Un Estado que profundiza los agronegocios

Por Vanesa Villarreal (*)

La autora sostiene que el modelo cordobés se configuró los últimos 23 años a partir de un “Estado asegurador agrario”, que promovió acciones con la intención de incentivar los agronegocios como el principal modelo productivo en el territorio provincial. “Desempeñó un rol legitimador de los intereses sociales particulares dominantes a nivel agrario, presentándolos como universales y asociados al bienestar general de la población”, afirma Villareal. En ese contexto, identifica los lazos entre la esfera política y la esfera económica dominante que sostienen el modelo cordobés de agronegocios y plantea la necesidad de alternativas menos nocivas para las economías regionales, la diversidad de la producción, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la salud pública y el medio ambiente. No se trata de promover una economía aislada del intercambio con el mundo, sino de “pensar en un modelo de desarrollo que tenga en cuenta las necesidades locales y la mejora en las condiciones sociales de la población”.

En la actualidad estamos en presencia de una nueva fase de producción del capitalismo, donde América Latina sigue posicionándose en desigualdad de condiciones dentro de la división mundial del trabajo, desde una posición productiva primarizada.

Esta reconfiguración implica nuevos posicionamientos y la incorporación de nuevos actores atravesados por innovaciones tecnológicas y el desarrollo del capital financiero que acompañan la producción agrícola global. Es un modelo basado principalmente en la obtención de ganancias y promovido por mercados internacionales que no permiten articular con lógicas de producción locales; dichos mercados no tienen en cuenta las necesidades de diferentes actores que no participan en la cadena de producción.

Las reformas estructurales llevadas a cabo en la Argentina y en Córdoba durante la década de 1990 generaron las condiciones para un aumento considerable de la producción y de la exportación de granos y otros productos relacionados con los commodities, así como en lo relativo a la venta de insumos, maquinarias y equipamiento. Estos procesos contribuyeron al aumento de la modernización tecnológica del sector, y generaron una mayor concentración de la riqueza en la estructura agraria.

En la provincia de Córdoba, en consonancia con lo acontecido a nivel nacional, si se consideran sus principales actividades productivas y su territorio, se introdujo la lógica del modelo agrario dominante. Este proceso fue ampliamente favorecido desde las instancias gubernamentales provinciales, tomando en cuenta, particularmente, el accionar de los poderes ejecutivo y legislativo.

Al caracterizar el modelo a nivel nacional, Cantamutto y Schorr sostienen que “la dependencia de la economía argentina respecto de los grandes proveedores de divisas por la vía exportadora se vuelve más evidente cuando se considera que, por ejemplo, en el periodo 2015-2019 las ‘primeras 50’ firmas del panel dieron cuenta de aproximadamente 90% del superávit general (y de casi 100% en 2019). Así, de manera sistemática, un puñado de sectores y grandes agentes económicos actúa como fuente de divisas, con cierta independencia de si este excedente es captado por el propio empresariado o redirigido en parte por el Estado para fomentar alguna otra producción” (2021:5).¹

Un ejemplo de los resultados a que han conducido los procesos de cambio indicados en el párrafo anterior puede ser expresivo de su incidencia en el territorio cordobés: la conservación en la provincia de Córdoba, en la actualidad, de apenas 3% de su bosque nativo no representa sino una de las consecuencias de las medidas impulsadas por las autoridades gubernamentales provinciales durante los últimos veinte años (más exactamente: durante los últimos veintiséis años); medidas destinadas a la promoción del monocultivo transgénico y su consolidación como la principal actividad productiva en el orden provincial. Esto ha tenido lugar en correspondencia con las mismas concepciones impulsadas por los sucesivos gobiernos nacionales en el mismo período de tiempo, dentro de una especie de “triangulación” entre diferentes niveles del Estado, empresarios del agro y organismos internacionales.

El proceso de descentralización generado durante la década de 1990 favoreció una ampliación de la autonomía de los gobiernos provinciales y locales, a partir de la cual estos comenzaron a tener mayores posibilidades de elaborar y sancionar marcos jurídicos y políticas públicas propias. En este orden, el Estado provincial de Córdoba, actuando como Estado asegurador agrario según nuestra terminología, ha promovido acciones con la intención de incentivar los agronegocios como el principal modelo productivo en el territorio provincial, mediante iniciativas concretas y específicas. Al mismo tiempo, generó meros paliativos orientados a amortiguar los efectos nocivos de dicha orientación sobre los sectores excluidos o menos favorecidos de la cadena de producción implicada por la agricultura transgénica. De esta manera, damos cuenta de las contradicciones estatales visualizando la complejidad implicada por la trama social, en cuyo contexto se produce la constante disputa entre sectores sociales por promover sus intereses en un marco de desigual distribución de recursos y de poder, así como en la arena estatal.

Nuestra intención es remarcar la articulación entre la lógica del Estado y la lógica del mercado en relación con la asignación de los recursos, en cuanto a la elaboración e implementación de políticas públicas y acciones concretas por parte de funcionarios públicos que tienden a favorecer determinadas actividades productivas. En definitiva, apuntamos a identificar los vínculos de reciprocidad entre sucesivos gobiernos y sectores privados, pertenecientes al mundo empresarial. Esto, entre otras dimensiones de análisis, nos permite explicar e interpretar la vigencia de relaciones de fuerza entre las distintas clases y grupos sociales en sociedades tan desiguales como las nuestras.

La provincia de Córdoba se ubica en el segundo lugar en la tabla de posición con respecto a la producción de granos, a nivel nacional. El gobierno de la provincia de Córdoba continuó elaborando e implementando políticas públicas durante los últimos veintiséis años, incluso en el período de pandemia de Covid-19. A modo de ejemplos podemos hacer referencia a cinco acontecimientos que han tomado trascendencia pública, algunos de años recientes y otros muy actuales. Estas situaciones seleccionadas nos permiten trazar una imagen de los lazos entre la esfera política y la esfera económica dominante presupuestos por el modelo cordobés de agronegocios:

1. El Ministerio de Agricultura y el de Ciencia y Tecnología, junto con la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, lanzaron una convocatoria en el 2020 con el objetivo de desarrollar herramientas de software y gestión de datos denominadas agtech (nuevas tecnologías aplicadas al agro). Al respecto, Sergio Busso, ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, remarcando las posibilidades de crecimiento de la producción agropecuaria y el importante rol que la tecnología avanzada podría tener allí, expresó: “el sector productivo es el único que ha quedado en pie y que tiene potencialidad de crecimiento. Buscamos potenciar ese concepto de la ‘vaca viva’: para seguir agrandando la torta se necesita más productividad y más eficiencia, y el camino es la innovación tecnológica”.²
2. Se sancionó, en marzo de 2017, el decreto del gobierno provincial que creó el programa Buenas prácticas agropecuarias, luego transformado en la ley Nº 10.663 (2019). Su objetivo es premiar, a través de aportes económicos, a productores que se encuentren “innovando permanentemente” de forma sustentable y cuidando los recursos. En ambos casos se trata de desarrollo de programas y marcos jurídicos elaborados e implementados por el gobierno provincial y que tienden a favorecer la expansión del agronegocio.
3. Se modificaron dos anexos de la Ley de Política Ambiental (10208/14); esta reforma, efectuada el 18 de agosto de 2022, constituye un guiño a empresarios relacionados con el modelo de agronegocios, a empresarios inmobiliarios y a empresarios de la telefonía.³ La nueva ley exime de presentar estudios ambientales y audiencias públicas para la intervención en distintos territorios provinciales, habilitando el avance comercial sobre el monte nativo, cuencas hídricas y áreas de reserva.
4. El gobernador Juan Schiaretti anunció la construcción de 12 nuevas plantas de biodiesel en el marco de un programa que busca fomentar un mayor consumo de biocombustibles en flotas del Estado y de empresas. Éstas se suman a las ocho que ya fueron acordadas y totalizan 20.⁴
5. Finalmente, el acontecimiento más actual es la construcción de una autovía en Punilla. Una ruta de 43,5 kilómetros de largo ubicada sobre bosques nativos y lugares arqueológicos, que desplaza a pobladores y permite el desmonte en territorios con protección máxima (roja). La autovía es parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo proyectado para facilitar el tránsito de granos, entre otras mercancías, y así seguir fomentando el modelo de agronegocios.⁵

En la actualidad, dicha política continúa vigente porque aún permanecen las cadenas de valor globalizadas y el predominio del capital financiero sobre el industrial. En este sentido, se visualizan políticas públicas destinadas a mantener, e incluso profundizar, el modelo agrario dominante.

Reflexiones finales

El Estado provincial desempeñó un rol legitimador de los intereses sociales particulares dominantes a nivel agrario, presentándolos como universales y asociados al bienestar general de la población.

La negación o subestimación demostradas por los gobiernos de Córdoba respecto de las múltiples consecuencias nocivas del modelo de agronegocios en diferentes dimensiones y aristas de la realidad provincial –por ejemplo: sobre las economías regionales, la diversidad de la producción, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la salud pública, el medio ambiente y sobre la calidad de los suelos- llevó a que sectores de la ciudadanía de Córdoba se posicionaran como pioneros a nivel nacional en la lucha por reivindicaciones socioambientales, en un escenario de recurrentes y gravitantes formas de conflictos sociales en ese plano. Visibilizando aquellas consecuencias perjudiciales del modelo agrario dominante en la provincia, organizaciones colectivas y actores individuales interpelan actualmente al Estado provincial, denunciando sus responsabilidades y complicidades por acción u omisión.

La realidad social, de la manera en que está organizada, particularmente en lo referido a las relaciones de fuerza entre distintos grupos sociales que la constituyen, es producto, en parte de decisiones políticas y no solamente de procesos estructurales y económicos. Las decisiones y luchas políticas, desde nuestra perspectiva, constituyen un capítulo importante no solo respecto del mantenimiento sino también de la forma en la que se distribuyen todo tipo de recursos valiosos, materiales y simbólicos en una sociedad.

No promovemos ni planteamos una economía aislada del intercambio con el mundo; lo que remarcamos es la necesidad de pensar en un modelo de desarrollo que tenga en cuenta las necesidades locales y la mejora en las condiciones sociales de la población. En este sentido, es necesario debatir sobre cuestiones que incluyen la ciencia y la tecnología, lo productivo, lo financiero, lo organizacional y la política, porque de todos esos factores depende, en gran medida, cómo se habrán de redistribuir los recursos valiosos en nuestras sociedades.

Es necesario interpelar, desde una perspectiva crítica, el modelo agrario hegemónico: en esta tarea, es esencial que los ciudadanos y ciudadanas se apropien del espacio público, organizándose colectivamente para impulsar distintas iniciativas dirigidas a democratizar los procesos de toma de decisiones de alcance público que afectan a la sociedad en su conjunto, debatiendo qué modelo de desarrollo es pertinente profundizar y a qué intereses sociales debe responder, especialmente, dicho modelo.

(*) Politóloga, Doctora en Ciencia Política, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Integrante del equipo de investigación “Transformaciones agrorurales de la provincia de Córdoba: sujetos, tramas y políticas” subsidiado por la UNVM.