Subversivos y místicos

Por Sofía Agustina Rueda (*) y Francisco Gabriel Toledo (**)

PREMIO 40 AÑOS DE DEMOCRACIA | CONCURSO DE ENSAYOS: En este ensayo se explora la evolución de la libertad de culto en Argentina desde la recuperación democrática y a través de dos casos específicos: los Testigos de Jehová y el movimiento evangélico-protestante. El trabajo de Rueda y Toledo resalta cómo la participación religiosa ha influido en la construcción de la identidad nacional y en el debate público en un contexto de creciente diversidad religiosa. Los autores pretenden abrir el debate sobre lo que implicó la dictadura cívico-religiosa-militar y visibilizar colectivos e individuos que, por lo general, no son pensados como víctimas de este proceso. El escrito es una mirada sobre pasado, que busca iluminar interrogantes sobre la influencia de los grupos religiosos en los actuales debates públicos.

“No hay ningún evangelio que sea inmortal y no existe razón alguna para creer que la humanidad sea ya incapaz de concebir uno nuevo”.

DURKHEIM, E. (1992). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid, p. 398

En los últimos años, hemos sido testigos en Argentina de un avance significativo de movimientos religiosos que han adquirido un papel central en los debates públicos. Protagonizando marchas, presentes en las redes sociales y, de la mano de figuras mediáticas, la presencia de grupos religiosos en los debates en torno a la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de Educación Sexual Integral, es un hecho difícil de ignorar.

Pero al contrario de lo que la opinión pública parece demostrar, lejos de resultar un fenómeno novedoso la trayectoria de los grupos religiosos y las discusiones sobre el espacio que ocupan en la vida pública tienen una larga tradición en la región, que ha cobrado mayor relevancia desde la recuperación democrática. Ante la creciente visibilidad pública de estos grupos y sus demandas, y en vistas al cuadragésimo aniversario de nuestra democracia, nos preguntamos: ¿qué posibilidad de existencia tienen las religiones en la vida pública y en un proyecto de país democrático? ¿Qué grupos religiosos están habilitados para ejercer demandas al Estado? ¿Existen religiones “de primera categoría” y otras relegadas a esconderse en el ámbito de lo privado?

Para aproximarnos a los —necesarios— debates actuales sobre la participación de organizaciones religiosas en la vida pública, es necesario volver la mirada hacia las discusiones en torno a las libertades y restricciones a los cultos. En este sentido, consideramos que el período de la última dictadura militar y el proceso de recuperación democrática constituyen momentos claves para el análisis, que nos permiten comprender el valor democráctico de la pluralidad religiosa. Para ello, revisaremos las demandas y desafíos de dos actores claves: los Testigos de Jehová y el movimiento evangélico-protestante.

Podemos preguntarnos entonces: ¿qué hace a este período un momento clave para el análisis de las religiones? Alejandro Frigerio (1993), al analizar el campo religioso en Argentina del último cuarto de siglo, propuso la noción de “desregulación” para referirse a los cambios acontecidos a partir de la recuperación democrática en el país. La noción remite a cierta pérdida de hegemonía de la Iglesia Católica en el campo religioso argentino, habilitando la ampliación del espacio para “nuevos” actores religiosos.

Esta idea de “nuevas” creencias, se antepone por lo tanto a “viejas” religiones, o tradiciones encarnadas en la identidad argentina. El caso de los Testigos de Jehová y del movimiento evangélico, por tratarse de minorías religiosas, necesariamente nos remite a pensar en la figura que la Iglesia Católica Argentina ocupó históricamente en la construcción del Estado y la identidad nacional. Malimacci (2010) propuso la noción de “catolicismo integral” en el análisis argentino en referencia a un “tipo” de catolicismo que se presenta como:

“catolicismo en toda la vida, intransigente en sus posturas, que unifica lo social, cultural y religioso, que rechaza el espacio de lo privado, que se auto comprende como instancia política en sentido amplio, que regula vínculos y que ha hecho en el largo plazo de su ‘antiliberalismo’ y ‘anticomunismo’ matriz central de su accionar” (Mallimaci, 2010, p.15).

Para Di Stefano (2011) el alcance del catolicismo puede entenderse, por un lado, por la capacidad de representación identitaria en común de la población inmigrante y criolla y por constituirse desde mediados del siglo XX como una “tercera vía frente al liberalismo en desgracia y al comunismo en expansión”. (Di Stefano, 2011, p.23).

Ambos autores entienden que esta identificación entre lo católico y la nación, y este tipo de catolicismo integralista encuentra un cauce en el imaginario del “enemigo público” y es parte fundamental en la legitimación religiosa del último golpe cívico, religioso y militar. Mediante esta configuración, todo lo no-católico se presenta como subalterno y, en casos extremos como en la última dictadura, como antinacional y subversivo.

Este fue el caso de los Testigos de Jehová, no solo durante los gobiernos de facto, sino desde que pusieron un pie en la Argentina. Todos los hemos visto alguna vez. Vestidos de camisa y corbata, de polleras largas o vestidos, con sus portafolios y carteras. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos quienes son o en qué creen?

Los Testigos de Jehová tienen su origen en Estados Unidos en el siglo XIX. En 1879 Charles Taze Russell (1852-1916), a partir de diferencias interpretativas de la biblia con los adventistas, funda el movimiento de los estudiantes de la Biblia, quienes en 1930 adoptan oficialmente el nombre de Testigos de Jehová

Esta denominación religiosa, vinculada estrechamente con el protestantismo estadounidense, es milenarista, antitrinitista y afirma descender del cristianismo primitivo. La cosmovisión de la organización se rige a partir de una lectura literal de la Biblia, la cual consideran la palabra de Dios, única fuente de verdad.

Su entidad jurídica, la Watch Tower Bible and Tract Society, fue fundada en 1881 y, desde su sede en Brooklyn, funciona como el órgano que ordena a todas las congregaciones de Testigos de Jehová en el mundo. Su principal labor es la redacción y publicación de las revistas Atalaya y Despertad, documentos que son el pilar fundamental de la organización, ya que son para el uso personal de sus fieles pero también están destinadas al público general. En estas revistas, podemos encontrar todo tipo de artículos que van desde los hábitos sanos que debe llevar un cristiano, análisis de textos bíblicos, como opiniones sobre temas de actualidad.

Ser Testigo de Jehová implica llevar un estilo de vida riguroso y en estrecha cercanía con los hermanos, conlleva la responsabilidad cuasi obligatoria de predicar/evangelizar. Para ello se utilizan los documentos ya mencionados, la Atalaya y Despertad, y otros tipos de bibliografías específicas como el libro Acerquémonos a Jehová (2002).

George Young, de origen canadiense, es designado por la Watch Tower Bible and Tract Society para predicar la religión en el continente sudamericano. Así, en el año 1923 podemos rastrear el primer contacto entre la organización y Argentina. La actividad de Young fue por demás prolífica alcanzando, según estimaciones de los Testigos de Jehová, la distribución de 1480 libros y otras 300.000 publicaciones bíblicas en 25 ciudades del país.

En 1924 se funda en la ciudad de Buenos Aires, por orden del presidente de la Watch Tower de aquel entonces, John Rutherford, la primera sucursal de la organización, a cargo del Testigo de Jehová español Juan Muñiz. Los años siguientes se caracterizaron por la predicación misionera en las provincias del interior del país , “la práctica de la divulgación era emprendida por Testigos de Jehová que utilizaban bicicletas, tren o incluso caballos para trasladarse a las distintas localidades de todo el país” (Maioli, 2017, p.12).

Durante el primer gobierno de Perón se avanza en la conformación de un registro de cultos “habilitados” en Argentina. Se le solicitaba a las denominaciones religiosas una serie de documentos para obtener la habilitación. La Organización de los Testigos de Jehová presenta dichos documentos, pero, sin embargo, no se la habilita. Las razones son dos: “la organización religiosa en cuestión atenta los principios consagrados en la Carta Magna, al difundir una doctrina contraria a las instituciones armadas y al respeto que se debe a los símbolos de la patria” (Marinozzi 2011, citado en Maioli, 2019).

Y es que, para los Testigos de Jehová, jurar a la bandera, cantar el himno nacional y demás actos patrióticos son formas de idolatría. Como indica el libro Mantengase en el amor de Dios (2008): “Los testigos de Jehová creemos que honrar la bandera con saludos y reverencias, a menudo mientras se entona un himno, es un acto de culto que atribuye la salvación a la patria y a sus líderes, en vez de a Dios” (p. 212). Se insta, sin embargo, a permanecer en una postura respetuosa del prójimo en aquellos momentos donde se realicen estas prácticas.

La actividad de los Testigos de Jehová pasa a la clandestinidad a partir de la década del cincuenta. Sus actividades continuaron proscritas durante la Revolución Libertadora. Recién en 1958, durante el gobierno de Frondizi la organización trató de obtener nuevamente la habilitación, sin éxito.

Las siguientes líneas, tomadas de la Revista del Vicariato Castrense de diciembre de 1968, sirven de ejemplo para comprender los sentidos sociales que existían con respecto a los Testigos de Jehová:

“(…) la misma objeción que impide a los Testigos vestir uniforme y usar armas, les prohíbe donar sangre, reconocer Patria, Autoridad y Bandera. Lo que nos demuestra su inhumanidad y peligrosidad porque abren con esto último la frontera a un universalismo que tendrá la forma del más fuerte; la del comunismo (…) El Testigo es (podrá no saberlo, pero lo es) un subversivo, y de la peor clase porque es un místico” (Vicariato Castrense, 1968, citado en Maioli, 2019, p.11,12).

La última dictadura cívico-eclesiástica-militar (1976-1983) fue la más dura contra los integrantes de la organización. Pese a que la proscripción de los Testigos de Jehová ya se encontraba vigente desde la década del 1950, Jorge Rafael Videla firmó el decreto 1867 que ordenaba el cierre de la oficina distrital de la Watch Tower y todos los Salones del Reino en la República Argentina. Bajo el argumento de que:

“la libertad de cultos consagrada en los Artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, se ve a sí misma limitada en el sentido de que las ideas religiosas no deben implicar la violación de la leyes o el atentado contra el orden publico, la seguridad nacional, la moral o las buenas costumbres”¹.

Además del cierre de los locales de reunión, confiscación de la bibliografía utilizada por el grupo, se le suma la pérdida de empleos, expulsiones escolares a menores y sentencias de hasta 7 años de cárcel a Testigos, objetores de conciencia, que se negaron a prestar servicio militar, cuando éste era obligatorio.

“Como se negaban a usar la ropa militar, porque estaba en contra de sus convicciones, muchos de ellos estaban desnudos, sólo con los calzoncillos y las medias, en algunos casos en regimientos del sur del país, en pleno invierno”².

En el año 2006, luego de previos intentos por reconocer a los Testigos de Jehová como víctimas de persecución sistemática por sus creencias (que podía ser considerado como violación sistemática de DDHH), se logró presentar el caso ante el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, quien elevó el dictamen al Ministro de Justicia, Alberto Iribarne, quien en el año 2007 concedió la reparación histórica de más de 500 Testigos de Jehová bajo la Ley 24.043. Cabe señalar que según los datos recogidos por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Argentina desde el 1971 hasta el 1987 hubo más de 4000 testigos encarcelados.

De la misma manera, el movimiento evangélico – protestante en Argentina tuvo que sobrellevar las dificultades vinculadas a su condición de minoría religiosa. Para comenzar a desglosar este caso, debemos partir de ciertas definiciones acerca de su constitución como grupo: se consideran grupos protestantes aquellos cuyo origen se asocia directamente a la Reforma ocurrida en Europa en el siglo XVI, y grupos evangélicos a los grupos emergentes del llamado Primer y Segundo Gran Despertar, suscitados en el Reino Unido y América del Norte en los siglos XVIII y XIX, nos referimos a estos grupos “protestantes-evangélicos” de forma ampliada, tal y cómo se utiliza popularmente en Latinoamérica. Este movimiento es amplio, heterogéneo y de una extensión geográfica e histórica profunda.

Desde su llegada al país en 1825 de la mano de corrientes inmigratorias anglosajonas, el movimiento evangélico ha protagonizado distintos momentos de alianzas y enfrentamientos con sectores del campo religioso y el Estado. Con marchas y contramarchas, hacia principios del siglo XX algunas denominaciones³ lograron cierto reconocimiento por parte del Estado nacional ejerciendo tareas vinculadas a la educación y al trabajo social. En la primera mitad del siglo XX podemos observar un incipiente crecimiento de las comunidades evangélicas locales —surgidas en territorio argentino—, así como una mayor difusión de las prácticas evangelizadoras en distintas provincias, ligada a las prácticas misioneras de iglesias hermanos libres, bautistas, pentecostales, entre otros que repartiendo folletos y haciendo uso de la evangelización “puerta por puerta” fundaron iglesias a lo largo y ancho del país (Espinosa, 2014).

Las transformaciones en el contexto político, económico y religioso local e internacional de los años treinta impactaron en las relaciones del campo religioso argentino, potenciando los vínculos históricos entre el catolicismo y las fuerzas militares y consolidando la asociación entre la identidad nacional y católica. Esta nueva configuración del campo religioso trajo, junto con la limitación a la inmigración, una mayor restricción a las libertades religiosas para grupos evangélicos, la comunidad judía y otras religiones no-católicas, catalogadas como una amenaza “imperialista” y “antinacional”, especialmente por la prensa católica (Bianchi, 2004, p. 205).

El golpe militar de 1943 finalmente consolidó las exigencias del catolicismo, restringiendo la educación a través del decreto de enseñanza religiosa que impuso la enseñanza católica en todos los establecimientos educativos y, prohibiendo en 1945, la transmisión de programas radiales protestantes, que selló la censura a la evangelización y la difusión pública del culto.

Durante el primer gobierno de Perón (1946-1951), la Ley de Ficheros de Cultos No Católicos exigió el comprobante de inscripción a todas las entidades religiosas que operaran en el territorio nacional, modificando la estructura de distintas iglesias y restringiendo el funcionamiento de aquellas que no cumplieran con los requisitos formales para su aprobación. El conflicto con las comunidades protestantes se potenció en 1949 con la “Ley de Ministerios”, que establecía el derecho al culto en los templos, limitando la celebración del mismo en espacios públicos y la utilización de los medios de comunicación para la evangelización. Estos aspectos despertaron el malestar de evangélicos y evangélicas quienes, organizados en organismos interdenominacionales, lograron la modificación de este apartado, a través de solicitadas al Senado, donde reivindicaban el derecho al ejercicio público de la fe afirmando su identidad como ciudadanos protestantes y argentinos (Bianchi, 2004, p. 16)⁴. El distanciamiento de la cúpula del catolicismo argentino y el peronismo, en el segundo gobierno (1952-1955), permitieron cierta apertura hacia la emisión de programas radiales, la evangelización pública y hasta la autorización para campañas evangelísticas con oradores internacionales, como fue el caso del predicador pentecostal Thomas Hicks en 1954, que predicó durante casi dos meses en la cancha de Huracán, en la Ciudad de Buenos Aires. Ante cada movimiento de restricción al culto protestante vemos, por su parte, una respuesta anclada en la organización y el reclamo a las libertades religiosas.

El movimiento evangélico continuó creciendo numérica y territorialmente en el país, con una mayor presencia de grupos pentecostales, organizándose en movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y confederaciones que buscaron reunir a las distintas denominaciones a nivel nacional. Las restricciones al amplio espectro de las religiones no católicas, sin embargo, continuaron por largos años y fueron in crescendo, especialmente en el contexto de la última dictadura cívico, religiosa y militar, tal cómo observamos en el caso de los Testigos de Jehová y en 1978, ante la sanción de la ley 21.745 de Registro Nacional de Cultos, aún vigente (Espinosa, 2022)

La persecución, desaparición y asesinato de personas no excluyó a instituciones y miembros de grupos religiosos, entre ellos evangélicos-protestantes, aproximándose a la cifra de 40 evangélicos desaparecidos y asesinados en Argentina (Andiñach y Bruno, 2001). Y si bien las historias de vida que hemos podido rescatar están atravesadas por la participación política, la militancia estudiantil y sindical, el aspecto religioso es clave para comprender su identidad y trayectorias participativas. En este sentido, las desapariciones de evangélicos y evangélicas se señalan en todo el territorio argentino, entre ellos podemos mencionar al referente de la Fundación Ecuménica de Cuyo, Mauricio Amílcar López, sociólogo y primer rector de la Universidad de San Luis, secuestrado en enero de 1977 en la Ciudad de Mendoza⁵ y trasladado al centro clandestino de detención Las Lajas en Mendoza; a Oscar Alajarín, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, sindicalista de Ferrocarriles Argentinos e integrante del Partido Justicialista, secuestrado en 1977 en la provincia de Buenos Aires; a Pablo Boichenko, estudiante de Ciencias Políticas, y miembro de la Iglesia Evangélica de Cosquín, secuestrado con su esposa Lilian Coleman; así como los asesinatos por las Fuerzas Armadas a miembros de iglesias evangélicas, como el caso de la estudiante de sociología y teología, Elizabeth Kaesemann, militante del PRT-ERP asesinada en mayo de 1977.

La persecución se reflejó también en atentados a edificios evangélicos y templos: en octubre de 1976 se allanó y detuvo a sesenta personas de la Primera Iglesia Metodista de Rosario; en el mismo año se registraron ataques con bombas a la Iglesia Metodista de Mendoza; y en 1980 dos bombas provocaron un incendio en la biblioteca del ISEDET, ubicada en Capital Federal en el barrio de Flores, sede simbólica y física de la renovación teológica protestante del último cuarto de siglo. La identidad evangélica de personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas y obligadas al exilio está aún en construcción y está siendo recuperada⁶.

Incluso con la recuperación democrática, viejas estructuras del aparato militar –como el servicio militar obligatorio— forman parte de la historia del movimiento evangélico-protestante. El asesinato de Omar Carrasco en 1994, un conscripto del Grupo de Artillería 161 de Zapala, está estrictamente ligado a su condición religiosa. Apartado desde el primer día, junto con quienes se identificaron como evangélicos, fue amedrentado por sus superiores quienes terminaron con su vida y ocultaron su cuerpo a su familia. Catalogado como “desertor”, Omar fue asesinado por una estructura represiva, pero también –y especialmente— por ser y decirse a sí mismo evangélico.

Estos dos ejemplos evidencian los alcances que la censura y la persecución religiosa tuvieron antes, durante y después de la última dictadura de 1976. Lo que pretendemos exponer es que estas hostilidades hacia movimientos religiosos minoritarios —y por tanto subalternos— fueron normalizadas, normativizadas y legitimadas durante casi todo el siglo XX. Ante la recuperación democrática se evidencia una apertura del campo religioso que habilitó una mayor participación en el espacio público de algunos grupos, tal como el movimiento evangélico.

Desde entonces, hemos presenciado una creciente apertura de la sociedad argentina a otras denominaciones religiosas, la cual consideramos una de las principales transformaciones sociales y culturales de nuestros días. Comparando el estudio sobre creencias y actitudes religiosas de Mallimaci (2008) y la Segunda Encuesta Nacional Sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina (Mallimacci et al, 2020), podemos observar un decrecimiento de la población que se identifica con la fé católica (76,5% en 2008, 62,9% en 2019) y un crecimiento exponencial de denominaciones religiosas no-católicas, haciendo especial énfasis en el movimiento evangélico (de 9% en 2009 a 15,3% en 2019).

Si bien la reciente participación masiva de grupos religiosos han puesto la alerta sobre el alcance de lo religioso en la arena política, este ensayo evidencia que tanto las religiones minoritarias o subalternas, así como la Iglesia Católica, en Argentina han ocupado un lugar definitorio en la historia sociopolítica de nuestro país.

Entendemos por lo tanto que estas transformaciones en el campo religioso y la incidencia en los asuntos públicos por parte de grupos religiosos son parte del juego democrático. Podemos esbozar una hipótesis tentativa: a mayor desregulación del campo religioso, mayores son las posibilidades de existencia de minorías religiosas. Habilitando así una verdadera diversidad religiosa. Coincidimos con Montero (2013) cuando expresa que “las religiones están en todas partes (y, de hecho, siempre lo han estado), es difícil sostener que están fuera de su lugar” (p.8).

En la construcción de una democracia plural y participativa, es condición imprescindible la libertad de culto y las políticas de Estado que garanticen la existencia y la promoción de prácticas religiosas democráticas saludables para las propias comunidades. El diálogo interreligioso sólo puede ser posible en el marco de una democracia que reconozca esta diversidad. La golpiza que terminó con la vida de Carrasco y que finalmente acabó con el servicio militar obligatorio, forma parte central en este proceso de recuperación democrática, un proceso extenso, doloroso y continuo que aún tiene heridas que sanar y deudas que saldar. En este marco la libertad plena de culto –y no simplemente la tolerancia— se trata de un valor democrático clave que aún exige reconocimiento en nuestro país.

(*) Estudiante de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

(**) Estudiante de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

REFERENCIAS

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Maioli, E. (2017). La Asociación de los Testigos de Jehová en Argentina. Una exploración acerca de las modalidades de expansión, principales creencias y prácticas sociales asociadas (AMBA, 2016). XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

Maioli, E. (2019). Status ciudadano y adscripción religiosa.Identificación religiosa y prácticas políticas de los miembros de la Asociación Testigos de Jehová en Argentina (AMBA, 2017-2018). 1º Congreso Internacional de Ciencias Humanas – Humanidades entre pasado y futuro. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.

Mallimaci, F. (2010) Entre lo “que es” y lo que “queremos que sea”: Secularización y laicidad en la Argentina. Sociedad y Religión, vol. XX pp. 8 – 30.

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Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. (2008). Manténganse en el amor de Dios. jw.org.