Por Silvina Meritano (*) y Bruno Storino (**)
En este artículo, Silvina Meritano y Bruno Storino presentan resultados y propuestas surgidas de un proyecto de investigación que indagó las transformaciones del trabajo policial durante la pandemia y las intervenciones en barrios de Córdoba. ¿Cómo se modificaron esas tareas en ese período y qué ocurrió con los operativos en controles vehiculares, eventos masivos y “de saturación” que caracterizaron el trabajo policial en barrios populares? ¿Qué casos de homicidios por fuerzas policiales se dieron durante esos meses y qué nuevas regulaciones se implementaron a partir de los mismos? Por último, plantean aportes para pensar políticas públicas vinculadas a la producción de conocimiento en seguridad.
“Éramos la primera barrera de contención entre el virus y la gente” (EvP1)
La pandemia de covid-19 volvió necesaria la implementación de medidas de aislamiento en todo el territorio nacional. La primera fase se inició por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 297/2020 e implicó un cambio en el trabajo cotidiano de las fuerzas policiales, que pasó de orientarse de la “prevención y persecución del delito” (EvP11) al control del cumplimiento de medidas de aislamiento. Si bien los agentes entrevistados coincidieron en la capacidad de “adaptación” como una característica de su trabajo, la pandemia trajo continuidades e innovaciones en el trabajo policial. Un ejemplo de continuidad fueron los controles vehiculares fijos y móviles implementados en lugares estratégicos (como avenidas, puentes sobre el río Suquía o “zonas críticas”), —regulados por protocolo de control vehicular (2017)— pero “adaptados” al control sanitario, es decir a controlar la validez de permisos de circulación. Otra continuidad del trabajo policial fue la colaboración con instituciones locales, educativas, sanitarias o de asistencia para la entrega de medicamentos o alimentos, como también tareas de contacto con referentes barriales por la división de policía barrial que se reorientaron a prestar colaboración en tareas vinculadas a la pandemia.
El contexto del aislamiento, que se impuso como parte de la estrategia sanitaria de control de contagios, tuvo un impacto diferencial en los sectores empobrecidos de Córdoba. Las entrevistas mantenidas con residentes de zona noroeste y noreste dieron cuenta de un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida. La fijación de la población al territorio de residencia incrementó la desigualdad socioterritorial y limitó el desarrollo de estrategias de supervivencia. Las dimensiones más afectadas fueron la situación económica y laboral —aumento del desempleo, multiplicación de estrategias locales y emprendimientos familiares, economías ilegales especialmente narcomenudeo, venta de artículos robados, peleas de gallos, carreras de caballos y préstamos de dinero por parte de personas vinculadas a la venta de drogas—, el acceso a la educación —imposibilidad de mantener la continuidad educativa por la falta de dispositivos móviles y conexión de internet—, el acceso a la salud individual y familiar —con especial afectación en tratamientos prolongados y salud mental—, vivienda —imposibilidad de pago de alquileres y transformaciones en los modos de habitar— y cambios en la sociabilidad barrial —por relaciones de cooperación ante el incremento de necesidades básicas, pero también aumento de conflictividades.
En relación a las fuerzas de seguridad, durante los primeros momentos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), los entrevistados coincidieron en destacar la ausencia policial. Sin embargo, con el incremento de los casos se produjo una de las innovaciones, que fueron los cordones sanitarios que se aplicaron en las zonas estudiadas entre los meses de mayo y agosto. El trabajo policial implicaba “cerrar un barrio” (EvP11), estrategia que requería un gran número de recursos para el control las 24 horas. La novedad se dio en términos de criterios de control, pero no en cuanto a modos operativos, dado que la vigilancia y cierre de sectores era una modalidad organizativa policial tradicional. Los cordones sanitarios presentaron un pico en el mes de agosto, pasando de 5 en mayo, a 5 en julio, a 14 en agosto y bajando a 3 en septiembre. A partir de este mes, no volvieron a implementarse aun cuando los casos continuaron incrementándose.
Las entrevistas con el personal policial refieren una valoración positiva de la población durante los primeros meses de la pandemia:
al principio hubo mucho acercamiento, […] de la policía a la sociedad porque te acercas desde otro lugar que no es el delictual. Te acercas más con una cuestión de salud, […] entonces ya la recepción ya era distinta. Por otro lado, al ser los únicos que estaban expuestos, tanto personal médico como policial, al principio, muy al principio de la pandemia, eran muy reconocidos por el ciudadano […]” (EvP7).
“La gente está nerviosa, […] ya camina hasta con recelo, a ver si te controlan, no te controlan, si estás haciendo bien o no” (EvP9)
La segunda fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), decretada el 1 de julio de 2020, implicó una flexibilización del aislamiento, que permitió algunas actividades recreativas y apertura de diferentes rubros de la actividad económica. Este período es caracterizado como de “incertidumbre” (EP3) por los constantes cambios de fase y la contradictoria información que se brindaba a la población. Situación que provocó dificultades para el acatamiento de las medidas de aislamiento cuando se retrocedía de fase, y conflictos en los controles vehiculares por “cansancio” (EvP8): “amagan a detenerse y se van” (EP3), “ven un cono y ya lo esquivan directamente” (EP9). El incremento en la circulación implicó cambios en el trabajo policial, que pasó a combinar controles específicos vinculados a la pandemia con el regreso a las actividades habituales de “prevención del delito” (EvP9) en un contexto de aumento del delito y de demandas colectivas por protección policial.
En este contexto se produce una nueva reorganización del trabajo policial, se restablece la función de “prevención” de los controles de circulación fijos y móviles, se reorienta el trabajo al control de eventos masivos que estaban aún restringidos —fiestas clandestinas, campeonatos de fútbol amateur, carreras de motos y caballos— y la realización de operativos masivos llamados “operativos de saturación” de tipo autónomos. Estos operativos se desarrollaron en barrios populares de Córdoba y se caracterizaron por un gran despliegue policial de miembros de diferentes divisiones y fuerzas, para el control de la circulación en puntos estratégicos.
En este marco, la toma de decisiones se basó en esquemas de policiamiento diferencial estructurados sobre criterios basados en la clase, física localización, la ocupación, el horario de circulación, ubicación etc. y de territorios de intervención. El trabajo policial distingue “zonas” en la ciudad de acuerdo a sus grados de “conflictividad” (EvP14), la que tiene que ver no solo con la “conflictividad vecinal sino también la conflictividad que puede llegar a tener con las instituciones, en este caso con nosotros. Si te creen, si no te creen, si te dicen ‘para qué voy a ir a denunciar, no tengo resultado, acá la policía nunca pasa”‘ (EvP9). Así se divide la ciudad en niveles de “conflictividad” alta, media o baja y esta valoración, sumada a las estadísticas de delitos, las llamadas al 911 constituyen elementos a considerar a la hora de definir los modos de intervención en una zona —si se apela a la circulación a pie, al patrullaje, a la disuasión con controles vehiculares, al sobrevuelo en helicóptero o a los operativos masivos autónomos.
“Al principio éramos héroes […] después éramos lo peor” (EvP14)
El retorno a la “nueva normalidad” aparece como un momento en que se pasa de la función de prevención de contagios al verdadero trabajo policial “a medida que fue pasando la cuarentena, que se fue flexibilizando […] volvimos al […] trabajo” (EvP5). En este contexto de retorno al trabajo policial, de protestas para demandar seguridad, incremento de controles de circulación y operativos masivos, ocurren los dos casos de homicidios a manos de fuerzas policiales a los que haremos referencia, que ilustran una realidad mayor en la provincia de Córdoba, ya que constatamos que se registraron varios casos de personas heridas o fallecidas durante controles vehiculares.
A pocos días de iniciado el DISPO ocurre el homicidio de José Antonio Ávila (35 años) a manos de dos oficiales de la división de motos. Ávila era un artesano y vendedor ambulante de ropa que vivía en barrio Santa Ana. Ese día había ido a trabajar a la feria de Villa El Libertador junto a un amigo. La flexibilización de la pandemia —iniciada el 01/07/2020— había habilitado emprendimientos comerciales, entre los que se encontraban las ferias que se integraron a las estrategias de supervivencia de sectores vulnerables, en un contexto de incremento de la desigualdad asociado a la restricción de la movilidad. Villa El Libertador se encuentra en una zona señalada como “crítica” y de “alta conflictividad”. El día del homicidio de José se desarrollaron varios operativos masivos autónomos en distintas partes de la ciudad, particularmente en zona este.
La muerte de José —quien viajaba en moto junto a un amigo— ocurrió luego de traspasar un control vehicular, en el que no se detuvieron, y que desencadenó una persecución de la división de motos (en incumplimiento del protocolo, que indica que no deben abandonar el puesto para perseguir a un vehículo que evade el control, sino ordenar un operativo cerrojo). Al llegar al domicilio de su acompañante, ambos ingresaron a la vivienda y fueron perseguidos por el suboficial Navarro, quien forcejeó la puerta y al no conseguir abrirla disparó su arma hiriendo a José en el pecho, para luego retirarse del lugar sin informar lo sucedido. El homicidio de Ávila fue denunciado como un caso de “gatillo fácil” y se llevaron adelante protestas frente a la comisaría del barrio.
Sin embargo, esta muerte no trascendió a la opinión pública, como sí lo hizo el homicidio a manos de fuerzas policiales de Valentino Blas Correas, ocurrido en un control policial en el mes de agosto de 2020. El día del homicidio, el joven de 17 años había salido a comer con sus amigos y circulaba en un automóvil desde zona sur de la ciudad de Córdoba (una “zona crítica” en la que al día siguiente se llevaría adelante un operativo masivo autónomo) hacia el centro, cuando tuvieron un altercado de tránsito con una motocicleta. En este marco, un puesto de control policial informó de lo ocurrido (como un intento de robo) y se activó un operativo cerrojo. El conductor del automóvil al llegar al lugar del operativo cerrojo, manifestó que había sentido temor al ver que los agentes apuntaban sus armas hacia el vehículo, aceleró y en ese momento se produjeron los disparos con armas reglamentarias que terminaron con la vida de Valentino Blas Correas. El análisis de este suceso muestra que los agentes incumplen el protocolo de control vehicular (2017), que indica que “en ningún caso de evasión o fuga se apelará a la persecución por parte del móvil afectado al control vehicular ni al uso del arma de fuego”.
Los agentes entrevistados coinciden en señalar que el punto más bajo de valoración del accionar policial ocurre con el homicidio de Correa. Este caso tuvo amplia repercusión política y produjo cambios inmediatos en la cúpula policial: la Dirección General de Seguridad de Córdoba pasó a manos de la futura Jefa de Policía, Liliana Rita Zárate Belleti. A su vez, dejaron su cargo los subdirectores de zona norte y sur, respectivamente. Otro desarrollo significativo fue la elaboración del “Protocolo de Actuación Policial para el Uso Legal y Racional de la Fuerza en la provincia de Córdoba”, que “contiene un conjunto de reglas obligatorias y estandarizadas que el personal policial deberá cumplir para desarrollar sus funciones” y que se enmarque en las políticas de proximidad. Además establece las “pautas específicas sobre el uso de la fuerza” y señala el “uso prohibido de la fuerza”, destacándose la definición de hostigamiento, uso de técnicas de defensa personal, efectuar disparos hacia la multitud y efectuar disparos desde o hacia vehículos en movimiento.
Conclusión
Tras concluir el proyecto, evidenciamos que las medidas de prevención de contagio impuestas frente al covid-19 implicaron cambios en el trabajo policial (reorganización del trabajo) en un contexto de empobrecimiento generalizado de los sectores vulnerables y de aumento del delito. En este marco en el que se incrementaron las demandas por provisión de seguridad y mayor flexibilidad en el aislamiento, las fuerzas policiales retomaron sus tareas habituales, en las que observamos un potenciamiento de operativos masivos y controles vehiculares. En este contexto general, analizamos los casos de homicidios por fuerzas policiales y hechos de violencia registrados, que generaron un fuerte repudio en la opinión pública.
Así, los cambios en las cúpulas policiales y la formulación de un protocolo para el uso de la fuerza fueron medidas necesarias pero no suficientes para atender al problema, ya que este protocolo se centró en acciones individuales tanto de agentes como de la ciudadanía, sin atender a los contextos en los que estos hechos ocurrieron; es decir, sin problematizar los controles vehiculares, los operativos cerrojos y los operativos de saturación. Las muertes de Correa y Ávila no significaron ,durante 2020, una modificación de los controles vehiculares y se continuó con el uso de armas de fuego en los mismos en al menos tres hechos, que revistieron similares características en las semanas y meses siguientes.
Finalmente, destacamos la necesidad de contar con una política de datos abiertos; información sobre distribución de servicios policiales en el territorio provincial —que incluya intervenciones, uso de facultades de control de identidad y de decisiones de detención, como así también de perfiles sociales de personas detenidas—; acceso público a protocolos y reglamentaciones administrativas de actuación policial en los diversos procedimientos rutinarios de control e intervenciones extraordinarias e instancias de colaboración entre entidades científicas y gubernamentales, a efectos de llevar adelante investigaciones sobre prácticas policiales.
(*) Investigadora del Nodo Córdoba (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba) del proyecto de investigación “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un estudio interdisciplinario, multidimensional y comparativo de las formas de intervención de la fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina pospandemia”, dirigido por el Dr. José Garriga Zucal. El equipo de la FCS – UNC constituyó el Nodo 7 CIECS – UNC / CONICET y fue dirigido por el Dr. Paul Hathazy.
(**) Integrante del Nodo Córdoba (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba) del proyecto de investigación “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un estudio interdisciplinario, multidimensional y comparativo de las formas de intervención de la fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina pospandemia”, dirigido por el Dr. José Garriga Zucal. El equipo de la FCS – UNC constituyó el Nodo 7 CIECS – UNC / CONICET y fue dirigido por el Dr. Paul Hathazy.
Grupo de Integrantes del Nodo Córdoba (Nodo CIECS – UNC / CONICET): Paul Hathazy (director), Valeria Plaza Schaeffer, Susana Morales, Santiago Rebollo Silvina Meritano y el estudiante Bruno Storino.
