Por Sabrina Villegas Guzmán (*)
La autora parte de una pregunta directa respecto a la política ambiental, respecto a si en las próximas elecciones “la sociedad estará dispuesta a dar marcha atrás en su esquema regulatorio que, aunque precario e insuficiente, consagra algunos derechos y limita el ejercicio de actividades contaminantes, para delegar esos delicados asuntos al criterio exclusivo de los agentes económicos”. Advierte también sobre el “nivel de negacionismo” que evidencia el candidato presidencial de La Libertad Avanza y expone los vínculos existentes entre las luchas ambientales y “las violencias que se despliegan” en otros campos (como el de los derechos humanos, género, pueblos indígenas, redistribución del ingreso, entre otros). Por último, plantea no sólo atender a “lo que está en juego” en esta coyuntura electoral, sino también “a las numerosas cuentas pendientes de nuestra democracia” en materia socioambiental.
Una de las preguntas, quizás más inquietantes, que quedaron abiertas tras las elecciones que tuvieron lugar el pasado 13 de agosto es si en las próximas semanas nuestro pueblo confirmará la decisión de entregar su destino, sin más, a manos del capital. En materia ambiental, ello importa definir si la sociedad estará dispuesta a dar marcha atrás en su esquema regulatorio que, aunque precario e insuficiente, consagra algunos derechos y limita el ejercicio de actividades contaminantes, para delegar esos delicados asuntos al criterio exclusivo de los agentes económicos.
Dicha preocupación surge de las manifestaciones vertidas por el líder de La Libertad Avanza alrededor de un conjunto de temas relacionados con la cuestión ambiental. Al igual que otros exponentes ultraliberales del continente, como Jair Bolsonaro o Donald Trump, Javier Milei viene dando cuenta de una peligrosa ceguera ante asuntos que cuentan con amplio consenso en la comunidad científica internacional como el cambio climático o el alarmante nivel de contaminación existente en el planeta. A esta altura del debate, es bien conocida la postura del candidato sobre el primero de los puntos, al señalar que “el cambio climático no existe”, tratándose de otra de las mentiras del socialismo y, asimismo, sus polémicas declaraciones en torno al “derecho” que tendrían las empresas de contaminar los ríos. Cuesta trabajo asimilar el nivel de negacionismo que se desprenden de estas afirmaciones, en tiempos en que la crisis ecológica y el cambio climático no sólo encuentran apoyo en evidencias científicas incontrastables sino que, precisamente por su envergadura, han pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda mundial. Tampoco resulta fácil considerar la postura que sostiene que los daños socioambientales no cumplen ningún papel en el cálculo económico de costo-beneficio, cuando el mundo lleva ya varias décadas discutiendo sobre las “externalidades ambientales negativas”.
Estos extremos nos permiten llegar a la triste conclusión que, en caso de concretarse el triunfo de los libertarios en los próximos comicios, nos encontraríamos ante importantes retrocesos tanto en términos del estado del debate en materia de ambiente, como en relación a derechos conquistados. Es por ello que distintas agrupaciones, organizaciones socioambientales, investigadoras e investigadores vienen señalando que Javier Milei no debería ser el próximo presidente. A este respecto, destacadas voces en el tema —como Maristella Svampa y Enrique Viale—, han subrayado que el candidato “no será más de lo mismo”, pudiendo representar una estocada final para la institucionalidad ambiental a duras penas vigente, amén de significar —en sintonía con el recrudecimiento de lógicas represivas y ataque a los derechos humanos que planea realizar este espacio político— un peligro cierto para la vida de quienes luchan por el ambiente.
Es preciso considerar que la defensa del ambiente no ocurre de manera aislada, sino que se entrecruza con lo que sucede a nivel social-político-económico y/o con las violencias que se despliegan en otros planos. Como es sabido, los problemas ambientales no afectan al conjunto de la población de manera igualitaria. Ulrich Beck decía que “la contaminación sigue al pobre”, para indicar las dificultades que enfrentan los sectores menos favorecidos para contrarrestar los riesgos ambientales. Algo similar podría afirmarse alrededor de la suerte que corren personas racializadas o que sufren desigualdades de género. No en vano, distintas investigadoras y distintos investigadores vienen señalando que las mujeres soportan con mayor dureza el peso del cambio climático, siendo además las víctimas preferentes de extractivismos signados por el machismo y el racismo. El punto al que queremos arribar es que las afrentas dirigidas contra el campo de los derechos humanos, contra la igualdad de género, contra los pueblos indígenas, contra las políticas redistributivas y/o contra la democracia en general, tendrán más temprano que tarde consecuencias inevitables sobre las disputas que se entablan en relación al uso, apropiación y defensa de los bienes naturales comunes, porque no es posible pensar en las luchas sociales de manera desarticulada o desagregada.
Aunque no es esta la ocasión, valdría la pena darse a la tarea de sistematizar los argumentos que hacen que el feminismo o el ecologismo sean considerados un peligro para las ultraderechas. Al parecer, los nuevos libertarios entienden que en torno a estas luchas se despliega un socialismo por otros medios que justifica disponer parte de su energía política para demonizar a quienes enarbolan estas reivindicaciones o, directamente, negar el problema. En este sentido, si pensamos que el ambientalismo demanda una participación activa del Estado para reducir, mitigar y/o enfrentar las consecuencias del cambio climático, brega por la defensa de los bienes comunes, reclama el reconocimiento de derechos colectivos y de sujetxs no-humanxs, entre otros tópicos, es bastante sencillo deducir que este tipo de posiciones no se condicen con la libre regulación del mercado, ni con una comprensión del derecho de propiedad privada como un valor absoluto.
Para finalizar, sabemos que lo que exige la difícil coyuntura que estamos atravesando no es sólo prestar atención a “lo que está en juego” si triunfa el gobierno más puro del mercado, sino también atender a las numerosas cuentas pendientes de nuestra democracia, siendo necesario admitir que el balance de los últimos cuarenta años no arroja un saldo positivo en materia ambiental. Por más que se quiera mirar para otro lado, una agenda de futuro no puede desconocer la magnitud del ecocidio, que el país está literalmente prendiéndose fuego y que urge construir un acuerdo ecosocial con base en un modelo alternativo de desarrollo, lo suficientemente potente para desarmar las lógicas extractivistas que reproducen nuestra histórica condición colonial y ganar en términos de soberanía nacional.
(*) Dra. en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Mgter. en Antropología (UNC) y Abogada (UNC). Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UNC.
