Por Álvaro Guaymás (*) y Nicolás Emmanuel Hugo Giménez (**)
Asumiendo la complejidad e invisibilización de las juventudes indígenas en el ámbito universitario, los autores reflexionan sobre su situación a 40 años del retorno de la democracia en Argentina. En primera instancia, reseñan la conquista en materia de derechos humanos y hacen foco en las políticas institucionales de algunas universidades públicas argentinas. Por último, plantean recomendaciones que involucran a las casas de estudios superiores respecto a las trayectorias de las juventudes indígenas, la investigación y las políticas públicas.
Estado, derechos humanos y pueblos indígenas
Las relaciones entre el Estado nacional y los pueblos indígenas no han dejado de ser profundamente conflictivas y desiguales desde su conformación hasta la actualidad tanto en el plano de lo jurídico, las políticas públicas como en la vida cotidiana. El periodo que abarca entre 1976-19831 no fue ajeno a los procesos de marginación que tuvo también como principales involucrados a los pueblos indígenas. La gran mayoría de las familias y comunidades, invisibilizadas por la historia oficial como víctimas del terrorismo de Estado, fueron confinadas a tierras marginales que, por lo general, son improductivas.
A 40 años de la vuelta a la democracia en el país, a través de la permanente lucha y resistencia por parte de un gran número de movimientos de base, se puede evidenciar un avance en materia de derechos humanos (DDHH) dirigidos a comunidades y personas (que se reconocen indígenas y/o descendientes de algún pueblo indígena; afrodescendientes; personas con discapacidad; mujeres, migrantes, LGTBIQ+ entre otros) que históricamente han sido invisibilizadas, subordinadas y excluidas de los espacios políticos, jurídicos, económicos, sociales y educativos.
En lo que respecta a los pueblos indígenas, el reconocimiento de los DDHH a nivel internacional y particularmente a nivel nacional, con el fin de la última dictadura militar, posibilitó que sus reclamos tomen fuerza nuevamente en la agenda pública. Una serie de instrumentos -entre ellos, la reforma de la Constitución Nacional de 1994- ha marcado desde entonces el camino que deben continuar las políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas para avanzar en la reparación histórica, necesaria en un país pluricultural y plurilingüe con más de 39 pueblos y 16 lenguas indígenas.
Si bien con el tiempo se avanzó en el reconocimiento jurídico formal de los DDHH, ello no implica necesariamente su valorización e inclusión en la cotidianidad de las instituciones académicas y mucho menos en la planificación y ejecución de políticas públicas. En este sentido, Daniel Mato (2021) nos señala que si bien Argentina es uno de los países más avanzados de América Latina en materia de DDHH, muestra a la vez un panorama de inconsistencias jurídicas e insuficiencias de políticas públicas específicas que vulneran los derechos constitucionales de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas a una educación superior inclusiva, equitativa y de calidad.
Universidad y pueblos indigenas
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introduce derechos educativos específicos para pueblos indígenas. Sin embargo, la Ley de Educación Superior 24521 (1995) continúa vulnerándolos2. Como dan cuenta diversos estudios, no sucede lo mismo con la temática de la discapacidad y de género cuyos derechos constitucionales específicos sí están consignados en la normativa, que de hecho es imprescindible. Esta continuidad respalda la atención y formulación de políticas públicas sostenidas que procuren garantizar sus derechos a través de líneas de acciones concretas. De ninguna manera se está desacreditando/deslegitimando los avances jurídicos que involucran a las personas con discapacidad y a la cuestión de género3; sino que se está tratando de evidenciar, por un lado, la inconsistencia entre el sistema legal formal y el ejercicio real de derechos en el plano educativo producto de la desatención de la Ley de Educación Superior; y, por otro lado, las consecuencias del racismo naturalizado en la sociedad argentina, principalmente, en las/os funcionarias/os y en la clase política.
Si bien es clara la ausencia de políticas públicas concretas que permitan el efectivo goce de los derechos educativos específicos de las personas y comunidades de pueblos indígenas, las universidades fueron elaborando y ejecutando en estos últimos años políticas institucionales cuyos objetivos mantienen una relación cercana no sólo con lo manifestado en documentos de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008 y 2018) y con el marco jurídico vigente, sino también con las demandas de las juventudes y comunidades indígenas (Guaymás, 2018).
Por mencionar algunas casas de estudios superiores, las experiencias sostenidas en la Universidad Nacional del Nordeste (Artieda, Rosso y Luján, 2020), la Universidad Nacional San Juan Bosco (Ivanoff, et. al, 2020) y la Universidad Nacional de Salta (Bergagna, Carrizo y Sacchi, 2012) dan cuenta de la presencia activa de jóvenes indígenas.
Estas experiencias con más de una década de trabajo, han posibilitado que jóvenes indígenas tengan una participación activa en el acompañamiento de las trayectorias de sus pares en términos socioafectivo y pedagógico, al mismo tiempo que se formaron mediante programas y proyectos de extensión e investigación intercultural, junto a profesionales indígenas y no indígenas. Estas situaciones promovieron que en la actualidad, además de visibilizar sus identidades indígenas en el campus, ocupen espacios en las cátedras de las universidades y en los organismos del Estado.
Más allá de estos esfuerzos por sostener políticas institucionales implementadas por estas universidades argentinas, resulta urgente que la Ley de Educación Superior reconozca e incorpore los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. De lo contrario, todo este contexto seguirá acentuando que las/os jóvenes indígenas transiten con mayores dificultades sus estudios universitarios y, en la mayoría de los casos, terminen siendo relegados al inicio o mitad de la cursada. En lugar de ser una trayectoria formativa y un espacio académico que propicie la reafirmación de las identidades y la escucha hacia esas comunidades, termina siendo una experiencia de frustración y, sobre todo, de reafirmación de múltiples situaciones de racismo vividas y solapadas por fuera de las instituciones escolares y académicas.
Apuntes para concretar una educación superior intercultural
Hoy, a diferencia del siglo pasado, no se puede negar la participación y resistencia por parte de profesionales y estudiantes indígenas universitarios en la sociedad y al interior de las instituciones académicas; así como tampoco se puede negar el trabajo que vienen sosteniendo las universidades públicas argentinas, por medio de políticas con diferentes grados de institucionalización.
En estos últimos tiempos, el modelo económico, la ausencia de políticas públicas y la pandemia de COVID-19 nuevamente han puesto en el centro de la escena las inequidades históricas de las personas y comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas que transitan por todos los niveles del sistema educativo nacional4.
A 40 años de la vuelta a la democracia en Argentina, es necesario avanzar mediante políticas públicas e institucionales que efectivamente garanticen el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes indígenas, así como también generar las condiciones, desde el ámbito universitario, para que construyan sus propias agendas como promotores de cambio.
Para ello, es necesario considerar las siguientes líneas de acción:
-Atendiendo a la inequidad histórica de los pueblos indígenas, es necesario revisar la beca PROGRESAR de manera tal que realmente posibilite sostener las trayectorias de estudiantes indígenas en la universidad.
-Revisar los instrumentos, sistematizar y publicar datos estadísticos que permitan dar cuenta de la presencia de jóvenes indígenas en la universidad.
-Procurar la efectiva participación de las juventudes indígenas en los procesos de elaboración y ejecución de políticas institucionales. Esto implica considerar que las/os jóvenes no son meros destinatarias/os, sino los principales partícipes cuyas voces e intervenciones contribuyen a políticas y agendas universitarias cada vez más situadas.
-La vinculación entre las comunidades indígenas y la académica continua siendo una deuda. En este sentido, desde la universidad sería interesante crear, junto con las/os jóvenes, los protocolos de consulta libre, previa e informada tanto para el ámbito de la investigación como de extensión.
-Fortalecer políticas que posibiliten la continuidad a profesionales indígenas en las formaciones de posgrado.
Finalmente es necesario señalar que es evidente la preocupación, por parte de investigadoras/es sociales, en estudiar, desde un abordaje interdisciplinar las juventudes, principalmente en ámbitos urbanos, lo cual tiene como resultado un significativo aporte al fortalecimiento de las políticas públicas. No obstante, hoy la temática en cuestión continúa siendo un campo poco explorado o bien en preliminares debates con referentes, profesionales y jóvenes indígenas. Esta área de vacancia se presenta como una oportunidad para generar estudios que acompañen los necesarios procesos de cambio en las prácticas de investigación y en las políticas públicas.
(*) Coordinador de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta (MECCyT), Investigador Residente del Programa “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” (ESIAL), miembro del Equipo de trabajo de la Cátedra UNESCO ESIAL y colaborador de la “Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
(**) Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte argentino de la Universidad Nacional de Salta (CISEN-UNSa).
1 Durante la dictadura cívico-militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” se violaron los principios básicos del Estado de Derecho. Este periodo se caracterizó la constante violación de los derechos humanos, el robo sistemático de recién nacidos, las desapariciones, detenciones y muertes de personas y otros crímenes de lesa humanidad.
2 La Ley de Educación Superior (vigente) que legisla sobre la educación universitaria, terciaria y de posgrado no obligatoria, omite los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en los incisos 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional de 1994. El mismo establece que corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural (…)”.
3 De hecho, es interesante seguir pensando la temática de las juventudes indígenas en intersección con la discapacidad y género en escenarios escolares y universitarios.
4 En Argentina el sistema educativo se estructura en cuatro niveles: inicial, primario, secundario y superior (universitario y no universitario). Los tres primeros son obligatorios y están legislados por la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006).
Referencias bibliográficas
Artieda, T., Rosso, L., & Luján, A. (2020). Política de inclusión y propuesta de formación intercultural en la Universidad Nacional del Nordeste, como aportes para desarticular la discriminación racial. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Las múltiples formas del racismo (pp. 107-115). Buenos Aires, Argentina: EDUNTREF.
Bergagna, A., Carrizo, K., & Sacchi, M. (2012). La dimensión intercultural en salud: experiencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Salta, Argentina. ISEES: Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior, (11), 123-134.
Guaymás, Á. (2018). Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: logros, desafíos y recomendaciones. En Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina, (pp 37-62). Córdoba, Argentina: UNC.
Ivanoff, S., Miranda, V., Peralta, V., & Loncon, D. (2020). La punta del iceberg. El racismo y sus manifestaciones en las instituciones de educación superior. En Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Las múltiples formas del racismo, (pp. 37-52). Buenos Aires, Argentina: EDUNTREF.
Mato, D. (2021). “Derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas en Argentina Inequidades estructurales, inconsistencias jurídicas e insuficiencias de políticas públicas”. En Revista Argentina de Investigación Educativa 1(1): 121-140.
