Tiempos turbulentos. ¿Dónde queda la libertad, cuando no hay espacio para el pensamiento crítico?

Por Consuelo Torres D’Eramo, Carla Malvacio y Carolina Gravotta

En estos tiempos “turbulentos, de violencia y de individualidad extrema”, las autoras realizan un recorrido por medidas que el gobierno nacional viene promoviendo e implementando desde diciembre del año pasado. En una coyuntura de “sálvese quien pueda”, el trabajo hace foco en dos cuestiones: los derechos sociales adquiridos y las lógicas mercantilistas impulsadas por este gobierno. Preguntas en voz alta, sobre los desafíos que acechan en tiempos de neoliberalismo explícito, surgen de la lectura: ¿qué libertad puede existir en un contexto de retracción de derechos y de profundización de las desigualdades? ¿qué lugar le cabe a las ciencias sociales en estos momentos?.

Si analizamos la historia argentina, podemos identificar que durante los períodos de gobiernos neoliberales1 ha habido una implementación de políticas económicas y sociales que buscaron la apertura del mercado, la privatización de empresas estatales, la financiarización de la economía y la reducción del gasto público, lo cual ha generado profundos niveles de desigualdad económica, desempleo, inestabilidad laboral y un deterioro del acceso a los servicios públicos vitales, como educación, vivienda, salud. A pocos meses de comenzado el mandato del presidente Javier Milei, con su aplicación de viejas recetas neoliberales, nos encontramos frente a una profunda crisis económica, social y política.

En esta intervención tomaremos dos grandes ejes relacionados entre sí, dentro de los cuales ejemplificaremos la situación actual con algunas de las medidas tomadas hasta el momento. Por un lado, haremos énfasis en los derechos sociales adquiridos (en materia de vivienda, protesta social, salud, ciencia y educación, equidad de género); y, por otro, nos enfocaremos en las lógicas mercantilistas impulsadas por este gobierno que pone en peligro a los mismos. Como futuras cientistas sociales nos parece necesario hacer esta reflexión, porque estamos convencidas que lo que está en juego hoy es la sociedad tal como la conocemos y el estudio crítico de la misma.

En diciembre de 2023 el Estado dejó de ser el ente regulador de los alquileres2. Esto significa que todo lo correspondiente a los contratos de alquiler —como la definición de los costos, la moneda que se usará y la duración de los mismos— comenzó a depender de un acuerdo entre partes (propietarios e inquilinos), bajo el supuesto de que se encuentran en igualdad de condiciones como sujetos libres e individuales. Bajo esta lógica, los inquilinos deben negociar en una posición completamente desigual, ya que el propietario no tiene nada que perder, mientras que el inquilino se juega la posibilidad de una vivienda que se amolde a su sueldo, lugar de trabajo y condiciones de vida.

Por otra parte, se implementó un protocolo antipiquetes, en pos de “la defensa de la libertad y la paz social”. Esto se anunció a través de un comunicado de prensa oficial del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en donde se establecían las pautas y prohibiciones del protocolo, el cual habilitaba una respuesta violenta hacia los manifestantes. Este comunicado terminaba con la frase: “el que las hace, las paga”, dejando en claro la impunidad del gobierno actual en contra de quienes protestan contra las injusticias y las desigualdades3.

El gobierno también dispuso, a través de una resolución, cerrar momentáneamente la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales), dependiente del Ministerio de Capital Humano, lo que implicó el corte de entrega de medicamentos y asistencia en salud para adultos, embarazadas, adolescentes, niñas y niños con cáncer, y pacientes con enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas. Este mismo gesto se advierte en la gran ausencia de políticas de salud, de cara a la epidemia de dengue que transitamos. Sin vacunas garantizadas y sin ayuda desde Nación a las Provincias, el ministro de Salud, Mario Russo, declaró en una nota televisiva que para cuidarnos no hay nada que se pueda hacer, más que salir con remera y pantalón largo4.

Por otro lado, el gobierno realizó cambios sustanciales que afectan directamente a las políticas de género que resguardan a las feminidades y disidencias. Se derogó el cupo laboral femenino, el cual había sido creado para garantizar la paridad de género en los órganos de administración pública, asegurando una composición equitativa de cargos y acceso a los mismos5. A su vez, se suprimió la obligatoriedad de la Ley Micaela, la cual consistía en una capacitación de género para quienes trabajan en el Estado. También se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, pasado al rango de subsecretaría, quedando bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y se reemplazó el término “violencia de género” por “violencia familiar”. Se prohibió la utilización del lenguaje inclusivo y de todo lo relacionado a la perspectiva de género, entendiéndolo como una utilización “incorrecta” del lenguaje en la administración pública.

Luego de cerrar la Agencia de Noticias TELAM, Milei volvió a expresar su deseo de “tirar abajo” el CONICET, algo que ya había anunciado durante su campaña presidencial. 86 trabajadores administrativos contratados recibieron un mail que comunicaba el despido de sus cargos6. Paralelamente, se redujo el acceso a becas doctorales pasando de 1300 a 600 (menos de la mitad) y se dejó en suspenso las designaciones de quienes habían sido admitidos a la carrera de investigador/a7. Esta noticia fue celebrada principalmente a través de las redes sociales, tanto por parte de los dirigentes de La Libertad Avanza, como por seguidores del partido.

También las universidades nacionales atraviesan una situación crítica que pone en duda su continuidad, ya que no hubo una actualización del presupuesto anual, con una inflación interanual en marzo del 287,9% con respecto a igual mes de 2023, lo que puede provocar que diferentes instituciones de las universidades públicas deban cerrar sus puertas al no poder costear sueldos y/o servicios. Varias universidades del país ya comunicaron la preocupante situación y la posibilidad de no poder continuar con el dictado de las clases por los mismos motivos. Frente a esto, el pasado 23 de abril se realizó una marcha federal en defensa de la Educación Pública, a la que en Córdoba asistieron alrededor de 100.000 personas. La marcha fue una clara representación de las resistencias que surgen cuando el neoliberalismo intenta arrasar contra todo lo conseguido.

Cuando se desfinancia la ciencia y la educación, se atenta contra las instancias de reflexión sobre nuestra sociedad y la capacidad de resolver problemáticas producto de las desigualdades que el capitalismo intenta perpetuar. La ciencia comienza a estar al servicio de los intereses del sistema y abandona toda posibilidad de dar respuestas a las necesidades del pueblo (Varsavsky, 1969). Así, bajo la lógica del mercado no existe lugar para políticas sociales que busquen la inclusión, la igualdad y el mejoramiento de las condiciones de vida.

Tal como menciona Wendy Brown (2021), el neoliberalismo ataca a la justicia social y emplea una táctica del shock sobre la sociedad, atomizando a la misma para que no se movilice, protegiendo como prioridad al mercado. En este sentido, las luchas feministas, migratorias, antirracistas y populares son focos de desestabilización para este sistema, frente a las cuales las fuerzas conservadoras responden con una contraofensiva que abarca lo militar, lo económico y lo religioso. El neoliberalismo sólo reconoce a los sujetos como hombres puramente económicos, que tienen como único derecho, el derecho a la propiedad privada (Saidel, 2024).

Nos preguntamos, a partir de esto, ¿qué libertad puede existir en un contexto de retracción de derechos y de profundización de las desigualdades? El “plan motosierra” es la demostración de que la libertad sin contexto social y político es capaz de destruirlo todo. En un presente donde no se reconocen los derechos más allá de la propiedad privada y los individuos son concebidos como meros consumidores y productores, la posibilidad de seguir construyendo un conocimiento plural, inclusivo y democrático desde las Ciencias Sociales, en donde todas las voces sean escuchadas, parece eclipsado.

El ataque hacia los derechos sociales adquiridos, resultado de incansables demandas y luchas sociales, refleja el posicionamiento político del gobierno actual, que prioriza los deseos empresariales, mercantiles y financieros. De esta manera, el largo proceso de construcción democrática en nuestro país, está siendo reemplazado por un vaciamiento estatal y un desprecio por la justicia social.

El neoliberalismo desestabiliza los lazos sociales y resquebraja lo común, es esto lo que está en riesgo. No se cree en la existencia de lo social, ni en la sociedad como cuerpo colectivo. Se atribuye la libertad —entendida en términos económicos— como bandera y argumento para arremeter contra la justicia social y lo colectivo, contra los acuerdos sociales y políticos que, por lo menos hasta hoy, creíamos ya saldados. Cuando se trata de una libertad desvinculada de lo social sólo puede ser asociada a la agresividad y lo antisocial (Brown, 2021). Así, la libertad se convierte en un instrumento retórico que promueve discursos de odio, violentos y autoritarios contra cualquiera que se oponga a los principios libertarios.

En estos tiempos turbulentos, de violencia y de individualidad extrema, la libertad resuena a un desolador “sálvese quien pueda”. Ante esto, el pensamiento crítico que promueven las Ciencias Sociales y las instancias de reflexión encuentran su lugar como formas de resistencia, para propiciar el encuentro colectivo y la defensa de lo común.

(*) Estudiantes avanzadas de la Licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Esta publicación fue escrita en el marco de la ayudantía del Equipo de Investigación “Políticas del cuerpo ficción: vida, tecnologías y modos de subjetivación contemporáneos”, perteneciente al Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS), al cual las tres integrantes pertenecen.


1 Consideramos cuatro periodos de gobiernos neoliberales en Argentina. El primero durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica hasta el retorno a la democracia, desde los años 1976 a 1983; el segundo durante la 1° y 2° presidencia de Carlos S. Menem, desde los años 1989 a 1999; y el tercer periodo con la presidencia de Mauricio Macri, durante los años 2015 a 2019. Con la asunción a la presidencia de Javier Milei, podemos decir que nos encontramos ante un cuarto período neoliberal.

2 A partir del Decreto de Necesidad Única DNU-2023-70-APN-PTE que establece la derogación de la Ley de Alquileres N° 27.551. Se puede ver en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-70-2023-395521/texto

5 “Un estudio de la consultora KPMG indicaba que sólo un 10,3% de los miembros de directorios de las empresas más grandes de la Argentina eran mujeres. Luego de tres años, el porcentaje había ascendido 17,5%.” Página 12, 12 de abril de 2024, disponible en https://www.pagina12.com.ar/728483-el-gobierno-derogo-el-cupo-femenino


Bibliografía:

Brown, W. (2021) “En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente”. Traficantes de Sueños, Futuro Anterior y Tinta Limón.

Cieri, J.L. (30 de diciembre de 2023). Los alquileres después del DNU: qué contratos siguen, cómo deben firmarse los nuevos y quién tiene que pagar si hay daños. Infobae. Disponible en: Los alquileres después del DNU: qué contratos siguen, cómo deben firmarse los nuevos y quién tiene que pagar si hay daños – Infobae

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Telefe Noticias [@telefenoticias] (3 de abril de 2024) Mosquitos y dengue: el ministro de Salud habló de la falta de repelentes. https://www.youtube.com/watch?v=_2BmEfs1vu4

Varsavsky, M. (1969) Ciencia, política y cientificismo. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

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