Agendas, perspectivas y escenarios. Las juventudes más allá de los estereotipos

Por Pablo Vommaro, Eva Da Porta y Nicolás Giménez Venezia.

Pablo Vommaro, Eva Da Porta y Nicolás Giménez Venezia coordinaron este dossier sobre juventudes, participación y procesos políticos latinoamericanos. Con el objetivo de propiciar un espacio de debate e intercambio de miradas, invitaron a Sergio Balardini (*) y Melina Vázquez (**) y les propusieron una serie de nudos problemáticos para reflexionar. El punto de partida fue el décimo aniversario de la sanción de la “Ley de Voto Joven”, aprobada en octubre de 2012. Pero la conversación se bifurcó hacia los imaginarios, las representaciones y los sentidos construidos sobre las juventudes desde el mundo adulto. Se repasaron agendas y se reflexionó sobre las recientes tomas de escuelas secundarias, tanto en la ciudad de Buenos Aires (CABA) como en otras ciudades. El cierre fue una invitación: una apertura a pensar las continuidades y rupturas en las experiencias juveniles de esta última década, sus condiciones estructurales y los nuevos escenarios con relación al vínculo entre jóvenes y organizaciones de derecha.

Nicolás Giménez Venezia: Un primer eje sobre el cual nos interesa consultarlos está vinculado a la política, las políticas y las decisiones institucionales con relación a las juventudes y, más particularmente, respecto a la Ley de Ciudadanía Argentina¹ -conocida como “Ley de Voto Joven”-, a 10 años de su sanción. ¿Qué significados y qué representación de la política pone en juego la ley? ¿Había antecedentes respecto a la sanción de la misma, pensando en torno a las discusiones y debates públicos y no tanto en términos normativos o jurídicos? Y por último, en estos 10 años, ¿cómo se fue implementando, contemplando también las diferentes jurisdicciones subnacionales?.

Sergio Balardini: En relación a esto, la primera cuestión a tener en cuenta es el escenario. ¿Y cuál era el escenario en ese momento, para que se aprobara una ley de esas características? Esencialmente, hay dos cuestiones a considerar. La primera, que estábamos en un período de creciente ampliación de derechos. Podemos mencionar muchas cosas en ese sentido: más derechos para personas mayores, para trabajadoras y trabajadores, para la niñez, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género; o sea, había una cantidad de situaciones que remitían a un escenario de ampliación de derechos. La otra cuestión, también en crecimiento, era el reconocimiento a la participación juvenil. Ambas se interceptan en ese momento. Ese contexto fue clave, porque muchas veces decimos que se producen ventanas de oportunidad en la historia, que no siempre se mantienen abiertas; ese el momento en que se puede ingresar con determinados debates, aun con resistencias, y luego está en los actores políticos de cada momento si los impulsan o no.

También habría que destacar algunas cosas importantes sobre los paradigmas que se discutían en ese momento: más allá de la Convención de Derechos, estaba la Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se aprueba en 2005, unos años antes, pero que también refiere a ese mismo contexto. Ese fue el espacio en el que la ley se puso en juego. De hecho, gran número de representantes que la apoyaron remiten a eso, al decir: “Bueno, esto debe leerse en el plano de la ampliación de derechos que se viene desarrollando”, y a partir de ahí también las críticas. En el debate parlamentario muchas de ellas se referían no a la ampliación de derechos, sino al grado de la misma; por ejemplo, qué significaba que el derecho al voto se estableciera como obligatorio pero sin sanción, que implicaba en la práctica que fuese voluntario; entonces, muchos legisladores decían: “No, debe ser obligatorio, porque obligación sin sanción no es obligación y queremos que sea un derecho pleno”. Era una crítica, podríamos decir, maximalista; estaban de acuerdo, pero consideraban que debía ser un derecho completo. O también estaban quienes hacían algún juicio crítico, pero referido a que existía un sinnúmero de carencias que las y los jóvenes están viviendo -como, de hecho, en casi todo tiempo histórico-, y decían: “Tienen un montón de derechos que están instituidos por ley, pero en la vida material no se advierte que estén garantizados. Entonces, por qué preocuparnos por ampliar derechos si todavía no estamos en condiciones de garantizar los que ya tienen”. Ese era un tipo de discusión que iba a favor de la ampliación, pero ponía algunas críticas de tipo maximalista. Es lo que se advertía en su momento y si hoy releemos el debate aparecían estas cuestiones. En suma, la cuestión del escenario fue muy importante.

Melina Vázquez: La intervención de Sergio abre el debate y me permite situar algunas otras cosas que quería plantear. Pensaba, justamente, que la cuestión del voto joven puede leerse en relación con ese contexto, pero también vinculada a una perspectiva histórica respecto a lo que fue la ampliación del derecho electoral en Argentina; desde ese votante varón y propietario, que fue sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, pasando por la Ley Sáenz Peña, por el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas, por la Ley de Cupo Femenino, hasta llegar a esta reforma de ley por el voto joven. Cada uno de esos momentos configuró escenarios particulares de ampliación de derechos, de acuerdo con transformaciones sociales más amplias, que sin duda están vinculadas a dinámicas locales pero también internacionales, porque estos contextos se empiezan a ver en distintos países de la región y los debates encuentran puntos de contacto.

Por otro lado, es una normativa que encontramos asociada también a la Ley de Centros de Estudiantes. En la historia argentina, la organización estudiantil ha sido y sigue siendo muy significativa y relevante, pero también en ese clima de época se aprobó una ley que vino a legitimar y a dar lugar a esa herramienta tan valorada por las y los estudiantes -como son los centros-, tratando de escapar de las problemáticas que hubo históricamente con respecto a ello, pues la conformación de los centros de estudiantes dependía de variables que tenían mucho que ver con el tipo de escuela, con las autoridades, con los diálogos dentro de los espacios institucionales y también con el hecho de que no todas las formas de organización y participación estudiantil se agotan en el formato de centros. Pero esa ley expresa ese clima de época, en relación al cual también se puede leer la Ley del Voto Joven, un conjunto de políticas públicas y un discurso que va a valorar la participación, con los claroscuros que trataba de establecer Sergio y que me parece importante plantear. Por un lado, una cuota de adultocentrismo; paradójicamente, esta idea de dar voz, de dar espacio y de promover la participación, muchas veces aparece asociada a la voz de adultos que les dicen a los jóvenes “ustedes tienen que participar y tienen que hacerlo a través de este tipo de formatos” (centros de estudiantes, voto o lo que fuera), lo cual no deja de ser paradójico, porque muchas veces dar el espacio es permitir que surjan esas iniciativas desde las propias experiencias organizativas. Y digo esto porque, a diferencia de esa mirada histórica acerca de cómo se fue ampliando el derecho electoral, la cuestión del voto joven no estaba en la agenda de las juventudes organizadas. Sin dudas se incorporó y empezó a ser parte de sus debates, pero no era un reclamo, como sí lo era la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario o la legalización del aborto. Ahí aparece una de las paradojas de la cuestión participativa, que en un clima de época es legitimada y se confieren derechos políticos, pero esto surge de la voz y de la perspectiva adultas, lo cual no deja de ser algo que habilita, pero también invita a pensar tensiones o problemas.

Hay otras tensiones que también se pueden pensar en relación con esto, como por ejemplo el carácter optativo que tiene el voto joven -que ya sugería Sergio-; esa idea de una ciudadanía “minorizada” -y uso esta palabra a propósito, de manera provocadora-. Cuando miramos efectivamente cómo votan quienes tienen entre 16 y 17 años, lo hacen -en promedio- menos que las otras franjas de edad; por ejemplo, en un estudio que hizo la Subsecretaría de Asuntos Políticos a partir de los datos de la Cámara Nacional Electoral en la elección de 2019, se advertía que el porcentaje de votantes de 16 y 17 años es 20% menor que el de las demás franjas de edad. Obviamente que el carácter optativo podría explicar esa situación, pero también la falta de familiaridad con el acto electoral. Por eso muchas acciones estatales y no estatales van a trabajar sobre ese aspecto. UNICEF, por ejemplo, ha lanzado campañas a través de las cuales buscó trabajar sobre todo con estudiantes, para familiarizarlos, ponerlos en contexto con respecto a qué es ese acto electoral, qué significa, cómo hacerlo. Sabemos que muchas veces las boletas presentan algunas dificultades y, en ese sentido, podría ser necesario un proceso de socialización que acompañe esta ampliación de derechos políticos.

Otras tensiones presentes en los debates van a surgir en torno a qué implica que las juventudes puedan elegir, pero no necesariamente ser elegidas. Y también los discursos a favor y en contra, desde los propios adultos, respecto a habilitar esta participación. Sí advierto, de todas maneras, que desde los distintos espacios políticos, más allá de las posiciones que se hayan tomado en el debate parlamentario, el voto joven fue incorporado a la agenda. Y captar ese voto joven es algo que se ha incorporado, por lo menos desde 2011 a esta parte, y empieza a haber un lenguaje de la política dirigido hacia las juventudes en contextos electorales, aunque no solamente en esos contextos.

Sergio Balardini: En diálogo con esto que señala Melina, hubo una cuestión que me sorprendió cuando realicé una relectura del debate parlamentario respecto de esta ley, y no porque en su momento no apareciera, pero contrastado lo advertí con más fuerza. Y me refiero a la voz generacional, en este caso de las y los adultos del sistema político, que cuando fundamentaban hacían referencia a su propia juventud; es decir, de algún modo daba la sensación de que las y los legisladores/as también participaban en esta sanción de la ley como saldando algún tipo de deuda generacional. Por supuesto, esto es indemostrable, pero es muy interesante escuchar los discursos de unas y otros, diciendo “nosotros, que cuando éramos jóvenes… no puede ser que hoy en estas circunstancias no le demos a los jóvenes…”, o “nosotros, que en su momento militamos así, no comprendamos que …, o habilitemos a…”. Entonces, había esto que señala Melina, una lectura adultocéntrica -bienhechora si se quiere, pero claramente adultocéntrica-, donde se advierte una suerte de saldo de deudas de las propias historias de militancia y la fuerte pregnancia que ha tenido la militancia juvenil de los años sesenta y setenta en esa generación, o en buena parte de la generación de quienes legislaban y sancionaron esta ley. Porque además, si uno analiza los cortes de edad muchísimas y muchísimos tuvieron su militancia juvenil en los años setenta; entonces remiten a su imaginario, que es el de una masiva participación juvenil. De hecho, también en muchos de sus discursos expresan que si no existe esta demanda por parte de las y los jóvenes, confían en que la ley la va a promover, en que sabrán cómo utilizarla para motorizar y promover la participación. Es decir, había una lectura de carácter ciertamente adultocéntrica, en todo caso motivada en estimular la participación juvenil, que claramente estaba situada en una suerte de -podríamos decir- misión generacional, que de alguna manera se cumplía también.

Y otra cuestión que quiero comentar es que, cuando la ley se aprueba, no eran muchos los antecedentes de legislaciones similares, aunque sí los había. Por ejemplo, en Brasil se podía elegir para la presidencia a partir de los 16. Otro antecedente interesante fue, por esos años, que para sus elecciones internas el Frente Amplio en Uruguay habilitó el voto a partir de los 14 años; si bien no era una definición de tipo estatal, pero lo era de un sujeto político importante en el sistema político uruguayo. Y en Argentina había tres o cuatro municipios que permitían votar autoridades locales a partir de los 16, algo que se conoce muy poco. Luego, claro, con el debate de esta ley, la mayoría de las provincias adecuaron sus propias legislaciones, pues si podían votar para la presidencia a los 16, como no iban a poder votar para la gobernación, la intendencia o el concejo deliberante. Sin embargo, no tuvimos la misma suerte -y esta es otra crítica desde lo maximalista, o desde una perspectiva de mayor ampliación de los derechos-, para que se bajara la edad a partir de la cual ser elegible. También hubo un proyecto sobre una cuota juvenil en las listas (del 20%), que tampoco prosperó, y tampoco se aprobó que pudieran ser autoridades de mesa. Entonces, quedaron cosas para profundizar esa ampliación o para avanzar sobre ellas.

Melina Vázquez: Hablamos de la ampliación de derechos políticos, pero la pregunta es si esto supone -recuperando lo que decía Sergio- una ampliación generacional del derecho a la representación política, en términos más amplios. Por ejemplo, no bajar la edad a partir de la cual las personas pueden ser elegidas como representantes expresa, sin lugar a dudas, una tensión. Están los problemas de poder pensar quiénes eligen -es decir, a qué edades se puede votar-, a quiénes se puede elegir y qué quiere decir ser elegida o elegido como joven. Y esto entra en contacto con la cuestión de los cupos, que tampoco es algo que está en la agenda de los colectivos juveniles, como sí ha estado históricamente para las mujeres y para algunas minorías. Y como hacemos ciencias sociales, también una de las paradojas que se nos presenta es decir que la edad es una construcción social. Pero bueno, dentro de esa construcción social, tener 16 o 18 años habilita o inhabilita cierto tipo de derechos.

Pero sí quiero conservar esta mirada de raíz sociológica para pensar acerca de qué quiere decir ser elegido/a como joven; supongamos que se reduce la edad para poder ser legisladora o legislador en cualquiera de las cámaras, ¿qué quiere decir con respecto a las causas juveniles?. Pensaba, por ejemplo, el caso de Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires; sin dudas ella podría ser pensada como una representante joven, pero ¿en qué medida?. En la medida en que ella ha militado por causas juveniles, ha tenido protagonismo dentro de las tomas y de las movilizaciones estudiantiles, en la medida en que propone una agenda generacional. No alcanzaría con tener una edad menor a 20 o 25 años, si no en pensar quiénes expresan de manera genuina esa agenda juvenil. Y el desafío, como siempre, de que no sean las y los adultos quienes busquen expresar esa idea respecto a qué es ser joven, siempre fuera de tiempo. Porque coincido mucho con Sergio con que en los debates parlamentarios, tanto sobre la ampliación del derecho al voto como en la Ley de Centros de Estudiantes, las razones que se esgrimieron a favor y en contra fueron inevitablemente una proyección de la propia experiencia; la presencia de esas subjetividades políticas poniéndose en juego, lo cual es interesante pero no suficiente, porque reincide en el adultocentrismo, que es una de las formas en las que se ponen de manifiesto las relaciones de poder. Lo hemos podido tematizar con el patriarcado, y es necesario poner este acento cuando pensamos en qué queremos decir cuando hablamos de adultocentrismo, pues hablamos de relaciones de poder.

Pablo Vommaro: Un segundo punto sobre el cual queremos conocer sus reflexiones, que en parte ya han abordado en este diálogo, tiene que ver con los imaginarios, las representaciones y los sentidos construidos sobre las juventudes o hacia la juventudes desde el mundo adulto o desde la sociedad en general -si es que eso existiese como tal-. Y también poner en relación la sanción de esta Ley de Ciudadanía Argentina con otros debates legislativos y normativos sobre el lugar social de la juventud, como por ejemplo la cuestión de la baja o no de la edad de imputabilidad, o la propuesta de reponer el servicio militar obligatorio -ya sea, como servicio de formación social, cívico o de formación en valores-. Y también ponerla en vinculación a cómo se reconocen otras formas de participación juvenil que no sean únicamente la electoral o la vinculada con el sistema político. Y, en ese mismo sentido, cuáles les parecen que son las agendas pendientes que deja la ley.

Sergio Balardini: Voy a tomar en primer lugar esta cuestión de las alternativas al servicio militar, que cada tanto se ofrecen. Lo primero que hay que reconocer es que esos proyectos muchas veces se presentan la semana posterior a algún conflicto social en que las y los jóvenes tuvieron protagonismo, y entonces pareciera que surgen como forma de disciplinar. Con esto también quiero decir que, cuando aparecen estos proyectos, también evalúan una suerte de ventana de oportunidad: hay un cierto malestar social con las y los jóvenes por parte de un sector importante de la sociedad, por determinadas circunstancias, y entonces aparecen quienes legislan y se ofrecen como plataforma para presentar proyectos de ley que intentan ser un modo especial de encauzar algún tipo de participación. Eso se advierte con prístina transparencia.

En segundo término, hay una cuestión en la que algunos venimos insistiendo desde los años noventa, con sucesivos fracasos, y es que el servicio militar en Argentina no está eliminado, está suspendido. Y cuando hablamos acerca de estas cuestiones con juventudes políticas, insistiéndoles en que conversen con los legisladores de sus partidos para trabajar ese tema, primero aparece la sorpresa, porque parecería que una cierta facticidad estaría confirmando que no hay servicio militar en Argentina. Pero no está eliminado, está suspendido, y bajo ciertas condiciones el Poder Ejecutivo rápidamente puede ponerlo en marcha. Con lo cual, hay mucho desconocimiento alrededor de este punto, incluso por parte de quienes promueven nuevos servicios -sino militares, muy parecidos a eso-, porque se buscan servicios sociales que se llevan adelante al interior de regimientos, lo cual está mostrando que lo importante no es tanto la formación en armas, sino un disciplinamiento sobre determinados marcos ideológicos. Entonces hay tareas pendientes en términos de agenda, y una de las más importantes es la eliminación definitiva del servicio militar, que todavía no sucedió. Y ya transcurrieron 28 años del caso Carrasco², que llevó a la suspensión del servicio militar. Hubo algún proyecto para la eliminación definitiva, incluso con apoyo de distintos espacios políticos -es decir, con firmas que involucraban a más de un espacio-, que sin embargo no llegó al destino que podría haber tenido. Entonces, podemos discutir la presencia de nuevos proyectos, pero de fondo no se eliminó el servicio militar obligatorio, por lo cual queda claro que, si entramos en un escenario político complejo de conflictividad social, seguramente habrán voces legislativas intentando activarlo por una u otra vía.

Otra cuestión es la del régimen penal y la baja en la edad de imputabilidad. Mi impresión, por algunos diálogos que he podido tener, es que la obligatoriedad sin sanción para el voto joven tenía que ver con establecer una zona en esa franja de edad que no fuera identificable automáticamente con los derechos a partir de los 18 años, para que eso no pudiera ser un argumento a la hora de bajar la edad de imputabilidad; es decir, que no pudiera argumentarse la completa disponibilidad de las y los jóvenes para un régimen penal asociado al voto obligatorio a los 16 años. Entonces, hay una modalidad distinta, de otro tono, que es la de ser un voto obligatorio pero sin sanción, que de alguna manera expresa que no es idéntico a una persona de 18 años. Y esa fue una enorme polémica -y lo sigue siendo-, pero permite no identificar a esta franja de edad en una discusión por el tema del nuevo régimen penal juvenil, que por supuesto tenemos pendiente.

Melina Vázquez: Es interesante pensar en torno a esta mirada punitiva, asociada a un debate que -coincido con Sergio- suele ser coyuntural, que aparece a partir de casos emblemáticos que despiertan en la agenda mediática una urgencia que en otros tiempos pareciera que no existe, y que tiende a consagrar esta relación entre joven – pobre – de sectores populares – delincuente, que siempre está como disponible para ser actualizada, pero que en estos casos particulares copa la agenda público-mediática.

Y otro contexto en el que suelen aparecer estos discursos de mano dura y punitivistas es el contexto electoral. La pregunta que queda flotando es ¿por qué criminalizar a la juventud reditúa políticamente?, un interrogante que me parece importante. Justamente cuando estamos hablando de estos otros derechos políticos, ¿por qué reaparece está criminalización y esta persistencia en una mirada punitiva sobre las y los jóvenes, sobre todo de sectores populares? Y hay otra categoría potente y que se está tratando de sustentar, no solo teóricamente sino a partir de datos reconstruidos de manera sistemática en toda América Latina y el Caribe, que es la de “juvenicidio”, que muestra “el asesinato sistemático por goteo” de jóvenes, como dice José Manuel Valenzuela. Y vuelvo sobre las agendas del feminismo, porque así como hemos podido problematizar las relaciones de poder y estamos pudiendo hablar de patriarcado, así como se ha podido instalar la figura del femicidio como un agravante ante un crimen, construir la categoría de “juvenicidio” es una deuda y algo que tenemos pendiente, no solo en términos teóricos, sino también como una categoría que nos permita pensar socialmente más allá del mundo académico, reflexionando los efectos que podría tener en términos legales.

También hay otras figuras que circulan en torno a estas normativas, por ejemplo la del joven, aspiracional y voluntarista. Porque justamente estos servicios cívicos que se proponen articulan dos cuestiones: una mirada punitiva, con la idea de que con la mano dura, el rigor y el orden van a salir de la situación en la que están. Lo cual expresa que las posiciones que ocupan las personas en el mundo social -sobre todo los jóvenes de sectores populares-, lejos de obedecer a desigualdades estructurales y a dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades, obedecen a una coyuntura que con la voluntad, el esfuerzo, el orden y el trabajo va a lograr superarse. Esa es otra figura que también está ahí disponible y en algunos momentos vuelve a surgir, en algunas gestiones de gobierno es más recuperada y movilizada que en otros, pero sin duda está muy presente.

Y después ocurre que la cuestión participativa convive con estas miradas punitiva, aspiracional y voluntarista, no siempre está asociada a la ampliación de los derechos políticos -como estamos discutiendo en este caso-, sino que muchas veces también tiene una connotación neoliberal; de hecho en los años noventa -en Argentina en particular, pero en la región también- se alentó la idea de que participar era contrarrestar el mal funcionamiento del Estado, que la participación ciudadana era un contrapeso a ese Estado ineficiente, grande y corrupto. De allí todo el ímpetu que se le dio a la cuestión de la participación de la sociedad civil. Entonces, desde discursos que no tienen que ver con fortalecer el Estado y las instituciones sino todo lo contrario, la cuestión participativa también está muchas veces en agenda.

Sergio Balardini: Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Melina y agregaría algunas cuestiones. Por supuesto, mi impresión es que la agenda de género desbordó todo, también las cuestiones generacionales, y si hay alguna novedad hay que buscarla dentro de la agenda de género. Ahora, en ese marco, tenemos algunas cuestiones de agenda que son las históricas y estructurales, en términos de acceso y calidad de la educación, y en términos de trabajo, la posibilidad de tener un empleo digno. Estas dos cuestiones están presentes y siguen siendo muy fuertes para la sociedad argentina, y en particular para las y los jóvenes, pero son estructurales, no contingentes.

Otro tema cuya presencia hay que destacar es el ambiental. Porque, a diferencia de hace unos pocos años atrás, cuando esencialmente aparecía más vinculado a ciertas juventudes urbanas con algún tipo de preocupaciones, cada vez más las encuestas están revelando que la preocupación ambiental es intersectorial -diríamos hoy, con nuestros nuevos términos-, que atraviesa a muy distintos grupos de jóvenes, a chicas y chicos de diferentes condiciones sociales. Y uno observa en los territorios y aparece el tema ambiental como una preocupación; digo ambiental, y no cambio climático, pues no son la misma cuestión, lo sabemos, aunque en algún caso dentro de lo ambiental aparece la preocupación por el cambio climático; pero el tema ambiental es muy fuerte en la agenda y allí las y los jóvenes gradualmente se van pronunciando cada vez más, autogenerando organizaciones. En este caso particular, tiendo a pensar que el sistema político tradicional en Argentina no tiene hasta el momento un espacio que pueda encauzar esa demanda, a diferencia de otros países en donde existen partidos “verdes” u otro tipo de organización o plataforma política. Entonces, lo que estamos viendo son formas de organización más bien autónomas, desde la sociedad civil, con mucho protagonismo de jóvenes.

Pablo Vommaro: A propósito de esto que planteaba Sergio, está bueno pensar en las agendas porque tiene que ver con qué significa ser electo como joven; qué significa ser portavoz, emergente o referente de las agendas generacionales, como puede ser la de género y disidencias, o la ambiental. Está configuración de agendas también está vinculada al lugar generacional de las juventudes en la política en general, o en el sistema político en particular. Pero ya moviéndonos hacia el tercer núcleo problemático que les queríamos proponer, ustedes han referido al adultocentrismo en cuanto a jerarquías, desigualdades intergeneracionales, relaciones de poder que implican subalternización o subordinación intergeneracional. ¿Qué nos dice esta ley respecto de esas voces juveniles que son escuchadas o no, o del lugar social de las juventudes, tanto en la posibilidad de escucha de sus voces, propuestas y demandas, como también de la participación en espacios de toma de decisiones? ¿Cuál es el lugar de las juventudes en las decisiones de los asuntos que atañen directa o indirectamente a sus vidas? También hemos discutido muchas veces qué entendemos por políticas públicas de juventudes y sabemos que no son solo las sectoriales.

Y un comentario respecto a algo que pensamos con Eva y Nicolás, que tiene que ver con las recientes discusiones acerca de las ocupaciones o tomas de las escuelas secundarias, tanto en la ciudad de Buenos Aires (CABA) como en otras ciudades³. ¿En qué punto en este problema, vinculado con el adultocentrismo y con las desigualdades intergeneracionales, habría que responsabilizar a padres y madres por la acción de sus hijes, cuando estos hijes están en cuarto o quinto año del secundario y pueden votar para elegir presidente? Esperemos que no piensen los gobernantes locales que sus padres tienen que influirles en el voto, pensamos que creen en el libre albedrío de las juventudes. Sin embargo, cuando ocupan colegios sí son llamados sus adultos responsables, sus padres y madres, para indicarles que deben sancionar a sus hijes por un supuesto delito o falta que están cometiendo personas que tienen mayoría de edad civil. Mencionamos esto solamente como un comentario, porque ustedes trajeron el paralelismo con la agenda de género y de disidencias. ¿Qué pasaría si hay una marcha de mujeres y el gobierno local llama a los maridos para decirles que sus mujeres, por favor, no salgan a la calle? Claramente, sería una aberración total. Parte de la invisibilización de la agenda juvenil es que no tomamos como aberrante que el gobierno llame a las y los adultos para intentar que sancionen a las juventudes movilizadas.

Sergio Balardini: ¿Qué produjo la ley o qué facilitó? Primero, un gran debate, y tratar de estar más en sintonía con los nuevos paradigmas respecto a qué significa ser joven, ser adolescente, en nuestra sociedad, allí cumplió un rol. Sin embargo, no podemos decir que haya sido simétrica la productividad de la ley en cuanto a conseguir que tengamos legisladoras y legisladores jóvenes en las cámaras, sino que siguen siendo mayores a cuarenta años o cincuenta la gran mayoría. Eso significa que el poder político sigue en manos del mundo de las y los adultos/as. No es la mejor escena, y quizás esté asociada también a la discusión no exitosa en relación al tema del cupo juvenil. Sin embargo, lo que quisiera enfatizar es que los partidos políticos necesitan -y disculpen que utilizo una palabra tan fuerte- de mucha presencia juvenil, en flujo y permanente; porque si estamos todos de acuerdo en que la sociedad cambia a una velocidad vertiginosa, que cada vez hay más innovaciones, que cada vez los sucesos son más difíciles de interpretar, entonces ante eso es más necesario que haya una presencia juvenil importante, porque las y los jóvenes traen el conocimiento de lo nuevo, esa sensibilidad que es absolutamente imprescindible para procesarlo, que no es solo un saber intelectual. Y esas sensibilidades las tienen las nuevas generaciones, por tanto hace falta una renovación permanente y más amplia de los dispositivos políticos. Si antes alcanzaba con la representación formal -en donde el comité ejecutivo de un partido tenía un representante por la juventud-, eso no puede existir más. Lo que hay que pensar hoy es un dispositivo a través del cual los ejecutivos partidarios tengan una proporción importante de las y los jóvenes. Es una discusión secundaria cuál es el tipo de dispositivo que lo permite, pero si no tienen una participación importante van a estar pensando en modo viejo, y en una sociedad vieja, que cambia a una velocidad que nos desborda permanentemente. Si vos dialogás sobre esto con los representantes mayores te dicen “sí, tenés razón”; y cuando les pedís cambios, te dicen “y, bueno, es difícil”; o sea, el poder adultocéntrico sigue allí, imperando.

La segunda cuestión, respecto a lo que está ocurriendo en las escuela de CABA, lo que tenemos, básicamente, es una lectura ideológica, y desde allí se quiere hacer uso de cuáles son las herramientas apropiadas y funcionales para esa lectura. Pero es una lectura ideológica fuertemente disciplinante, que acalla la voz de estudiantes, que no dialoga y que les considera objetos; es decir, se trata de un retraso absoluto con relación a todos los nuevos paradigmas que venimos charlando; porque si por un lado hablamos de la Convención de Derechos, de pensar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, si decimos que la ley 26.601 establece que deberán ser consultadas y consultados en las cuestiones de su interés, y por otro lado vemos que no se dialoga con ellas y ellos, o que se les dice “bueno, ustedes tienen que hacer esto” con el dedo, la mirada y el señalamiento adultista respecto a cómo debe ser, lo primero que plantearía es que tienen que funcionar los cauces representativos que no funcionan, porque cuando incomodan no son reconocidos; y en segundo lugar, plantearía que se los desconoce y después, cuando se impone una medida de acción directa, se la impugna, se desconoce que hay sujetos y se los concibe como objetos del deseo, el interés o el derecho de terceros, sean adultas o adultos en el rol que fuera, incluido madres y padres. Eso implica dar marcha atrás con todos los paradigmas que venimos conversando. Y también hay que decir que quienes reclaman instituciones, deben respetar y permitir que las instituciones funcionen, también las de representación -como los centros de estudiantes- en las comunidades educativas, y entonces allí debe haber diálogo. Cuando se habla de responsabilidades mutuas, siempre voy a subrayar que es cierto que hay responsabilidades mutuas -es decir, tanto de los sujetos estudiantes como de los sujetos autoridades-, pero que sean mutuas no quiere decir que sean equivalentes, sino que son diferenciadas. Es mucho mayor siempre la responsabilidad de las autoridades, de las y los adultos mayores y de quienes disponen del poder. Está claro que hay responsabilidades mutuas, pero no son equivalentes sino diferenciadas, y eso hay que hacerlo saber y decirlo en voz alta.

Melina Vázquez: Empiezo por la cuestión de poder elegir pero no necesariamente ser elegidos: si miramos el promedio de edad en las cámaras, tanto de Senadores como de Diputados, es de más de cincuenta años, lo cual es algo que nos tiene que poner alertas. Pero no es lo único relevante, sino -como decíamos antes- la falta de una perspectiva generacional en la mirada y en los debates sobre un conjunto de temas que tienen que ver con las juventudes, o que no tienen que ver con las juventudes pero requieren una mirada generacional.

En ese sentido, pensaba en la cuestión de las tomas de las escuelas. En general tiende a haber una mirada -en términos mediáticos- muy acusatoria hacia las tomas: que no dejan ir a las escuelas, que quitan el derecho a otras y otros estudiantes de poder educarse, sobre todo después de la pandemia, discursos que tienen mucha adhesión social. Pero las tomas de escuelas, o inclusive las tomas de edificios públicos, se han integrado al repertorio de acciones juveniles y no juveniles desde hace muchísimos años. Entonces, si hablamos de reconocimiento de derechos políticos, nos guste o no, forma parte de la agenda pública y política discutir qué medidas hace falta tomar y en qué contexto, en qué momento hacer una huelga o no; es parte de la discusión política poner en agenda cómo llevar adelante un reclamo, la radicalidad que tienen las medidas, pero de ahí a criminalizarlas estamos a un abismo. En ese sentido, es necesario reconocerlas como una de las formas de las que disponen las y los estudiantes para expresar sus reclamos. Y recordemos que en un momento también apareció dentro de la discusión pública que las tomas eran por las viandas. ¿Cómo no se van a discutir las viandas, si hasta los vínculos personales pudieron ser politizados? Es decir, cualquier asunto de la vida pública y colectiva puede ser politizado y construido como un tema de agenda y, ¿cómo no va a serlo la cuestión de viandas en mal estado, que están podridas, que tienen hongos, que tienen gusanos? ¿Cómo no va a serlo, por ejemplo, definir respecto a la currícula escolar, qué sentido pedagógico tiene que quienes estudian hagan una transición al trabajo y cómo lo hagan? ¿Cómo no recuperar esa voz de quienes participan de esas actividades para mejorarlas? Entonces, desconocer las voces de las y los jóvenes me resulta sumamente preocupante para pensar el diseño y la currícula escolar. ¿Qué mejor que tener una retroalimentación de la experiencia de esas juventudes? El punto es qué ofrece la escuela y para qué sirve, no en un sentido mercantil, sino cómo esto configura parte de la experiencia escolar.

Dicho esto, pensaba, ¿qué viandas hay en otras escuelas públicas que no estamos escuchando esas demandas? Y eso es importante también, porque a veces nos sentimos un poco encantados con esas voces de quienes participan, tienen voz pública y reconocimiento, y pensaba cómo operan también allí las desigualdades; supongamos que el espacio está disponible, ¿quién puede ejercer la posibilidad de hablar frente a las cámaras y decir “nosotres les estudiantes”? Lo hemos visto con esa chica de un centro de estudiantes que era acusada de tener un celular de marca, de tener las uñas largas, esa exposición ¿quién puede llevarla adelante?. Y ahí también hay que pensar cómo operan las desigualdades, que no todas y todos pueden tomar la voz de la misma manera, que hay escuelas que están hiperpolitizadas y construyen agendas pero hay muchas otras que atraviesan por dificultades similares o mayores que no tienen esa visibilidad pública. Y en ese sentido, preguntarnos no solamente si se da o se ejerce la voz, sino quién puede ejercerla, pensar las desigualdades políticas también debe estar en la agenda.

Hace un tiempo, haciendo investigación durante la pandemia, en unas reuniones virtuales que se armaban desde el Ministerio de Educación, aparecía la participación de jóvenes a través de una remisión recurrente a una experiencia anterior en vinculación con políticas públicas. Entonces, pensaba, qué interesante que haya una trama recursiva de haber participado, por ejemplo, en el Parlamento Juvenil del Mercosur, y después haber mantenido esa vinculación con algún organismo estatal, con alguna funcionaria o funcionario, porque se construye como un puente. Eso es interesante, pero a la vez es una trampa, porque esto habla de una trama recursiva de la cual muchas y muchos también quedan afuera; entonces, pensar la participación es qué desigualdades están detrás y operan para que haya quienes puedan tener voz y quienes no en función de desigualdades más persistentes y menos visibles. No quiero dejar de mencionar esto porque no sé cómo son las viandas de otras escuelas, quisiera saberlo, que esto no sea criminalizado por ser politizado, pero quisiera ver esas otras agendas de quienes, aunque existe el derecho a tener voz, tal vez no lo ejercen por desigualdades que también tenemos que problematizar y combatir.

Eva Da Porta: Ya han avanzado sobre este último núcleo problemático, pero quizás podamos puntualizar un poco más respecto a ¿qué cambios y permanencias -entre 2012 y la actualidad- pueden reconocer en las agendas de las juventudes, pero sobre todo en sus formas de participación, considerando que ese escenario de ampliación de derechos de diez años atrás pareciera no ser el actual y que las condiciones estructurales de la juventud han empeorado? Y consultarles también ¿cómo analizan las relaciones entre las juventudes y las organizaciones y partidos de extrema derecha?

Sergio Balardini: Hilando un poco estas cuestiones que planteás una propuesta interesante sería introducir en las escuelas -que son el lugar esencial de democratización de la sociedad- proyectos de participación infantil, en los primeros años desde luego. Por supuesto que no es igual un niño de cinco o seis años, otro de ocho y otro de diez, pero se puede hacer de manera gradual, permanente e intensa, en forma sistemática a lo largo de toda la primaria. Entonces, cuando lleguen a la escuela secundaria, van a ser adolescentes con fuerte formación en participación y no se les va a pasar nada, y van a saber utilizar los recursos que tienen para hacer oír su voz. Mucho mejor será si tienen poder, con recursos y capacidad, pues lo harán mejor y entenderán mejor las posibilidades que tiene la defensa del interés, el diálogo y la conversación. De esa manera es que construís una ciudadanía intensa en el mejor sentido, una sociedad de derechos entendida en el sentido más profundo. Entonces, por un lado quiero plantear esa cuestión, la de crear programas de participación infantil en las escuelas.

La otra es que, como decía un amigo español hace muchísimos años, podemos pensar la relación de participación de las y los jóvenes con algunas preposiciones: para, por, con y desde las y los jóvenes. Lo mejor que uno puede hacer para una sociedad democrática es imaginar, promover, apuntalar, acompañar y dar lugar a expresiones en donde las y los jóvenes lleven a cabo una participación en iniciativas que surjan de ellas y ellos, que las lleven adelante y que no tengan esa impronta adultocéntrica de conducción, o de señalarles qué es lo bueno o por dónde tienen que ir. Entonces, menos “para” jóvenes, menos “por” jóvenes y más “con” jóvenes, y muchísimo más “desde” las y los jóvenes.

Y por último, el tema de las derechas. Ahí es necesario retornar a los climas de época, no podemos discutir el tema de las nuevas derechas si no pensamos lo que está pasando en el mundo. Luego, uno puede preguntarse ¿cómo se expresa este clima de época en Argentina? Diría solamente lo siguiente: sobre el clima de época, reenviaría a las reflexiones de Pablo Stefanoni, cuando se pregunta acerca de si la rebeldía se volvió de derecha. Y por supuesto, también hay que considerar que la insatisfacción en una cantidad de cuestiones materiales, pero también de pertenencia -no solo materiales-, hacen que haya un malestar importante en distintos segmentos sociales, y estos se interceptan muchas veces entre sí. Y lleva a un malestar con los actores del sistema político imperante y con el mismo sistema político. Luego, eso tiene distintas traducciones, y en el caso de Argentina no lo quisiera particularizar más, pero sabemos por dónde está circulando.

¿Qué hay que hacer al respecto? Más y mejor democracia, esencialmente esa es la clave. También discutir acerca de los discursos de odio y si requieren algún tipo de regulación, como existen en otros países muy democráticos, el caso de Alemania es un ejemplo. Pero, sin embargo, lo central está en construir más y mejor democracia, en mejorar las condiciones de vida de la gente, por un lado, eso sigue siendo el tema estructural básico; y después, desde luego, dar lugar a la más amplia representación política de los más diversos sectores, y que allí puedan encontrarse las identidades y sus representaciones. Hay un juego político de diálogo y de democracia en donde nadie sobra, más allá de que cada quien pueda tener sus simpatías en un lugar o en otro, se construye en el colectivo, con las tensiones de la democracia, con conflicto y con consenso.

Melina Vázquez: Con respecto a las formas de participación, me gusta pensar en esta idea que planteaba Sergio respecto a los contextos de oportunidad política, esos momentos en que se instalan agendas y formas de participación. El ciclo político vinculado con el kirchnerismo tuvo que ver con una agenda novedosa sobre el rol de las juventudes y sobre la participación política, que sin embargo -como dijimos con varios colegas que veníamos estudiando este fenómeno- no fue algo que sucedió solamente dentro del kirchnerismo. Eso se advierte en un espectro político ideológico diverso, que incluye a las derechas. Actualmente estoy haciendo investigación con jóvenes de derecha -y menciono “jóvenes de derecha” como categoría de autoadscripción-. Ser joven ya había sido legitimado en el ciclo kirchnerista, ser de derecha no tanto. Ser de derecha era una mala palabra, al punto que desde espacios políticos de centroderecha -como el PRO- se desdibujaba la identidad o el reconocimiento como parte de la derecha. Algo cambió en torno a esto, y ahora ser joven y de derecha es una consigna que utilizan muchos de estos jóvenes organizados, al punto tal de imprimirla en remeras, promoviendo una cultura juvenil de ir a las marchas con este tipo de consignas. Cuando entrevisto a jóvenes de derecha aparecen cosas interesantes, como por ejemplo que reivindican el voto joven, y no solo que lo reivindican sino que han participado y que su primer voto fue a un candidato de derecha -por ejemplo, José Luis Espert-; que han participado en modelos ONU y en algunas de las políticas que promovieron la participación juvenil, y que han tomado contacto con centros de estudiantes en sus secundarios o incluso en la universidad; de hecho, dentro de la Universidad Di Tella un grupo retomó el nombre de Carlos Menem a través de una sigla y reivindica su gobierno. Reivindicar al menemismo también empieza a ser una de las claves de lectura y la construcción de una narrativa histórica que le da sentido a algunos de estos espacios. Entonces, recuperando este espíritu democrático que planteaba Sergio, la paradoja es que la promoción de la participación también dio lugar -no de manera lineal, pues hay un clima de época, una pandemia y muchos otros elementos para tener en cuenta-, a esta apropiación de un espacio en la arena pública y política por parte de quienes dicen ser jóvenes y de derecha. Con la pandemia hubo una experiencia ineludible vinculada al encierro para jóvenes que deberían estar experimentando lo contrario: la sociabilidad, estar en el barrio, el encuentro con otras y otros, ir a un recital, etc. Entonces, la pandemia puso en escena una situación de retraimiento que muchas y muchos recuperan, y que no explica de manera lineal pero permite pensar cómo se da una lectura anticuarentena, antigobierno, antipopulismo, un desplazamiento semántico complejo -que no sería posible problematizar aquí- que permite entender cómo se politiza una experiencia.

Y esto que mencionaba Sergio respecto a que estos y estas jóvenes que nacieron con el kirchnerismo a cargo de la gestión de gobierno nacional, no vivieron otra cosa, no atravesaron otros gobiernos a los que les puedan adjudicar los problemas, por lo que asocian esta idea de ser gestión, ser oficialismo, ser peronismo como algo contra lo cual quieren organizarse y luchar. Y también utilizan y se construyen a imagen y semejanza de muchas de las experiencias que asociamos con el progresismo, desde los nombres, las consignas, las maneras de organizarse. A mi entender, con una ventaja, y es que el progresismo abandonó la cuestión de la comunicación pública, y encontraron en las redes sociales un espacio -sobre todo en la pandemia- de encuentro, de discusión y de socialización de puntos de vista.

En ese sentido, menciono tres agendas que organizan a estos sectores de derecha. Por un lado, la agenda antigénero, cupos y disidencias. Por otro lado, la agenda en contra de la memoria reciente, sobre todo tal como la aprendieron en la escuela; se trata de oponerse a maestras y maestros y a las visiones escolarizadas de la historia reciente, retomando viejas y nuevas agendas, como por ejemplo discutir si son 30.000 detenidos – desaparecidos, con figuras recicladas como las de Carlos Maslatón o Victoria Villarruel pero con voces juveniles que también intervienen y participan de este intento de desmontar las lecturas de la historia reciente. Y en tercer lugar, la economía, algo que puede ser muy teórico pero que tiene que ver con su experiencia cotidiana, poder hablar de por qué hay este nivel de inflación, por ejemplo; y encuentran en muchos interlocutores respuestas a preguntas que el progresismo no está dando, pero no en términos teóricos sino prácticos. Entonces, hay tres grandes núcleos que permiten pensar por dónde van esas agendas y entender un recorrido más amplio, más allá de la foto actual. Y la cuestión de la participación nos pone frente al desafío de qué hacer frente a esto. Quisiera adherir al espíritu democrático en el cual se inscribía Sergio: obviamente que hay límites, pero la solución a estos problemas vendrá por el lado de promover una cultura democrática, antes que por otro tipo de respuestas.

(*) Investigador del Programa Juventud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Sede Argentina) y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

(**) Investigadora de CONICET y del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).