Por Leandro M. González *
Desde el Imperio Romano hasta los formularios digitales del presente, los censos son hijos de su época y sus avatares. Este año, se lleva a cabo el decimoprimero en Argentina (que debía realizarse en 2020, pero fue suspendido). A diferencia de los anteriores, es el primero que puede realizarse de forma autónoma completando un formulario digital. En una coyuntura atravesada aún por la incertidumbre de la pandemia, el censo será una posibilidad de confrontar las hipótesis del sentido común con los datos duros que arroja una apreciación más certera del país.
“En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre”
(Lucas 2,1-6)
El fragmento bíblico que encabeza esta nota ya nos da un primer ejemplo de la ocurrencia de algunos hechos históricos –al menos para la tradición cristiana- “en ocasión de censo”. Y también contiene varios elementos propios de la cultura y la idiosincrasia de su tiempo. Un emperador romano ordenaba el “primer” censo –primero para Roma-, en “todo” el mundo –entendido el mundo como el imperio romano-. Y cada habitante debía trasladarse a su lugar de nacimiento –del jefe de familia en este caso- para cumplir con la obligación de ser registrados. Ya podemos ver que un censo depende de la concepción de los gobernantes de turno y que no hay una sola forma de contabilizar a la población.
En el caso de la historia argentina podríamos pensar más bien que los censos no dieron origen a acontecimientos históricos. Más bien los censos -al menos los más recientes- parecen haber sido hechos “en ocasión de hechos históricos”; y, a veces, “a pesar” de los hechos históricos.
El primer censo nacional, de 1869, fue realizado durante la presidencia de Sarmiento, cuando el Estado argentino carecía prácticamente de organización moderna y su presencia territorial se limitaba a la función policial. El registro de nacimientos, matrimonios y defunciones estaba todavía a cargo de la Iglesia. El analfabetismo y la ruralidad generalizadas (la “barbarie”) fueron los primeros datos que convencieron a la Generación del ’80 de crear una nueva nación, con cultura europea e instituciones políticas norteamericanas (la “civilización”).
Los censos posteriores de 1895 y 1914 se esforzaron por describir el aluvión de inmigrantes extranjeros, que reforzaron la presencia criolla en las pampas con nuevas etnias, saberes e idiomas. También trajeron ideas socialistas y anarquistas, que no estaban en los planes de los arquitectos del “crisol de razas”: la represión y la Ley de Residencia 4.144 fueron algunas de las respuestas de los gobernantes al nuevo país que se estaba gestando.
El nuevo capítulo inaugurado por el advenimiento del peronismo en 1946 fue acompañado por el censo del año siguiente; un relevamiento extenso y minucioso que daba cuenta de una clase obrera emergente y una futura clase media que fue característica de las décadas siguientes. 1960-1970-1980 fueron los años de los censos considerados modernos, que ya respondieron a criterios internacionales y son antecedentes directos de los censos contemporáneos. A pesar del traspié técnico ocurrido con la lectura electrónica de datos en el censo 1970, cumplieron su misión de registrar el crecimiento cuantitativo de la población y sus avances en materia de educación, vivienda y empleo. Y además observaron el mandato constitucional de realizar el censo cada diez años.
La restauración de la democracia en 1983 inició el período histórico actual, caracterizado por la vigencia de un Estado de derecho que convive con la inestabilidad económica y social. El golpe inicial del Rodrigazo a la clase media en 1975, la destrucción de la industria nacional y la deuda externa heredada del régimen militar, la inflación descontrolada de la presidencia de Alfonsín, la asunción anticipada de Menem y el último episodio hiperinflacionario de febrero de 1990 compusieron un escenario muy adverso para la realización del censo. Por primera vez las autoridades decidieron postergarlo para el año siguiente, tanto por razones presupuestarias como por el clima de alta tensión social que vivía la población. Por fortuna, el relevamiento de mayo de 1991 resultó exitoso.
La década del ’90 recién comenzaba. La reforma del Estado (privatizaciones y descentralización forzadas) y la política económica neoliberal impuesta por Menem produjeron una crisis del empleo sin precedentes. Las consecuencias fueron el empobrecimiento de los estratos medios, la recesión económica y el endeudamiento externo creciente; sin contar con un clima de corrupción política creciente y una cultura de individualismo generalizado. La asunción presidencial de De la Rúa significó la continuidad de los principales lineamientos económicos vigentes, lo que llevó a la eclosión política de diciembre de 2001.
Ya en 2000 la nueva gestión de la Alianza había decidido postergar el censo por razones presupuestarias, aunque no se esperaba que la situación económica y social siguiera agravándose con el transcurso del tiempo. Finalmente se realizó los días 16 y 17 de noviembre de 2001, en un contexto de deflación de precios y salarios, desempleo y un severo conflicto con el gremio docente nacional (CTERA), que quitó su colaboración para realizar el censo. Se repitió la extraña fortuna de un censo exitoso, cinco semanas antes de la mayor crisis del régimen político argentino.
La primera década del siglo XXI fue testigo del mayor empobrecimiento registrado por la población nacional (58% de los habitantes de los grandes aglomerados urbanos bajo la línea de la pobreza), la mayor inestabilidad política en vigencia de la Constitución y un fuerte giro en la orientación ideológica del gobierno nacional. En consonancia con el clima económico propicio para toda América Latina y los países productores de materias primas, Argentina registró un acelerado crecimiento económico bajo la administración de Néstor Kirchner (2003-2007). El gobierno sucesivo de Cristina Fernández consolidó las políticas de redistribución de los ingresos y reconocimiento de derechos, lo que permitió reducir visiblemente los niveles de pobreza y desigualdad. Si bien la crisis financiera internacional de 2008 puso freno al crecimiento económico, se llegaba al año 2010 con un clima social propicio para el nuevo censo.
Y llegó el 27 de octubre de 2010. Cuando los censistas se encontraban cumpliendo las primeras horas de labor se difundió la sorpresiva noticia de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, uno de los hombres más influyentes del escenario político nacional. Muchas provincias detuvieron el operativo hasta tener directivas claras por parte del INDEC, ante un posible duelo nacional. Rápidamente las autoridades del Instituto evaluaron las alternativas y decidieron continuar con el relevamiento, debido a los costos elevados que representaría su postergación. A pesar del desconcierto generalizado y de algunas movilizaciones políticas que se produjeron en la ciudad de Buenos Aires, el operativo se pudo completar con un éxito aceptable.
Párrafo aparte merece el desprestigio en el que se encontraba el INDEC, organismo rector de las estadísticas oficiales argentinas. A comienzos de 2007 desde la opinión pública y la academia se comenzó a advertir el desfasaje entre los índices de precios al consumidor publicados con la inflación medida por consultoras privadas. Las resistencias internas dentro del mismo organismo llevaron al desplazamiento de la titular de la Encuesta Permanente de Hogares y de otros funcionarios técnicos. El estado de sospecha hacia los operativos estadísticos oficiales llevó a temer por el correcto diseño del censo de población, aunque el resultado final fue aceptable en general.
La asunción presidencial de Mauricio Macri, en 2015, y el respectivo cambio partidario llevaron a la renovación de autoridades del INDEC, como también a la normalización progresiva de su funcionamiento técnico. La segunda década del siglo había transcurrido con el amesetamiento de la actividad económica, conflictos con acreedores privados internacionales y una fuerte polarización política. El nuevo gobierno implementó un giro neoliberal en la política económica que redundó en la devaluación de la moneda, mayor inflación, la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y la concentración de la renta. La fuga de capitales de 2018, la caída de la actividad económica y un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional provocaron una aguda crisis socioeconómica que terminó en derrota electoral. En diciembre de 2019 asumió la presidencia Alberto Fernández, quien intentó restablecer las políticas progresistas del período 2003-2015.
Y llegó el 20 de marzo de 2020. En un mensaje a todo el país el presidente Fernández anunció el aislamiento social obligatorio por 14 días en todo el país, a raíz de la llegada del virus SARS-CoV-2 que ya tenía estatus de pandemia internacional. Las actividades públicas y educativas se paralizaron, y las privadas se redujeron a los comercios y servicios esenciales. Luego vendrían sucesivas postergaciones de la cuarentena generalizada mientras se desplegaban controles sanitarios inéditos desde hacía un siglo.
El censo 2020 se encontraba en pleno proceso de preparación y estaba previsto realizarlo durante el segundo semestre. Se venían probando diferentes diseños de cuestionario y realizando pruebas piloto en diferentes áreas del país. La continua extensión del aislamiento sanitario y el primer pico de la enfermedad entre septiembre y octubre obligaron a postergar el censo para el año siguiente, por la imposibilidad de realizar las entrevistas domiciliarias.
El año 2021 se caracterizó por la salida del aislamiento sanitario completo, su reemplazo por el distanciamiento social, el inicio de las campañas de vacunación y la reactivación gradual de la actividad económica. También se produjo la segunda y más severa ola de la COVID-19 en junio, con un incremento de contagios y fallecimientos en la población adulta joven. Aunque estaba previsto realizar el censo en octubre, las autoridades nacionales decidieron posponer nuevamente el operativo para el año siguiente.
Y llegó 2022. La vacunación contra el coronavirus se desarrolló de manera normal, aunque una tercera ola produjo contagios masivos en el mes de enero. Las actividades laborales, económicas y educativas se recuperaron gradualmente. La experiencia de la virtualización durante la pandemia dejó abierta la posibilidad de implementar por primera vez una etapa de autocenso, combinada con la visita tradicional de los censistas.
Así fue que el censo comenzó de manera virtual el 16 de marzo y tendrá su culminación con el recorrido tradicional el 18 de mayo. A pesar de las dudas y debates sobre la confidencialidad de la información, particularmente por la solicitud del número de documento del miembro informante del hogar, el censo comenzó y está siendo respondido por la población.
Quedará para el análisis posterior el grado de acierto de esta modalidad mixta de empadronamiento, y en especial el cambio de modalidad por el censo “de derecho” (dónde residen los habitantes en lugar de dónde fueron censados). Este último aspecto fue crítico en países vecinos, como Chile y Paraguay. Y también quedará para la reflexión y debate la forma en que se incorporaron temas nuevos como la identidad de género, o el abordaje de la pertenencia a pueblos originarios/afrodescendientes y las discapacidades.
Los censos son hijos de su tiempo –como nosotros-, y el de 2022 no será la excepción. Más aún cuando los tiempos históricos en Argentina siguen siendo tan inverosímiles, que todavía les caben la definición hecha años atrás por Marcos Aguinis: “un país de novela”.
* Dr. en Demografía. Investigador de CIECS-CONICET. Docente-Investigador del Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales (UNC).
