Politicidad popular y reproducción de la vida de los sectores que viven del trabajo en Córdoba

Por Silvina Cuella (*) y Natalia Becerra (**)

La pandemia modificó con intensidad las condiciones de reproducción de la vida de los sectores populares. Las autoras -docentes e investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)- indagaron de qué modo desarrollaron su vida cotidiana, cubrieron sus necesidades y construyeron un sentido de politicidad ante las restricciones impuestas. En ese contexto, la proximidad afectiva y emocional resultó un componente básico y fundante de la confianza política, predominó un criterio pragmático regido por la necesidad de autoconservación -reducción de los gastos, reorganización familiar para generar ingresos, apelación al endeudamiento- y fue indispensable la presencia estatal. Frente a ello, reflexionan acerca de que estos sectores “no expresan indicadores de una conflictividad social creciente que pudiera poner en cuestión la posición de subordinación naturalizada”, sino que sus estrategias “se acercan más a sobrellevar el peso de la crisis a través del achicamiento de sus estructuras de necesidades”.

En este artículo nos proponemos compartir algunas reflexiones sobre las condiciones de reproducción de la vida de sujetos que viven del trabajo en Córdoba¹, y los modos en que en los mismos se encarna y expresa la politicidad popular. Para ello recuperamos aportes del proceso de investigación desarrollado desde 2010, en el campo de las desigualdades sociales, específicamente en las expresiones de la inclusión/exclusión de sujetas/os subalternizadas/os y sus prácticas colectivas en torno a la atención de sus necesidades, lo que nos lleva a trabajar las relaciones entre política y sectores populares. Particularmente, para el período 2018-2022 estamos desarrollando el proyecto de investigación titulado “La Politicidad Popular en las actuales condiciones de la reproducción cotidiana de los sujetos que viven del trabajo”², cuyo objetivo es conocer las reconfiguraciones de la politicidad popular a partir de los procesos de reproducción cotidiana, actuales y del pasado reciente, de sujetos que viven del trabajo en barrios populares de la ciudad de Córdoba.

El proyecto partía del supuesto que los sectores que viven del trabajo se enfrentaban a unas nuevas condiciones de reproducción –en términos regresivos durante el periodo del gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019-, reconfigurando su politicidad, conforme a las experiencias que el contexto les marcaba. La irrupción de la pandemia imposibilitó la captura de la perspectiva de las/os actora/es en relación a esos cambios de políticas de dicho período, por lo que fue necesario adecuar el proyecto. Partiendo de los mismos supuestos, nos propusimos indagar de qué modo la/os sujeta/os desarrollan su vida cotidiana, cubren sus necesidades y construyen un sentido de politicidad ante las restricciones impuestas por la pandemia y la inusitada crisis que genera.

Desde estos objetivos y supuestos, y con los atravesamientos que la pandemia dejó, nos propusimos reflexionar sobre las reconfiguraciones de la Politicidad Popular de sujetas/os que viven del trabajo en Córdoba, a partir de la reconstrucción de algunas de las condiciones que se ponen en juego en los procesos de reproducción de la vida.

Situando el escenario

Las transformaciones que sufrió el mundo del trabajo a partir de la década del setenta afectaron no sólo “la materialidad de quienes que viven del trabajo, sino que tuvo profundas repercusiones en su subjetividad, como también, en el íntimo relacionamiento entre estos niveles, afectó su forma de ser.” (Antunes, 1998, p.1). La profundización de la desigualdad concomitante al proceso de desproletarización, ha ampliado la tarea para quienes cuentan sólo con su fuerza de trabajo para atender a las necesidades de reproducción, ya que la dimensión material de tal reproducción requiere cada vez de más horas de labor, marcando un pasaje crítico y radical desde la idea del trabajo como garantía de la subsistencia, hacia la condición de hecho permanente de riesgo existencial (Bologna, 2006). Y en el último medio siglo, “una implicación más intensa, más íntima y más indiferenciada de la vida y el trabajo” (Grassi y Danani 2009, p 12).

Los sectores que viven del trabajo -por las características que asume su precaria inserción en el mercado laboral– requieren del desarrollo de un conjunto de estrategias en la generación de ingresos para garantizar su reproducción, entre ellas la autoorganización y la apelación a los lazos cercanos (familia-barrio). Al mismo tiempo, la recurrencia al Estado -como espacio privilegiado de la política-, ya que hacen uso de las políticas sociales para atender los obstáculos que se presentan en la satisfacción de sus necesidades.

En ese marco, se define a la politicidad popular como el conjunto de sensibilidades políticas, creencias, actitudes y formas de relacionarse (Naín Calvo, 2002) de sujetos pobres y empobrecidos, que se caracterizan por su condición de activos en búsqueda de la realización de sus necesidades. Por ello, las sensibilidades, creencias y actitudes de estos sectores sobre la política están imbricadas con la experiencia cotidiana en torno a sus demandas, necesidades, reivindicaciones y su vinculación con las acciones estatales. Así, las dimensiones socio-económica y socio-política se combinan en la experiencia de la reproducción cotidiana, donde se configuran culturas que expresan modos de resolver, abordar o ignorar los conflictos de poder intrínsecos a una posición de subalternidad respecto al trabajo-no trabajo.

La vida cotidiana adquiere un papel estratégico en los procesos de resolución de las necesidades (Heller, 1978), a partir de los cuales los sectores populares desarrollan distintas modalidades de politicidad; se constituye en objeto permanente de preocupación política y, por tanto, de intentos sistemáticos de regimentación y control. Dicho cotidiano y las condiciones en las que se (re)produce fue afectado con la regresividad de las condiciones de vida, producto del empobrecimiento al que llevaron las políticas neoliberales de Cambiemos, profundizado por los efectos de la crisis provocada por la pandemia, que reorganizó la vida de toda la población, especialmente la de los sectores populares. Crisis que también puso en evidencia los impactos diferenciales que las modalidades de intervención estatal pueden generar en términos de protección, asistencia y cuidados para estos sectores.

Hallazgos y análisis: ¿qué nos dicen los datos?

Presentamos brevemente algunos datos y análisis en relación a trabajo³, ingresos y estrategias familiares obtenidos a partir de la administración de un cuestionario en 2020, que formó parte de la primera etapa de la estrategia metodológica⁴.

El primer dato para destacar es que los años anteriores a la pandemia fueron vividos como difíciles, ya sea por razones económicas (40,5%), laborales (38,6%) o habitacionales (14,4 %). En relación con las condiciones de inserción laboral, predomina el trabajo formal en 48% de las personas encuestadas; incluimos categorías tales como cuentapropistas (monotributistas), trabajadoras/es en relación de dependencia, y contratos de trabajo. Las personas jóvenes y las mujeres concentraron los porcentajes más altos de desocupación, conjuntamente con una importante presencia del trabajo informal y el desempeño de las tareas no remuneradas de cuidado. Si tomamos la población que llega hasta los 44 años, representan 78% entre las desocupadas y desocupados, de los cuales 60 % son menores de 30 años.

Respecto a los ingresos, la pandemia impactó negativamente con una disminución de los mismos en 54,2% de los hogares, que conjugan situaciones de pérdida de fuentes de ingresos (17%) y dedicación de más horas de trabajo y menos ingresos (9,2%). Y en su mayoría se trata de personas jóvenes (62,7%). A pesar de ello, y respecto de las fuentes de ingreso, la presencia del Estado a través de políticas de transferencias solo alcanzó a 23, 5% de las/os encuestadas/os.

Siguen siendo las remuneraciones por trabajo, en sus variadas expresiones –formal e informal-, la principal fuente de ingresos de la población encuestada (73,47%), y en segundo lugar la percepción de jubilaciones o pensiones (26,8%). En dichos hogares las fuentes de ingresos se combinan y/o complementan, no sólo en relación a los orígenes de los mismos, sino también por la cantidad de personas que aportan. En el 60% de los hogares se trata de dos o más personas, y solo el 1% percibió ingresos por trabajo, jubilación y planes sociales. Entre las políticas identificadas, la de mayor impacto es la Asignación Universal por Hijo y Embarazo (AUH/AUE) (58,3%), mientras que la Tarjeta Alimentar y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), representan 5,6% cada una de ellas. Frente a la pérdida o caída de ingresos se apela a la reducción del consumo, el endeudamiento y/o la solidaridad de las redes cercanas (familiares).

Si se hace una lectura según el género de las personas encuestadas, se advierte que las mujeres son quienes realizan el 100% de los trabajos reproductivos no remunerados (según lo consignan en el cuestionario), y el grupo más afectado por la desocupación (78,6%), incluyendo aquí las respuestas de quienes no se identificaron con el binomio femenino/masculino. En la misma línea, si bien la percepción de la AUH⁵ alcanza por igual a mujeres y varones, no ocurre lo mismo con la IFE⁶ ni con la Tarjeta Alimentar, que son percibidas en el 100% de los casos por los varones. Este dato resulta central para problematizar la distribución de los trabajos reproductivos de cuidado que aumentaron significativamente durante la pandemia, y la carga de trabajo -doble o triple jornada- que desarrollan las mujeres y los impactos diferenciales de las políticas sociales según sus características.

Frente a la consulta sobre la relación de sus ingresos y las necesidades, 65,3% de las respuestas refieren que no se cuenta con ingresos suficientes para la reproducción cotidiana y otro 34,64% combina la administración de sus ingresos con la reducción del consumo como estrategia para garantizar la satisfacción de sus necesidades (16,9 %). Aparecen mencionadas también como estrategias el endeudamiento (crédito y fiado, 5,6%) y la apelación a la colaboración familiar (7,5%). Una expresión menor (13,1%) recurrió a organizaciones barriales, mayormente fueron las de menor normatividad, grupo de mujeres o vecinales y en menor grado, la iglesia y cooperativas.

Entre los recursos demandados por las personas jubiladas y pensionadas, fueron mayormente de orden no material (información, contención y colaboración para realizar trámites); para quienes tienen trabajo y se encuentran desocupadas/os fueron los recursos monetarios; y para el caso de los trabajadores informales fueron aquellos vinculados a la estricta sobrevivencia (alimentos, medicamentos y vestimenta). En este sentido, se afirma que para los sectores populares son las remuneraciones por trabajo las mayores fuente de ingresos, por lo que cualquier situación que ponga en riesgo la actividad de trabajar impacta directamente en los recursos destinados a la resolución de las necesidades, y en consecuencia a la reproducción de la vida. Preguntarse sobre las estrategias de reducción de gastos al interior de los hogares frente a la disminución de ingresos, nos podría indicar la incorporación de disposiciones simbólicas para naturalizar un proceso progresivo de empobrecimiento y, en consecuencia, de reducción de sus estructuras de necesidades (Heller, 1978).

Reflexiones reflexiones

La politicidad refiere a un sentido práctico, pragmático, en los procesos de resolución de los problemas -siempre cambiantes- frente a los cuales se opera con creatividad e improvisación y apelando a la experiencia, a la historia hecha cuerpo que se construye en el devenir diario. Atravesar la pandemia, reproducir la vida, implicó importantes modificaciones en el vivir cotidiano, tomando relevancia las estrategias puestas en garantizar o aumentar los ingresos en los hogares. Los datos presentados coinciden con algunos hallazgos de investigaciones anteriores que identifican rasgos característicos de la politicidad:

• La proximidad afectiva y emocional es un componente básico y fundante de la confianza política. Nuestra investigación empírica nos ha permitido identificar la configuración de círculos de relaciones a las que se acude en la búsqueda de respuestas a la reproducción cotidiana, que se jerarquizan precisamente por el grado de proximidad. Pareciera confirmarse que “la innegable presencia de los vínculos cercanos, en primer lugar la familia, y en segundo lugar las amistades y las relaciones de vecindad, constituyen el capital social más importante, el que se moviliza y actualiza. Es el principal entramado social de pertenencia, que genera lazos significativos y perdurables, en el que los intercambios ocurren entre iguales”. (Peralta et al, 2018, p. 34). Esta afirmación toma especial significación considerando que -aún habiendo ampliado el universo de estudio desde sectores de pobreza hacia sectores que viven del trabajo- son la proximidad, la afectividad y la confianza las primeras redes a las que se recurre ante los obstáculos para la reproducción.

• El predominio de un criterio pragmático regido por la necesidad de autoconservación del particular –entendida como la adaptación a las condiciones derivadas de su posición en el espacio social para reproducir las condiciones de reproducción alcanzadas—; siendo desde la realización o no de tales necesidades que se pone a prueba el conjunto de sus creencias sobre la política y lo político. La reducción de los gastos, la reorganización familiar para generar mayores ingresos, la apelación al endeudamiento -entre otras- aparecen como prácticas naturalizadas para la adaptación frente a la crisis; las construcciones simbólicas que estas prácticas conllevan también son rasgos de la configuración actual de la politicidad de estos sectores.

• La necesidad de la presencia estatal -a través de sus políticas- para garantizar la producción de la vida. En pandemia, la vida cotidiana se vio atravesada por las regulaciones públicas estatales, que cuentan con un importante reconocimiento por las/os encuestadas/os, fundamentalmente vinculados a las áreas de salud, educación y seguridad en términos de cuidados; sin embargo las mayores preocupaciones y demandas refieren al trabajo y a los ingresos.

Como puntas a seguir deshilvanando, nos resulta interpelador -para una lectura de la politicidad- la advertencia de que, aún en un contexto de crisis profunda como la que estamos viviendo, que agudiza la desigualdad propia de las contradicciones estructurales, las personas encuestadas no expresan indicadores de una conflictividad social creciente que pudiera poner en cuestión la posición de subordinación naturalizada. Pareciera que las estrategias se acercan más a sobrellevar el peso de la crisis a través del achicamiento de sus estructuras de necesidades. Las políticas que se esperan del Estado en este contexto se definen como una ayuda, como algo extra que se suma a las otras.

Sigue siendo central el peso que tiene el trabajo, tanto por los ingresos que genera como por ser un mecanismo de organización e inclusión social. Por su frágil inserción en el mercado laboral, aunque generan ingresos lo hacen en condiciones de desprotección, al tiempo que suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades. La intermitencia e irregularidad de las políticas de asistencia y transferencia de ingresos en Argentina es un dato claro; han ocupado un lugar marginal en el campo de las políticas públicas, han sido y son la “mano izquierda” del Estado (Golbert, Fanfani y Lumi, 1993; Bourdieu, 2002), se mantienen ubicadas en las fronteras entre la acción estatal y societal, mezcladas con la filantropía y la neofilantropía.

Desde nuestra perspectiva, y a la luz de los datos de la investigación, las intervenciones estatales en materia de política social deberían tender a articular la garantía de ingresos en los hogares junto a las protecciones sociales que no necesariamente se vinculen a la inserción laboral formal salarial. De allí, sostenemos que es necesario implementar políticas de generación de ingresos y trabajo/empleo, incluyendo a las experiencias de economías informales y economía popular desde el enfoque de derechos y trabajo protegido.

Para finalizar, las personas encuestadas -sujetas/os que viven del trabajo- desde sus experiencias opinan, reclaman, insisten, se quejan, critican, piden y esperan respuestas concretas del Estado, la política y los políticos. Lo que nos permitiría afirmar que se consideran parte de ese todo vigente o dominante aunque, al interior de esa totalidad, se reconocen ubicando una posición subalterna. No están afuera, están en los márgenes; se saben dentro, pero en condiciones de subordinación o de indiferencia. Al respecto, recordamos a Alberto Parisí quien profundiza en la relación teórica entre dos categorías centrales: “Los conflictos, pues, conllevan tanto un grado mayor de percepción de las propias condiciones objetivas por parte de los actores sociales involucrados, cuanto un mayor nivel de demanda, organización y confrontación con aquellas condiciones mencionadas. En relación a las contradicciones, los conflictos sólo expresaría un ‘descongelamiento’ inicial, parcial, de la naturalización sobre la que reposan las mismas” (2005, p. s/d).

Para quienes consideramos que la política está en la base de las posibilidades de transformación por un mundo mejor, estos rasgos pueden aportar a un desafío fundamental: que la experiencia de la política invite a acercarse, a transitarla, a recuperarla. Por lo que identificamos como una de las tareas necesarias la desnaturalización de los discursos hegemónicos que deslegitiman la participación de los sectores populares en el campo de la política. Trabajo a desarrollar desde cada una de las iniciativas estatales, desde las universidades y las propias organizaciones territoriales que co-gestionan las políticas públicas sociales, aportando así a la constitución de actores políticos legitimados en la construcción de una estatalidad más justa y una sociedad de derechos. (Becerra, Cuella, Giovana, 2021).

(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

(**) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

Bibliografía:

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