Por Ismael Rodríguez (*)
Las últimas elecciones presidenciales en nuestro país son el punto de partida de este artículo para visibilizar y reflexionar sobre los lugares que ocupan las personas con discapacidad en nuestra sociedad, su participación política y sus condiciones de vida.En esta coyuntura, Ismael Rodríguez —trabajador no docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)— lanza un interrogante urgente: ¿qué vota un cuerpo disca?. Y allí, el rol del Estado es fundamental para comenzar a bosquejar algunas respuestas, al tiempo que se vuelve campo de batalla: “La lucha por un futuro inclusivo y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas debe continuar, reconociendo y valorando a los cuerpos discas no por su productividad económica, sino por su dignidad intrínseca”.
Todos los cuerpos votan. Los bípedos, los capacitados, los sanos, los incluidos. Y también lo hacen las personas con discapacidad, aquellas que conforman el 10% de la población total de Argentina. La pregunta es si para este gobierno liderado por el libertario Javier Milei las personas con discapacidad son realmente, dentro de sus términos, un capital humano. A juzgar por los hechos, parece tener más valor el voto de estos cuerpos para otorgar legitimidad al poder de turno, que para obtener el derecho al acceso a la salud, al empleo, a la educación y a la comida.
En esta realidad libertaria, los cuerpos deben poseer un capital, una propiedad privada. Ser un cuerpo productivo, útil y capacitado. Viéndolo de esa manera, para las personas con discapacidad no existe ni un “sálvese quien pueda”. Porque los cuerpos no resisten. La discapacidad no distingue entre cuerpos de izquierda o de derecha, socialistas, comunistas, peronistas o libertarios. No todos los cuerpos están capacitados, pero votan. No obstante, ¿qué vota un cuerpo disca?
Algunos dirán que un cuerpo vota derechos y justicia social; otros, tal vez, dirán que estabilidad económica y la posibilidad de comprar divisas extranjeras. Las personas con discapacidad votan por un Estado presente. Votan por un Estado que no las abandone en la cruel lógica del mercado, que entienda que la dignidad humana no se mide en términos económicos.
La otra pregunta es: ¿cuánto vale un voto disca? Sabiendo que al ser un sector minoritario, el poder de su voto no “mueve la aguja” en la elección de sus representantes. Teniendo en cuenta que para el Senado, cada provincia elige tres senadores o senadoras mediante un sistema de lista incompleta. El partido o alianza que obtiene la mayoría de los votos en la provincia se queda con dos escaños, y el partido o alianza que queda en segundo lugar obtiene el tercero restante. A no ser que me equivoque, no he visto senadores o senadoras con discapacidad, ni proyectos que contengan al sector. Lo mismo en la Cámara de Diputados, la cual necesita superar un umbral del 3% del padrón electoral del distrito para conseguir votos en la provincia correspondiente. Para esta distribución de escaños, claramente los discas no brindamos esa garantía porcentual de votos. No logramos construir el poder de nuestra propia representación.
Por su parte, el gobierno nacional celebra el déficit cero y la baja de la inflación como los principales logros de sus primeros cien días de gestión. Las actuales políticas de ajuste, que incluyen la quita de subsidios, la ausencia de créditos y la desfinanciación de la salud pública, ponen en riesgo la función de asistencia y justicia social del Estado.
Siguiendo esta línea, ¿qué cuerpos son los más afectados? El de los jubilados y el de las personas con discapacidad. La desigualdad de estos cuerpos ante la posible quita de prestaciones que impediría a las obras sociales realizar coberturas, como la negación de la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos, es una clara señal de la morbosa praxis de la biopolítica que aplica el gobierno libertario de Milei.
La situación de las personas con discapacidad en Argentina enfrenta varios desafíos, incluyendo la baja tasa de empleo. La legislación establece un cupo laboral del 4% en el sector público, pero esto no siempre se cumple, y la tasa de desempleo entre personas con discapacidad sigue siendo alta.
Como si fuera poco el Gobierno busca, a través de un proyecto de decreto que estaría circulando por la Cámara de Diputados, desregular las prestaciones que reciben las personas con discapacidad y desactivar el nomenclador que fija que todas las obras sociales y prepagas tengan que pagar lo mismo por las terapias, las prestaciones educativas y el transporte de los pacientes. De este modo, se estima que habrá prestadores que negarán la atención por esa disminución de montos de pagos, e instituciones que no podrán sostener la atención, empujándolas a su cierre.
Esto significa un retroceso de derechos adquiridos hace 25 años con la ley 24.901. En ese entonces, las instituciones no podían cubrir los costos con las obras sociales, y con este decreto, eso podría volver a suceder.
En definitiva, al cuerpo no puede regularlo el mercado. Y eso puede verse en la suba de tarifas y en el reclamo de familias de personas con discapacidad por el proyecto para desregular servicios. Sucede que también el Gobierno recortó el financiamiento destinado a la realización de obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias para personas electrodependientes, lo que les permite garantizar medidas de seguridad en sus viviendas y solicitar las fuentes alternativas de energía (FAE) necesarias para sus tratamientos. Además, se eliminó el registro que permitía al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) visibilizar los hogares con usuarios electrodependientes.
Las principales afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad, provocadas por las políticas generales y sectoriales del gobierno anarco-capitalista, y por la ausencia de medidas de protección hacia este y otros colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, son palpables. Los efectos desreguladores del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 en campos tan sensibles como el de la salud; los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos para las personas con discapacidad; así como la suspensión de políticas urgentes, como el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud, son algunos de los puntos centrales revelados que rompen a estos cuerpos discas.
Y como no hay dos sin tres, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se regodea por los medios masivos de comunicación avalando y defendiendo la baja de pensiones por discapacidad. La cual responde al recorte que hizo el Gobierno de más del 80% de las pensiones por invalidez que se entregaban, al asegurar que las personas beneficiadas “no reunían los requisitos mínimos” para recibir la asistencia estatal. Puede que haya casos particulares que revisar, pero esta mecánica de hacer pública listas de personas beneficiarias recuerda a “listas negras” de otras épocas oscuras de la Argentina.
Entonces, en este escenario, ¿qué vota un cuerpo disca? Vota, en esencia, por su derecho a existir, a ser visto, a ser escuchado, a ser valorado más allá de su capacidad de producción. Vota por un Estado que no lo abandone en la cruel lógica del mercado, que entienda que la dignidad humana no se mide en términos económicos. Vota, en definitiva, por no morir.
Tanatopolítica, la praxis del capital humano
Hubo un tiempo, en la vasta historia de la humanidad, donde las formas de gobierno implementaban políticas diseñadas para desplazar a las personas con discapacidad, relegándolas a los márgenes de la sociedad. Con la llegada de la democracia y el derecho al voto, surgió la esperanza de un Estado de bienestar que pudiera protegerlas y dignificarlas. Sin embargo, el actual gobierno de Argentina ha resucitado desde las cenizas económicas una antigua práctica de exclusión: la Tanapolítica.
La Tanatopolítica, un término que examina cómo el poder se relaciona con la muerte y los procesos que la rodean, encuentra un escenario revelador en la Argentina contemporánea. Aquí, donde la gestión de la salud pública y la justicia social están en primer plano, las políticas de este tipo adquieren una relevancia inquietante. Los cuerpos discas, esos cuerpos que la sociedad a menudo prefiere no ver, enfrentan obstáculos históricos y actuales que los marginan sistemáticamente.
Bajo el ejercicio de Sandra Pettovello, actual ministra de Capital Humano, se echa luz sobre la falta de acceso a políticas de salud, de empleo, de educación y de alimentación que sean adecuadas para la sociedad. Más bien se vive como una constante política dolorosa. Aunque se han hecho algunos avances en políticas de inclusión, la realidad es que la atención médica especializada y la rehabilitación siguen siendo inaccesibles para muchas y muchos, especialmente debido a barreras económicas y geográficas. La desatención en este ámbito no es solo una omisión sino una decisión que afecta la esperanza y calidad de vida de nuestros cuerpos.
El empleo es otro campo de batalla donde los cuerpos discas luchan por un lugar digno. A pesar de las leyes que promueven la inclusión laboral, la discriminación persiste, limitando severamente las oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. La falta de accesibilidad en el transporte público y en los lugares de trabajo, agrava aún más esta situación, convirtiendo el día a día en una serie de obstáculos casi insalvables.
Además, la desigualdad socioeconómica añade una capa de injusticia. Las personas con discapacidad de bajos recursos enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Las mujeres con discapacidad, en particular, sufren una doble discriminación, siendo marginalizadas tanto por su género como por su condición, lo que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad.
Para que Argentina avance hacia una sociedad más justa e inclusiva, es esencial que el gobierno y la sociedad en su conjunto aborden estas barreras estructurales. La Tanatopolítica no debe ser la fuerza que dicte el destino de los cuerpos discas. En su lugar, es necesario promover políticas inclusivas que aseguren el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas las personas, reconociendo su valor intrínseco más allá de su capacidad productiva. La lucha por estos derechos es una lucha por la dignidad humana, una resistencia contra el olvido y la marginación.
La historia política de los cuerpos discas
A lo largo de la historia, los cuerpos discas han sufrido discriminación, abuso y violencia por parte de diversos gobiernos y Estados. En la Alemania nazi, el programa “Aktion T4” buscaba exterminar a personas con discapacidad, considerándolas indeseables. Estados Unidos, durante el siglo XX, implementó políticas de esterilización forzada como parte de programas eugenésicos, dejando cicatrices profundas en muchas vidas. En Sudáfrica, bajo el apartheid, las personas con discapacidad enfrentaron barreras en educación, atención médica y empleo, siendo sistemáticamente marginadas y sufridas.
Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, adoptó políticas eugenésicas que incluían la esterilización forzada de personas con discapacidad y enfermedades genéticas, en una búsqueda insana de perfección. Estos actos dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de la nación. En la antigua Grecia, aunque las actitudes variaban según la época y región, las personas con discapacidad generalmente no eran consideradas ciudadanos plenos y enfrentaban marginación social, siendo a menudo objetos de burla o tragedia en la literatura y el arte.
Estos ejemplos históricos de opresión contra las personas con discapacidad demuestran que su sufrimiento no es una anomalía, sino una constante a lo largo de los siglos. Recordar estos eventos es esencial para evitar repetir los errores del pasado. La lucha por un futuro inclusivo y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas debe continuar, reconociendo y valorando a los cuerpos discas no por su productividad económica, sino por su dignidad intrínseca.
Es por eso que la memoria histórica se convierte en un acto de resistencia, en una guía hacia un futuro donde todos los cuerpos puedan votar, existir y ser vistos con igual respeto y justicia. Es crucial aprender de la historia para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, donde los derechos de las personas con discapacidad sean plenamente reconocidos y protegidos.
(*) Licenciado en Comunicación Social. Trabajador nodocente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
