Por Valeria Plaza Schaefer (*)
¿Cómo enfocar la inseguridad y la violencia institucional para evaluar, a su vez, las propuestas en juego en el proceso electoral que atraviesa el país? La autora propone desde dónde mirar estos temas centrales de la agenda pública, pero también pistas para empezar a abordarlos de manera más compleja e integral, a partir de “políticas eficaces, urgentes y necesarias como la reforma policial y judicial, la sanción de un régimen penal juvenil, una política de control de armas y de reducción de la violencia, así como también una mejor formación policial”.
En estos últimos tiempo vienen emergiendo con más fuerza discursos punitivistas, que en esta campaña electoral nacional cobraron visibilidad y protagonismo. El momento más álgido se dio días previos a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con dos hechos resonantes y lamentables: el caso de Morena, una niña asesinada en ocasión de un robo violento; y el de Facundo Morales, un periodista que falleció a consecuencia de una represión por parte de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Plaza de Mayo. Estos hechos, por un lado, marcaron el debate en un álgido y reñido contexto eleccionario; y por otro, representan las dos caras más complejas de algunos de los problemas sociales con más relevancia en la agenda política en estos 40 años de democracia: la inseguridad y la violencia institucional.
En relación a la cuestión de la inseguridad, podemos sostener que en los últimos años se registró un paulatino incremento en el uso de la violencia en las modalidades delictivas y, en particular, aparecieron casos que por su reincidencia o modalidad se presentaron como prevenibles o al menos desnudaron la inefectividad policial. Esto, sumado a otros factores como la reproducción mediática y la homogeneizacion con la que suelen reproducirse (como si fueran siempre los mismos, pese a modalides y contextos muy diferentes), convierten a la inseguridad en uno de los temas centrales de la agenda pública. La demanda ciudadana ante esto es más policía y las propuestas electorales sólo rondan en ese registro: más policías, más gendarmería o, incluso, el ejército interviniendo en este campo.
Aparece así el punitivismo como respuesta a los problemas de inseguridad: en su formato más tradicional en las propuestas de Bullrich (“el que las hace las paga”); y en un formato más devaluado, de diagnósticos sin datos, en la propuesta de Milei (“el país es un baño de sangre”). Este candidato plantea incluso una vuelta al estado de naturaleza de Thomas Hobbes, con la propuesta de la libre portación de armas.
Aunque también hay que reconocer —y para sorpresa de quienes suponían que en este tema las propuestas iban a disputarse exclusivamente en el campo punitivista, bastión de un electorado de derecha—, apareció también en estas elecciones la apelación a un paradigma más preventivo y reformista. Esto lo vemos en las propuestas de creación de “un FBI Argentino“ y de implementación de un modelo preventivo por parte de Sergio Massa, en la apelación a la inclusión social de Myriam Bregman (“solo hay salida al delito si modificamos las condiciones sociales estructurales”) y en la referencia a los Consejos Barriales y a la Policía Barrial por parte de Juan Schiaretti.
Por otra parte, la violencia institucional aparece bastante ausente en las plataformas electorales y en los debates de candidatas y candidatos presidenciales televisados recientemente. Con violencia institucional nos referimos a aquellos casos de violencia estatal cometida por funcionarios públicos con capacidad de ejercer una privación de libertad, aunque sea momentánea (como lo son los controles policiales), y que por acción u omisión involucran diferentes intensidades de violencias encadenadas (que van desde los hostigamientos policiales hasta las violencias institucionales letales cometidas en la vía publica por personal policial o en contextos de encierro por personal penitenciarios, entre otras). Estos casos, por su gravedad y su incremental presencia estadística, son de extrema preocupación, porque es el Estado mismo —ese Estado democrático al que habíamos condicionado con un “Nunca más”—, el que aparece reproduciendo las peores prácticas dictatoriales de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Y hablamos de violencia institucional porque no sólo abarca a quienes la cometen de manera directa, sino que implica y está relacionada con violencias previas y posteriores, sobre todo del Poder Judicial en los procesos de investigación posteriores.
¿Y qué tienen en común ambas aristas del problema? La principal tarea es visibilizar que ambas situaciones conflictivas desnudan, por una parte, la ineficacia del sistema penal en general y de la policía en particular. En segundo lugar, que la falsa asimilación y la reproducción de discursos de odio abonan cultivos para más violencia: reproducen el odio racial como un problema socioestructural de las democracias modernas y alimentan, en vez de reducir, estas prácticas violentas. Con ello me refiero a que es importante empezar a abordar el tema desde una problematización más compleja, para poder apelar y demandar políticas públicas integrales, que abarquen no sólo la represión al personal policial o penitenciario que las comenten, sino también un urgente protocolo de investigación y de tratamiento diferenciado de estos casos en el Poder Judicial, así como políticas de prevención de esas violencias y cambios institucionales para erradicarlas o reducirlas.
Repensar nuestras posiciones adulto-centristas, racistas y estigmatizantes puede ser un primer paso en la reducción de la revictimización de quienes atraviesan procesos de reclamo de justicia por violencia institucional, muchas veces discriminatorios y obstaculizadores del acceso a la justicia. Por otro lado, ponerlas en la agenda de manera conjunta con los problemas de inseguridad puede servir también para la implementación, a 40 años de democracia, de políticas eficaces, urgentes y necesarias como la reforma policial y judicial, la sanción de un régimen penal juvenil, una política de control de armas y de reducción de la violencia así como también una mejor formación policial; es decir, una mejor policía y no sólo más policías, puede ser la clave para vivir en sociedades más seguras y menos punitivas.
(*) Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
