Por Susana Morales (*) y Laura Valdemarca (**)
El presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC) invita a pensar en el lawfare, un fenómeno instalado en nuestras realidades políticas regionales. La propuesta es reflexionarlo in extenso -sus características y alcances, sus especificidades locales, sus énfasis en cada caso, su potencia explicativa, las posibilidades de intervención política que ofrece-, pero sin dejar de lado las manifestaciones nacionales y provinciales. En América Latina, buena parte de los países está rondando jóvenes cuatro décadas de democracia. Los esfuerzos de nuestros sistemas políticos por garantizar derechos sociales, económicos y políticos de las mayorías están siendo negativamente afectados por las prácticas de esta “guerra jurídica”, amenazando los horizontes de democratización. Por ello, debatir este tema es fundamental en clave de presente y futuro.
El presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC) invita a pensar en el lawfare, un fenómeno instalado en nuestras realidades políticas nacionales y regionales. Es cada vez más frecuente el uso de instrumentos jurídicos para excluir de la competencia política a líderes que avalan procesos de transformación económica y social de sus países, lo que termina modificando el mapa político de la región latinoamericana. También conocido como “guerra jurídica”, puede que encontremos matices en los procesos de aplicación de las normas según cada caso nacional o subnacional, pero las coincidencias están en el principal objetivo: el control de resultados electorales impidiendo la presentación de candidatas y candidatos, negando así a la ciudadanía la posibilidad de votarles.
En simultáneo existe otra forma de aplicar las normas del sistema jurídico, cuya consecuencia es la exoneración de aquellos considerados culpables de delitos en algunos tribunales inferiores. Para que funcionen estas prácticas de sobrecriminalización y de infracriminalización es necesario que el Poder Judicial, manteniendo su independencia formal del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, resigne su independencia frente a los poderes económicos nacionales o transnacionales, de modo que la aplicación de justicia se vea limitada o sea directamente a favor de intereses distintos de los que protegen las leyes y a la ciudadanía. Ejemplos de este accionar —que linda con lo discrecional— son los fallos en contra de dirigentes políticos por causas judiciales consideradas inconsistentes, y la exoneración de otros aún cuando se presentaban pruebas pertinentes.
Si bien observamos procesos de este tipo, el reconocimiento de estas prácticas jurídicas y su impacto político requiere de una reflexión sistemática que aporte al debate público. Venimos observando también las limitaciones de los Poderes Ejecutivos y Legislativo para controlar al Poder Judicial, respetando su autonomía como se prevé en los textos constitucionales, aunque se vean lesionados intereses comunes: el caso del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación diferencial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los amparos de las empresas de telecomunicaciones para su régimen tarifario y así podríamos mencionar varios ejemplos recurrentes. Y, finalmente, asistimos a una relación compleja entre corporaciones de medios y poder judicial, tanto a través del uso de la información pública, judicial y privada, como a través de la construcción de agendas orientadas a construir enemigos, para quienes se avalan estas condiciones de aplicación del derecho.
En América Latina, gran parte de nuestros países están cumpliendo jóvenes cuatro décadas de democracia, luego de dictaduras fulminantes que persiguieron ciudadanas y ciudadanos y transformaron las economías de manera regresiva. Los esfuerzos de nuestros sistemas políticos por garantizar derechos sociales, económicos y políticos de las mayorías están siendo negativamente afectados por las prácticas de la guerra jurídica, amenazando los horizontes de democratización en nuestros presentes y futuros.
Desde que comenzamos a reunir los artículos para este dossier se registró un conjunto diverso de hechos que nos confirman la necesidad de reflexionar en torno a las prácticas jurídicas en nuestras democracias: la represión por la modificación de la constitución jujeña, la continuidad de la prisión de Milagro Sala, la certeza de que el contexto electoral iba a ser un escenario exagerado de estas intervenciones judiciales, mientras en Brasil la Corte Suprema anuló las causas contra el actual presidente Luiz Inázio Lula da Silva y consideró que su prisión constituyó un “error histórico”. Ese “error” excluyó a Lula da Silva del escenario electoral, desprestigió al Partido de los Trabajadores (PT) y generó un escenario que le costó a Brasil años de avance en el horizonte de democratización, con graves retrocesos en los derechos de trabajadoras y trabajadores, medioambientales, de expresión, etc. En Argentina, ese Poder Judicial sigue estigmatizando liderazgos políticos y sociales, extendiendo la prisión a Milagro Sala, reabriendo causas contra Cristina Fernández de Kirchner, por citar solo dos casos. Como mujeres también nos preocupa esta persecución que tiene mucho —como en la última dictadura militar— de castigo a quienes se salen de sus roles tradicionales: ser mujer y líder está costando en América Latina.
Agradecemos profundamente a quienes se sumaron a reflexionar en este dossier, conformado por tres conversaciones y tres artículos. El diálogo con el abogado Damián Loreti nos invita a pensar la particularidad histórica, geopolítica y económica que configura esta etapa particular de la intervención de procesos jurídicos en la política, desde su experiencia como litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al proceso de destitución contra Dilma Rousseff.
La entrevista a la abogada Graciana Peñafort nos permite entender, desde la práctica jurídica, las implicancias de la ruptura del Estado de derecho para las personas que son juzgadas, para sus defensores, pero sobre todo la estigmatización y las consecuencias —aún en términos personales y hasta vitales— para dichas personas. También conversamos acerca de la colisión de la ética con el derecho y cómo la primera logra pasar esos límites al solicitar y obtener la exoneración de un inocente post mortem.
La entrevista a la abogada Paula Litvachky busca complejizar esa lectura y nos pone a pensar en las limitaciones del término lawfare para abordar diferentes características del sistema judicial que han tenido capacidad de desestabilización política, considerando siempre sus articulaciones con el sistema político y la particular configuración del Poder Judicial argentino desde el menemismo a la actualidad.
El primero de los tres artículos corresponde a Sergio Job, que inscribe la reflexión sobre lawfare en una historización de largo plazo, donde el derecho se erige como la continuidad de la guerra por otros medios, y una extensión de una dinámica histórica del Poder Judicial respecto de los pobres, ahora usada en disputas entre sectores de poder.
Los dos artículos siguientes nos introducen en lo que se está considerando un “laboratorio”: el caso jujeño. El artículo de Florencia Romero y Miguel Fiat, desde el corazón mismo de esa provincia, nos pone a discutir sobre los usos de la Justicia realizados por el gobernador Gerardo Morales y sus implicancias en la desarticulación de la protesta social. Pero también advierten que el poder subnacional no se conforma con eso y, con la nueva Constitución jujeña, se impone el corrimiento de las prerrogativas provinciales más allá de los límites constitucionales de la Nación en materia de protesta y de intervención federal. Por su parte, Horacio Etchichury nos propone desarmar esa nueva constitución provincial y alerta, en particular, no sólo por la transformación de la matriz productiva que la sustenta, sino sobre todo por la búsqueda de recortar un derecho inalienable, el derecho a la protesta social, ese derecho de los no poderosos.
A manera de cierre nos reconforta presentar este dossier, cuyas reflexiones nos llenan de preguntas e inquietudes ya que, efectivamente, la profundización de las democracias depende de ciudadanas empoderadas y ciudadanos empoderados, de poderes del Estado que velen por las garantías populares que en las agendas del siglo XXI comprenden nuevos derechos —como el “buen vivir” en el más amplio sentido del concepto, que incluye derechos comunitarios y medioambientales y un sentido de Nación que contenga a todas las diversidades y controle las violencias—.
Los caminos de los tribunales son hostiles pero, como expresó Graciana en su entrevista y lo sabemos por las luchas sociales en nuestro país, tal vez no logremos rápidamente que la Justicia se redima y encuentre en el ejercicio del derecho la ética necesaria para evitar las influencias que distorsionan la ley en favor de poderosas y poderosos, pero apelar parece ser la única salida esperanzadora.
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba. Coeditora del presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC), titulado “Mecanismos jurídicos, mapas electorales y horizontes democratizadores: ¿límites a la igualdad de oportunidades?”.
(**) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba. Coeditora del presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC), titulado “Mecanismos jurídicos, mapas electorales y horizontes democratizadores: ¿límites a la igualdad de oportunidades?”.
