¿Qué hubiera sido de nosotros sin la universidad pública?

Por Matías Parano (*) y Ezequiel Diez (**)

Intervención en la marcha del 2 de Octubre.

Córdoba, Argentina. Imagen propia.

Durante todo el 2024 la ciudadanía se expresó de manera masiva en las calles de los principales centros urbanos del país. Más allá de los multitudinarios registros de participación, lo más contundente fue un mensaje de apoyo y reconocimiento social a la universidad pública argentina como institución de prestigio y trayectoria.

La Universidad nos permitió formarnos, no solo adquiriendo habilidades y conceptos disciplinares sino también como ciudadanos y ciudadanas. Tal como resulta recurrente escuchar, a la universidad se va a estudiar (por supuesto). Pero también allí se aprende a empatizar con el compañero de al lado, a ejercer derechos y obligaciones, a desarrollar autonomía. En muchos casos, hasta tomarse el colectivo o aprender las calles de una ciudad distante.

La universidad pública, gratuita y de calidad tiene también otro componente insoslayable: iguala. El compañero o la compañera de al lado puede ser cualquiera y provenir del más variado estatus social. Pero ahí somos pares. Quizás no sea casual la propia idea de universalidad que habita en su etimología¹.

Somos graduados y graduadas porque pudimos acceder y permanecer en la universidad pública. Consideramos que no habría actitud más vil que “patear la escalera”, desentendiéndonos. Si este no es el momento de demostrar interés, posiblemente no habrá un mañana para hacerlo.

Este ataque sin precedentes en su intensidad desde lo discursivo y lo presupuestario en el marco de gobiernos electos por la vía democrática forma parte de una cruzada general contra los bienes colectivos que aún se mantienen en nuestro país. Provienen, en muchos casos, de funcionarios que jamás han pisado una universidad pública nacional y que, en el mejor de los casos, parecen desconocer bastante de su funcionamiento, su rol territorial, su historia.

Otro punto que se pone en discusión es el “costo” de la inversión en educación superior. Mucho se ha hablado del costo y beneficio en términos estrictamente monetarios. Aún en esta clave, no debería dejarse de lado la estimación de elementos indirectos asociados al estudio universitario en Argentina. Por ejemplo, en Córdoba, algunas estimaciones recientes proponen que hasta Octubre de 2024 la UNC recibió del Estado nacional en el año el equivalente a 142 millones de u$d. No obstante, sólo teniendo en cuenta a los 94.000 estudiantes de otras ciudades/provincias (sobre los 157.000 estudiantes totales), el movimiento económico generado a nivel local equivaldría, siendo incluso austeros, a unos 306 millones de la misma moneda².

Pero más allá de eso, no puede desconocerse el valor social que genera la universidad, lo cual es reconocido por un sector mayoritario de la opinión pública³. Formando al odontólogo que te atiende en el consultorio, a la arquitecta urbanista que diseñó la plaza en la que paseas en bicicleta, a la contadora y al abogado que trabajan para tu firma, al camarógrafo y a la periodista del canal que te informa, al profesor de tus hermanos, hijos, sobrinos, primos… Brindando asistencia en los barrios o capacitando en oficios mediante las actividades de extensión; estimulando la productividad y transfiriendo tecnologías e innovación a los clusters locales que desarrolla el sistema científico-tecnológico del que las universidades forman parte nodal.

Mucho se ha hablado de la gratuidad y de que “nada es gratis”. La gratuidad es una condición relativa al precio y no al costo. Sí, el financiamiento tiene un costo que se asume de manera colectiva; porque genera valor público/colectivo, brinda equidad y contribuye a que seamos una sociedad mejor. Por definición, la propiedad colectiva es de todos y de ninguno. Afortunadamente no resulta individualizable. En esta línea, también se han esgrimido argumentos vergonzosos como que los sectores de menores ingresos financian a los estudiantes de ingresos medios y altos, porque “los pobres no llegan a la universidad”. El simple dato de que 42,1% de los estudiantes de grado en las instituciones públicas pertenece a los quintiles 1 y 2 (bajos ingresos) que podría derribar este mito⁴. Pero pareciera que no se trata de datos sino de estimular lo visceral.

Otro punto es que si entendemos como “Política de Estado” a una que se caracteriza por un consenso plural y diverso, con permanencia en el tiempo y compromiso por su garantía, la universidad pública es, sin lugar a dudas, una auténtica política del Estado nacional. Es también una auténtica política de carácter federal: desde 2010 cada provincia cuenta con al menos una universidad nacional en su territorio⁵.

Sin dudas existen muchos aspectos perfectibles y que pueden (y deben) optimizarse, como en cualquier ámbito personal y colectivo. Uno de ellos, la garantía de ese derecho de acceso a la educación. Más no es rompiendo, destruyendo ni desfinanciando sino todo lo contrario. Acción, por cierto, que requiere de más audacia, vocación de servicio público y formación que repetir falacias, sinsentidos, exaltaciones violentas, descalificaciones o proponer a la sociedad falsas dicotomías.

Nosotros, como graduados no podemos caer en esa actitud avergonzante. Nuestro deber es argumentar y discutir con ideas, con argumentos, con propuestas, con evidencia contrastable. Discutir en los términos en los que propone el ejecutivo nacional y al menos un tercio de la cámara baja sería, para ser redundantes, bastante bajo.

Tampoco consideramos que sea el momento de abrazarse a consignas que, so pretexto de “reforma”, permiten habilitar retornos a momentos desafortunados del pasado (arancelamientos parciales, ajustes selectivos, privatización del patrimonio universitario).

Si queremos superar los problemas de desarrollo que aquejan al Sur Global no es con menos sino con más educación. No es con menos sino con más desarrollo científico. No es rompiendo todo por fanatismo dogmático sino construyendo desde la responsabilidad y la evidencia científica.

La Universidad argentina con marchas y contramarchas, con avances y retrocesos, tiene más de 400 años. Su historia no empezó ayer ni (a pesar de muchos trasnochados) terminará mañana. Este momento nos va a encontrar unidos, organizados y expectantes para habitar y defender aquellos espacios que queremos legarle a las generaciones por venir.

Para construir futuros sin desconocer nuestras trayectorias ni nuestra historia.

(*) Egresado de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

(**) Egresado de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).