, recibe una propuesta con fines diferenciales.

Como resultado, se observa una gran heterogeneidad en la prestación de servicios de cuidado infantil que, sumada a la disparidad de condiciones en las diferentes regiones territoriales, redundan en una provisión desigual de los mismos.

Recuperando las ideas centrales expuestas, enunciamos las siguientes propuestas tendientes a extender y mejorar los cuidados a la primera infancia:

  • Construir instancias de articulaciones interministeriales e interjurisdiccionales que aseguren servicios de calidad tendientes a superar la fragmentación, la segmentación y la estratificación en el acceso. Esto genera el desafío de considerar las diferencias regionales de un país federal y diverso, aunando esfuerzos para reducir las brechas sociales y territoriales de acceso a espacios educativos y de cuidado de las infancias.
  • Garantizar el derecho de licencia laboral remunerada o dispensas a un referente adulto del entorno familiar del niño o niña para que pueda sostener las tareas de cuidado en situaciones de emergencia, cuando se arbitran medidas sanitarias de cierre de los establecimientos educativos y de cuidado de la primera infancia.
  • Desarrollar acciones que promuevan una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades de cuidado al interior de los hogares.
  • Asegurar un ingreso básico para los hogares durante y después de la pandemia del Covid 19 con base en el reconocimiento del trabajo de cuidado.
  • Extender la cobertura y generar las condiciones para que los servicios de cuidado sean de la misma calidad en todos los sectores sociales.
  • Profesionalizar y jerarquizar las tareas de cuidadoras/es implementando sistemas de capacitación continua, promoviendo la formalización y acreditación de los saberes en instancias públicas, conveniando salarios y condiciones de trabajo adecuadas, y asumiendo un rol importante en la vigilancia del cumplimiento efectivo de estas regulaciones.
  • Invertir en la ampliación de la infraestructura y el equipamiento existentes, mejorando las condiciones edilicias donde se encuentran funcionando centros de cuidado infantil, y construyendo nuevos espacios con criterio de prioridad en los territorios más postergados.
  • Reconocer el papel de los organismos de la sociedad civil en la provisión de cuidados a la primera infancia en los ámbitos comunitarios, garantizando una gestión público-social colaborativa, en la que el Estado preserve su rol de proveedor y regulador. Revertir la lógica de utilizar a los organismos del Tercer Sector como un alivio para la carga financiera estatal, lo que tiende a precarizar la prestación de los servicios.
  • Transversalizar el enfoque de género en el diseño de las políticas y en la formación integral de sus trabajadoras/es, a los fines de contribuir en la corresponsabilización en las tareas de cuidado y en la deconstrucción de abordajes con improntas maternalistas, moralizantes y estereotipadas. Nos referimos a las miradas que tienden a desvalorizar a las mujeres de los sectores de la pobreza en relación al desempeño en las tareas de cuidado, a sus propias motivaciones, y a cómo organizan su vida y su tiempo. Sirve como ejemplo la siguiente expresión: “llevan a los pibes a la guardería para sentarse a tomar mate y ver la tele”.

Para finalizar, nos interesa remarcar que la redistribución de los cuidados implica un cambio económico, social y cultural. El papel del Estado como proveedor y regulador de servicios de cuidados es clave para equiparar las desigualdades sociales en el inicio del trayecto vital, construyendo sociedades más justas. Por el contrario, la mayor desinversión y/o desregulación estatal tiende a aumentar la carga de responsabilidad de las familias y el peso de trabajo de las mujeres –particularmente de los sectores pobres de la población–. Como venimos sosteniendo, consideramos que alivianar las cargas de cuidado en el hogar aumentando la capacidad resolutiva en los espacios públicos debe ser un tema de política social, con respuestas concretas, priorizando los colectivos poblacionales de las infancias más empobrecidas, aquellas que no pueden esperar más.

(*) Este artículo reactualiza una propuesta presentada en el Encuentro “Desafíos Colectivos de la sociedad argentina”, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) en octubre de 2020.

 


[1] Cabe destacar que, según fuentes periodísticas, “el Ministerio de Educación realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción tras detectar que el 34% de las obras licitadas en 2016 fueron adjudicadas a una constructora sin capacidad para ejecutarlas”. Publicado en el diario “Página/12” el 6 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/327686-investigan-irregularidades-en-el-plan-de-construccion-de-300 .

[2] Disponible en: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/10/198-DT-PS-El-mercado-laboral-en-Argentina-Mera-Karczmaczyk-y-Petrone-d…-1.pdf

[3] En julio del corriente año se presentó un mapa georreferencial del cuidado, que ubica servicios e instituciones educativas para infancias, personas con discapacidad, personas mayores y formación en cuidados. Disponible en: https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/

[4] Para una mayor ampliación de los fundamentos de la propuesta se puede consultar el artículo “Una nueva institucionalidad de los servicios de cuidado en la primera infancia. Aportes para avanzar en clave de derechos”, publicado en el libro “Políticas Sociales. Estrategias para construir un nuevo horizonte de futuro”. Vol. 1. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bs. As. 2020. Pág. 45-50. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/6262_-_mds_-_libro_polsoc_-_vol_01_-_web.pdf

[5] Cristina González, Valeria Nicora, Natalia Iriarte, Lucas Torrice, Nora Britos y Rubén Caro (2018): “¿Familiarización o desfamiliarización? La tercerización del cuidado infantil en la ciudad de Córdoba” [artículo en línea]. Conciencia Social. Revista digital de Trabajo Social. Vol. 2, Nro. 3. Carrera de Licenciatura en Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. UNC. pp. 10-26. Fecha de consulta: 03/10/2021. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/view/21642

Previous post Fragmentos de enseñanza de la(s) sexualidad(es) en la Formación Docente Inicial
Next post ¿Por qué pensar la ESI más allá de la escuela?