Por María Teresa Bosio (*) y Rossana Crosetto (**)
En estos 40 años de democracia se fueron construyendo diálogos, disputas y tensiones en las relaciones, siempre contingentes, entre Estado y sociedad, especialmente desde los feminismos en torno a la construcción de los derechos sexuales y (no) reproductivos, su acceso y exigibilidad.
Los feminismos crecimos en democracia; resistimos los embates conservadores, neoliberales, patriarcales, religiosos, judiciales y construimos estrategias de incidencia política para lograr exigibilidad, a través de procesos organizativos y participativos en red, democráticos y transversales, en distintos espacios públicos como los encuentros nacionales de mujeres, en la movilización callejera y construyendo narrativas que legitiman nuestra agenda. Hemos logrado intervenir e incidir en los distintos poderes del Estado, dando cuenta que los derechos no se logran si no se piensan estrategias para transformar las leyes y las políticas en estos contextos democráticos por donde transcurren nuestras demandas y reivindicaciones feministas, ante una multiplicidad de desigualdades sociales, de clase, género, generación, raza, sexualidades, condición de migrantes, entre otras.
Los feminismos sostenemos que el Estado es un actor fundamental en el logro de nuestros derechos; ahí se condensan de manera material las relaciones de fuerzas, y es además un dispositivo articulador de la sociedad, en la medida que se maneje con alianza de actores/organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y principios democráticos que abren el juego y permiten que la ciudadanía se exprese a través de demandas populares a favor de la ampliación de derechos. No aceptamos que se lo tilde como un instrumento de la casta que usufructúa el poder.
Celebramos los avances y consensos normativos de las últimas décadas en torno a los derechos sexuales y (no) reproductivos, sin desconocer los problemas estructurales del sistema de salud, como son los obstáculos de factibilidad institucional para su implementación efectiva en las políticas públicas de salud; y la fragmentación, segmentación, descoordinación y (des)regulación entre jurisdicciones (nacionales, provinciales, municipales) que genera desfinanciamiento, desigualdades en el derecho en términos de cobertura, la falta de recursos humanos y de equipos interdisciplinarios.
Las expresiones de una fuerza política que hoy disputa la conducción del Estado nacional pone estos derechos en el centro del debate con afirmaciones disruptivas acerca de la autonomía de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Comparar el derecho a decidir sobre la identidad y orientación sexual con “tener piojos y hacerse cargo de las consecuencias”; proponer la venta de órganos o de recién nacidos; señalar que “las mujeres están abortando chicos a término” o “que solo con tener problemas de tipo psicológico la madre puede acceder al aborto”; o postular poder “renunciar a la paternidad” si considerás que “te pichan un forro”, dan cuenta de posiciones misóginas, homofóbicas, con profundo desprecio y desconocimiento de normas y políticas públicas, intensamente trabajadas y debatidas en democracia, tales como la ley de Interrupción voluntaria de embarazo, de matrimonio igualitario, de identidad de género, la Ley Micaela, el Plan Enia para la prevención del embarazo adolescente, el Programa nacional de salud sexual y reproductiva, entre otras.
En este momento tenemos muchos desafíos para pensar-nos en el futuro próximo. El primero, defender y sostener la democracia para lograr un buen vivir, que nos incluya a todes como sujetos colectivos, solidarios, reconociendo y respetando nuestras diferencias. En la defensa y vigilancia de los derechos sexuales y (no) reproductivos seguir potenciando, fortaleciendo y tejiendo redes feministas y relaciones multiactorales en y con el Estado, con las organizaciones sociales que sostienen el entramado social desigual en los territorios, que aportan a la disputa de lo público con una agenda propositiva desde una ética del cuidado frente a las múltiples desigualdades y violencias simbólicas que atraviesan nuestros procesos de subjetivación e individuación.
A 40 años del retorno de la democracia no nos cabe pensarnos como gente que sólo quiere satisfacer sus deseos individuales, sin pensar en les otres como parte de un proyecto de vida compartido y consensuado en un debate y en una acción política donde el Estado tiene un rol central.
(*) Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) e investigadora del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS) de la FCS de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(**) Docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) e investigadora del Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS) de la FCS de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
