Organizaciones sociales y de la economía popular. Aportes para repensar su actoría política

Por Susana Andrada (*) y María José Franco (**)

En los términos en que se debate en el espacio público -muchas veces, de manera deshistorizada y parcial-, el trabajo y aporte de las organizaciones sociales y de trabajadoras y trabajadores de la economía popular son estigmatizados e invisibilizados. Las autoras proponen revisar esos tópicos desde una perspectiva que permita reconceptualizar su trabajo social y político, reflexionar en clave histórica sobre sus contribuciones -en Córdoba y el país- y analizar el impacto de las políticas asistenciales en la vida cotidiana de los sectores populares. Este reenfoque posibilita -consideran- contribuir a “la construcción de una sociedad más democrática”, en un contexto en el que la crisis económica se integra a otra crisis de representatividad política, se produce un recrudecimiento de distintas manifestaciones de violencia y al fortalecimiento de perspectivas ideológicas conservadoras para la construcción de respuestas a las demandas de estas organizaciones.

Presentación

En el presente artículo nos proponemos analizar el papel y los aportes de un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales y de trabajadoras y trabajadores de la economía popular en la disputa por los criterios y modos de distribución de la riqueza, los principios de organización de la sociedad y sus vínculos con los problemas y las necesidades de amplias mayorías de la población y con el Estado.

Este debate en el espacio público se viene planteando desde un análisis que limita el trabajo político de las organizaciones a la disputa por recursos del Estado. Desde ese enfoque, no sólo se invisibilizan los procesos históricos de larga data de construcción política de estos colectivos, sino que también se refuerza la reducción de los sentidos y los alcances de lo político. Se omite -o en el mejor de los casos, se muestra negativamente- su sentido disruptivo y de disputa y se acotan los distintos ámbitos en los que la política se construye, y que incluyen desde la participación en las instituciones de representación política hasta la gestión del Estado, la movilización y la construcción a nivel territorial.

Hemos organizado las reflexiones en cuatro apartados que siguen a esta presentación. En el primero, proponemos una conceptualización más amplia de lo político para, desde ese lugar, avanzar en el segundo con una reflexión en clave histórica sobre los aportes y el papel político de las organizaciones sociales y su vínculo con el Estado.¹ En el tercer apartado se señalan algunos de los impactos de las políticas sociales asistenciales² en la vida cotidiana de los sectores populares, en particular aquellas de inclusión socio-productiva o las que propiciaron formas de trabajo socio-comunitario y los vínculos que establecieron con ellas las organizaciones sociales y sus aportes a la construcción política en los territorios. Para cerrar, planteamos algunas cuestiones que consideramos importantes para ampliar los sentidos de la democracia y el papel que allí han tenido y tienen las organizaciones sociales.

Sobre los sentidos de lo político

Analizar a estos colectivos como actores que centralmente disputan por recursos, y que una de las fuentes principales son algunos programas sociales asistenciales, supone abordar el tema desde una lectura deshistorizada y parcial de sus prácticas y de las políticas públicas. Estas interpretaciones, asentadas en un modelo económico de competencia por recursos e influencia -más cercana a la teoría del Pluralismo Competitivo de Dahl (1989)-, tienen lugar desde una concepción reducida de la política y del papel de las organizaciones en la construcción del orden social.

Para complejizar el análisis proponemos una perspectiva más amplia de lo político, que pone el foco en la dimensión del conflicto por la nominación e institución de lo social, y que involucra diversas formas del antagonismo constitutivo de las sociedades humanas que pueden surgir en distintas relaciones sociales (Mouffe, 2009). Desde esta concepción, es posible comprender a estos colectivos como organizaciones políticas con capacidad de disputar y producir transformaciones societales que incluyan procesos de democratización -en términos de acceso a derechos para otras condiciones de reproducción de la vida- y una ampliación de los sentidos del trabajo.

Tapia nos propone comprender a los movimientos sociales como aquellos actores que se ubican en el tránsito entre el espacio social y el político, que se mueven “a través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social o de los propios principios de organización de la sociedad, del Estado y del gobierno” (2009, p. 2). Desde ese lugar, la disputa que los movimientos sociales dan como agentes de cambio social incluye no sólo el cuestionamiento de las reglas sistémicas que redefinen el juego político -movimientos societales-, sino también la posibilidad de profundizar la conservación y reproducción de determinado orden social. Cuando lo que está en juego es la puesta en cuestión de los criterios, los modos y los sujetos que pueden participar de la distribución de bienes materiales o simbólicos de una sociedad, estamos ante la posibilidad de la recreación, ampliación o contracción de la democracia. Relacionado con esta posición, García Linera (2010) diferencia aquellos movimientos sociales que tienen por objetivo modificar aspectos particulares de la normativa estatal -“movimientos socio-políticos reivindicativos”- respecto de los que procuran tomar el control del Estado y promover un nuevo orden estatal -“movimientos socio-políticos estructurales”-.

Las organizaciones y sus modos de construcción política en perspectiva histórica

Los movimientos y organizaciones sociales llevan varias décadas de construcción política en Argentina y en Córdoba en particular. Desde el período de reconstrucción democrática los sectores populares se han organizado para resolver cuestiones vinculadas con el trabajo, la reproducción social en los barrios, la emergencia alimentaria, visibilizar problemas sociales, demandar y/o disputar el orden estatal y el modelo societal. Esas experiencias organizativas constituyen parte de los antecedentes de la emergencia de un nuevo actor, que las resignifica con la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y luego de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)³. También encuentran raíces en ellas algunos colectivos que integran la Unidad Piquetera.

Entre esas experiencias se incluyen las de las organizaciones vecinales y villeras, que en la década del ochenta se constituyeron en Córdoba en torno al derecho al acceso a la vivienda y a servicios básicos de luz, agua y gas, así como -en términos más generales- a un hábitat digno. En el contexto de crisis hiperinflacionaria que atravesaba el país -durante de los últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín a nivel nacional y César Angeloz a nivel provincial- aportaron a la organización de ollas populares para paliar y visibilizar el problema del hambre (Franco, 2022). Desde entonces, algunos de estos colectivos también vienen dando una disputa en torno a la defensa de los DD.HH, tras la última dictadura militar.

En la década siguiente, las organizaciones piqueteras y de desocupados en Córdoba -en sintonía con procesos iniciados en otras provincias del país entre mitad y finales de los años noventa- emergieron en el espacio público y contribuyeron a visibilizar problemas de pobreza y falta de empleo, como algunas de las consecuencias de un modelo neoliberal excluyente que había comenzado a instalarse con la última dictadura militar en Argentina y se había profundizado durante la última década del milenio. En la provincia, ese modelo se fue gestando en las gobernaciones radicales de la década del noventa y se profundizó a partir de la gestión de Unión por Córdoba y el impulso de la reforma del Estado tras la asunción de José Manuel De la Sota a la gobernación (Arriaga y otros, 2012).

En el contexto de crisis económica, social y de representatividad del 2001, algunos de estos colectivos confluyeron con otros actores sociales en una propuesta de redistribución de los ingresos -un Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupadas- a través de una consulta impulsada por el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO). Fue un período también de construcción de algunos espacios de articulación que luego se fragmentaron, como las Asambleas Nacionales Piqueteras y el Bloque Piquetero.⁴ Con otros actores, llegaron a promover diversas acciones colectivas de protesta que tuvieron entre los antagonistas al Estado y pusieron en el debate público otros problemas y demandas. Entre ellas, reclamaron contra la privatización de empresas de servicios públicos, el pago de la deuda externa y las políticas promovidas por los organismos internacionales de crédito en el país; en un contexto de incremento de la desocupación y la pobreza que fue modificando la estructura social, otras demandas también tuvieron que ver con empleo, asistencia alimentaria y planes sociales asistenciales⁵. La consigna “que se vayan todos” transversalizó las protestas de distintos actores sociales en el marco de una profunda crisis de representatividad. Según Pérez y Natalucci (2012), se constituyó para entonces un “frente antineoliberal” de organizaciones sociales, sindicales, de DD.HH, con una importante capacidad destituyente -e impugnadora del orden, agregamos- aunque sin posibilidad de proponer una salida a la crisis política.

Estos ejes y modos de construcción política se modificaron en el marco de un ciclo de gobiernos de base popular, con protecciones laborales, avances en derechos y una programática antineoliberal. Conducidos a nivel nacional por Néstor Kirchner y Cristina Fernández como parte del Frente para la Victoria (2003-2015), el despliegue de un modelo neodesarrollista que reivindicó la centralidad del Estado fue acompañado de un paulatino período de recuperación económica, de aumento del empleo y disminución de la pobreza. La promoción de políticas sociales asentadas en una perspectiva de la empleabilidad incluyó el fomento de la asociatividad y el desarrollo de la economía social. Como señalaron Pérez y Natalucci (2012), se produjo una redefinición del campo multiorganizacional, que incluyó el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y un cambio en los modos de organización y de la relación con el Estado de los colectivos de piqueteros; algunos de los cuales definieron incorporarse al proyecto de transversalidad,⁶ tras evaluar que estas políticas iban en sintonía con sus demandas históricas. Su inclusión en la gestión del Estado se produjo a nivel nacional y también municipal, cuando Luis Juez -por el Frente Nuevo- había asumido la intendencia de Córdoba capital y, por entonces, adhería al proyecto de transversalidad.⁷ Con ejes de trabajo político centrados en la promoción de derechos, la formación laboral, la generación y fortalecimiento de proyectos asociativos y de desarrollo de la economía social y popular -algunos de ellos presentes también en la política social a nivel nacional-, las demandas de trabajo y planes sociales fueron perdiendo centralidad.

Este fue parte del contexto de creación de un nuevo actor, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular -en el año 2011 a nivel nacional y a fines del 2013 en Córdoba- y luego de la UTEP a fines del 2019. La conformación de estos espacios no sólo implicó nuevas articulaciones hacia dentro y fuera de estos colectivos, sino también la visibilización en el espacio público de una identidad, pero también de demandas y necesidades de un sujeto con potencialidades organizativas, productivas y de desarrollo comunitario. Se trataba de trabajadoras y trabajadores que se reconocían en la historia de resistencia ante el embate neoliberal, creando actividades laborales para sobrevivir fuera del mercado de trabajo asalariado, recurriendo a programas sociales y construyendo demandas hacia el Estado como garante de la estructura de bienestar y protección del trabajo (Serra y Franco, 2012).

Estas y otras organizaciones se movilizaron también en contra de la orientación neoliberal de las políticas de gobierno durante la gestión de Macri (2015-2019), denunciando el incremento de la deuda externa, en demanda de trabajo y políticas sociales, entre otras cosas. La construcción de proyectos y la disputa por la sanción de leyes nacionales y provinciales que atendieran los problemas vinculados con el trabajo y la reproducción social continuará hasta la actualidad, y en este período se volverán a encontrar en las calles actores y organizaciones que habían seguido caminos distintos; entre ellas, las que conformaron el denominado “Tridente de San Cayetano”, conformado por la CTEP, el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En el marco de esas luchas, a fines del 2016 se sancionó la creación del Salario Social Complementario. En el caso de Córdoba, la creación de un programa provincial de economía popular en el año 2017 también estuvo relacionado con el trabajo de la CTEP, por una ley local que devino en programa. Se trató de un proceso de inicio de construcción de una institucionalidad para la economía popular que incluyó, además, modos de tensionar el gasto público.

La asunción de Alberto Fernández a la presidencia -por el Frente de Todos- en el año 2019 y el proyecto de recuperar el papel del Estado en la garantía de derechos, sumó a los ejes que venían siendo promovidos en el espacio público otros vinculados con leyes que garanticen derechos a la reproducción ampliada de la vida, entre otros. En un contexto de crisis sanitaria, económica y social que se profundizó con la pandemia del Covid 19 y las políticas de aislamiento social, las organizaciones produjeron respuestas concretas a nivel territorial en espacios en los que crecía la pobreza y la vulnerabilidad, y en los que las políticas del Estado no llegaban o no eran suficientes para abordarlas. La disputa por la creación de políticas que atendieran estos problemas y el incremento de políticas para las y los trabajadores fue sostenida por organizaciones piqueteras y de la economía popular con distintos modos e intensidades en la movilización callejera y a nivel parlamentario.

La visibilización del lugar estratégico que tuvo el trabajo de cuidados -en particular, el trabajo de cuidados comunitarios- en el tránsito de la crisis social y sanitaria, permitió poner con más fuerza en la agenda pública la problemática del reconocimiento y formalización de dicho trabajo. Las organizaciones expresaron esta demanda a través de propuestas de proyectos de ley⁸ y la campaña “Somos Esenciales”⁹. Desde el Estado nacional se dispusieron compensaciones monetarias circunstanciales para un número importante de mujeres que realizaron ese trabajo a través del Programa Potenciar Trabajo.

A lo largo de estas décadas, con variantes, los modos de construcción de las organizaciones combinaron el trabajo territorial, la movilización y -durante algunos gobiernos nacionales y locales- gestión de políticas en el Estado. La participación a nivel estatal fue interpretada como la oportunidad de producir transformaciones más generales que atendieran a las necesidades y problemáticas de los territorios. Al mismo tiempo, los mismos se concibieron como espacios en los que esa política podría desplegarse y profundizarse. También para algunos colectivos implicó la posibilidad de participación y disputa parlamentaria, sobre todo a partir del año 2007. Todos estos procesos enunciados rápidamente no estuvieron exentos de conflictos, particiones y recreaciones de alianzas políticas, que no es posible desarrollar aquí.

Construcción territorial y programas sociales

En los años noventa, el Estado implementó reformas neoliberales promovidas por los organismos internacionales de crédito que modificaron de manera sustancial la matriz de bienestar social. Frente a una sociedad donde el trabajo asalariado ya no garantizaba la integración social, y la pobreza crecía en extensión y profundidad, las políticas sociales asistenciales fueron los modos de abordaje de estos problemas. Descentralizadas, focalizadas -a partir de definiciones de carencias y vulnerabilidad- y comunitarizadas (Danani, 2005), apelaron a las “fuerzas comunitarias” y a la “participación”, transfiriendo responsabilidades antes estatales a un conjunto heterogéneo de actores sociales -ONG, movimientos sociales, organizaciones territoriales (Andrenacci y Repetto, 2018)-. Desde entonces, estos colectivos y otros actores tuvieron -y aún tienen- en distintos programas un papel en la mediación y la organización del trabajo en los territorios.

Si bien a lo largo de estos casi cuarenta años las políticas asistenciales fueron modificándose junto con las políticas económicas y las distintas orientaciones de gobierno, podemos recuperar como un continuo la centralidad que tomaron en la vida cotidiana de los sectores populares. Por un lado, frente al desempleo, la inestabilidad laboral o el trabajo temporario, ofrecieron un mínimo de certidumbre respecto a los ingresos y las posibilidades de consumos vinculados con la reproducción de la vida; por otro lado, aquellas que exigieron contraprestaciones sociolaborales o sociocomunitarias -como el caso del Plan Trabajar a fines de los noventa, el Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en el año 2002 y otros que les siguieron- se constituyeron en organizadores de los tiempos y ritmos tanto comunitarios como familiares, al tiempo que habilitaron la realización de tareas necesarias para la reproducción de la vida que no pueden cubrirse desde el mercado y que no venían siendo abordadas por otras políticas estatales. También modelaron y -dependiendo la orientación y el tipo de políticas- en algunos casos fortalecieron la sociabilidad territorial y los mecanismos de integración al trabajo (D’amico 2018). Pero también activaron disputas y conflictos territoriales frente a recursos escasos -que en algunas oportunidades fueron masivos, pero no universales- y distribuciones -por lo tanto- discrecionales, profundizando la fragmentación en las tramas barriales. En las tareas de contraprestación las mujeres asumieron un lugar central y, en muchas situaciones, se orientaron a trabajos de cuidados comunitarios, produciendo una tensión entre el reconocimiento del trabajo -frecuentemente sostenido en el voluntariado y la cooperación- y la solidificación de desigualdades de género -en tanto las tareas de cuidado no se redistribuyen dentro del hogar y las mujeres sumaron una doble y triple jornada laboral- (Zibechi, 2015).

Queremos advertir que estos procesos asumen diferentes profundidades y formas en función de los actores sociales que participan en la gestión de dichos programas, según sean éstos municipios, organizaciones piqueteras, de la economía popular -también múltiples y diversas-, ONG u organizaciones territoriales sin lazos o con lazos a veces trashumantes con otros actores sociales. En algunos casos, se sostienen en formas previas de trabajo colectivo con fuerte inscripción territorial, en un abanico de prácticas cooperativas a través de las cuales los sectores populares crean acciones colectivas y encuentran la resolución de necesidades propias de la reproducción cotidiana de la existencia, ante múltiples carencias (Merklen 2010). Pero, como ha sido trabajado por vasta bibliografía, compartir los mismos padecimientos o el lugar donde se cristalizan no es en sí mismo un factor determinante ni suficiente para generar cooperación y trabajo conjunto; sobre todo en territorios que, por procesos de segregación residencial, acumulan desventajas materiales y simbólicas y son atravesados por redes de riesgo y violencia (Clemente, 2014). Tampoco es suficiente para construir acciones colectivas de protestas para ampliar o disputar derechos. Ello requiere de un trabajo político de construcción de identidades y horizontes comunes enlazados a sentidos de injusticia (Chihu Amparán y López Gallegos, 2004, Giarraca 2001). Sin dudas, la participación en la gestión de las políticas sociales supone un incremento de poder en términos de recursos, pero también de “poder hacer”, en el sentido de construcción comunitaria. Dichas construcciones producen filiaciones que van desde formas pasivas y tuteladas a otras activas y autogestivas, en el marco de estructuras más o menos horizontales. Y así como la política social moldeó y moldea el trabajo comunitario y las demandas de las organizaciones, la gestión de las organizaciones y los “usos” que hicieron y hacen las personas destinatarias también construyen la política. Por ello, podemos afirmar que aquello que producen las políticas asistenciales se vincula no sólo con características y contextos de implementación, sino también con las específicas articulaciones entre Estado / organizaciones sociales / territorios.

Las organizaciones territoriales -y sus acciones y demandas desde los barrios- fueron y pueden ser también actores de gestación de lo político, donde se disputa la distribución social en sus aspectos reproductivos y territoriales. En esos procesos, son en particular las mujeres quienes van perforando la frontera entre lo social y lo político, las que llevan al centro del trabajo comunitario y del espacio público lo reproductivo. Construir en los territorios la filigrana de sentidos sobre aquello del orden social que es injusto y las nuevas formas que se proponen en su reemplazo, implica discusión y acción de respuestas concretas a la resolución de necesidades cotidianas; allí pueden crearse formas de politicidad específica que tal vez desafían los esquemas conceptuales desde lo que acostumbramos a mirar.

A modo de cierre

A lo largo de este artículo hemos propuesto algunas puertas de entrada para ampliar y complejizar el debate público sobre la relación entre organizaciones y políticas sociales, a partir de una ampliación del sentido de lo político desde el cual concebir el papel de estos colectivos. Ello, señalamos, nos parece importante en un contexto en el que, como parte del dispositivo ideológico neoliberal, algunos discursos refuerzan la escisión entre lo social y lo político, invisibilizan las raíces de las desigualdades en nuestra sociedad, deslegitiman el papel político de distintos actores sociales y el rol redistributivo del Estado.

Hemos reconocido en algunos momentos históricos la potencialidad de las organizaciones sociales y de la economía popular para visibilizar las necesidades y los problemas más urgentes y agudos de los sectores populares y para movilizar discusiones parlamentarias, leyes y acciones estatales para su abordaje. También, en otras oportunidades, su posibilidad de aportar en la disputas distributivas y en la impugnación de modelos excluyentes. Dimos cuenta, además, del papel que ocuparon con su trabajo territorial en la construcción de algunas respuestas comunitarias para paliar necesidades vinculadas con el trabajo y un sentido amplio de la reproducción de la vida, que el mercado no atiende y el Estado a veces no aborda o lo hace de modo insuficiente. En esa labor han sido claves los recursos que aportaron las políticas asistenciales que, aunque vienen mostrando su incapacidad para trastocar las desigualdades o desactivar los mecanismos que la producen, subsisten como forma de dar respuesta a las carencias de amplios sectores sociales.

Las organizaciones se encuentran hoy en un campo de tensiones entre las disputas por el reconocimiento de las distintas formas de trabajo y de los sujetos como trabajadores, la demanda de protecciones y políticas para la reproducción ampliada de la vida, la gestión de las políticas asistenciales existentes y la posibilidad de interpelar el orden social. El modo en que estas disputas se resuelvan o canalicen no sólo tendrá que ver con las definiciones y formas de construcción de las distintas organizaciones, sino con su inscripción en un proyecto político capaz de articular distintos actores sociales en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Presentación del dossier: “Organizaciones sociales, trabajo y políticas sociales”

Este artículo integra un dossier, en el cual nos proponemos problematizar los términos con los que se discute el papel de las organizaciones sociales y de trabajadoras y trabajadores de la economía popular y su relación con las políticas sociales en el espacio público. Al respecto, una idea difundida es que esta amplia variedad de colectivos, que podría incluir desde organizaciones autodenominadas piqueteras, sociocomunitarias, sindicales y otras -la mayoría de las veces nombradas en los medios hegemónicos como “piqueteras” y clasificadas en “oficialistas” y “opositoras”- serían actores dedicados a captar recursos del Estado para distribuir entre personas que no tienen empleo y, de ese modo, incrementar su poder político y económico.¹⁰ Asimismo, quienes son titulares de programas sociales son nombrados como “planeros” o “vagos”, calificativos negativos que expresan el supuesto de que estas personas no trabajan porque prefieren vivir de asignaciones económicas del Estado y que éstas son suficientes para garantizar la reproducción de la vida, desincentivando de ese modo la búsqueda de empleo.

Afirmaciones construidas desde estas claves de análisis tienden, por un lado, a impugnar la intervención estatal desde políticas sociales reparadoras, instalar una perspectiva moralizante de los sujetos titulares de programas sociales a partir de una lógica del merecimiento, y ceñir la concepción del trabajo al trabajo asalariado. Por otro lado, aportan a construir un sentido estigmatizante de las organizaciones sociales y de sus prácticas, desacreditándolas como actores políticos e invisibilizando la multiplicidad de actividades socio comunitarias y de trabajo desarrollado por estos colectivos para abordar problemas y necesidades de reproducción social de una importante porción de la población, que vive situaciones profundas de pobreza y padece el deterioro de los mecanismos de integración social.¹¹ Asimismo, y quizás de modo más relevante, restringen el sentido de lo político desde el cual reflexionar sobre todos estos procesos y actores.

Distintos investigadores han aportado argumentos y datos empíricos para discutir estos supuestos a partir de estudios y experiencias de organizaciones sociales y de trabajadores de la economía popular a nivel nacional (Fernández Alvarez, 2022; Abal Medina, 2022; entre otros). También lo han hecho, referentes de organizaciones sociales.¹² Asimismo, datos estadísticos producidos por el Ministerio de Desarrollo Social sobre el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATEP) informan para el período de julio del 2020 – febrero de 2022 un total de 3.225.268 personas inscriptas.¹³ De ellas, sólo 22,3% percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,5% el programa Potenciar Trabajo, orientado principalmente a fortalecer e impulsar el trabajo socio-productivo y socio-comunitario que se desarrolla en la economía popular.¹⁴

En este dossier se incluye una entrevista a Nora Britos, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y especialista en el estudio de políticas sociales, que contribuye a repensar el sentido y el papel de las políticas sociales asistenciales, su diferencia con las políticas de seguridad social y su vínculo con los problemas de pobreza, desempleo y trabajo en Argentina. Asimismo, aborda las políticas que, sobre estos problemas, desarrolla el Estado provincial. Para finalizar, ofrece claves para reflexionar sobre las posibilidades de una renta o salario básico universal.

Además, se incorporan dos artículos producidos por integrantes de equipos de investigación radicados en la Facultad con resultados de estudios realizados en Córdoba. Un texto -escrito por Karina Tomatis, Laura Bonafé y Julieta Almada- visibiliza los múltiples y diversos procesos de trabajo, principalmente realizados por mujeres en el sostenimiento de espacios sociocomunitarios como comedores y merenderos de la ciudad capital provincial. Dichas actividades laborales feminizadas, no siempre retribuidas económicamente, históricamente relegadas al ámbito de lo privado e invisibilizadas en los debates públicos -o, en el mejor de los casos, presentadas como prácticas fundadas en valores solidarios- contribuyen a sostener espacios orientados a tareas de cuidado de amplios sectores sociales económicamente más desprotegidos. El otro artículo -de autoría compartida entre Silvina Cuella y Natalia Becerra- aporta una aproximación a la politicidad popular de los sujetos que viven del trabajo en Córdoba. La pandemia modificó con intensidad las condiciones de reproducción de la vida de los sectores populares y las autoras indagaron de qué modo desarrollaron su vida cotidiana, cubrieron sus necesidades y construyeron un sentido de politicidad ante las restricciones impuestas.

Por nuestra parte, en el artículo presentado anteriormente retomamos este debate público sobre la relación entre organizaciones sociales y políticas sociales como una oportunidad para formular, desde una perspectiva diferente, otras preguntas y reflexiones vinculadas con los aportes y el papel que tiene este conjunto heterogéneo de organizaciones sociales en las disputas por el orden social y la reproducción social de la existencia de amplias mayorías de la población y su vínculo con el Estado.

Cambiar el eje y complejizar la discusión sobre el papel de las organizaciones sociales, el trabajo y las políticas sociales desde una perspectiva política e histórica más amplia nos parece importante para la construcción de una sociedad más democrática, en un contexto en el que a la crisis económica se suma otra crisis de representatividad política, un recrudecimiento de distintas manifestaciones de violencia y el fortalecimiento de perspectivas ideológicas por “derecha” para la construcción de respuestas a estos problemas.

(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Co-editora del presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC), titulado “Organizaciones sociales, trabajo y políticas sociales”.

(**) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Co-editora del presente dossier de “Cuadernos de Coyuntura” (CDC), titulado “Organizaciones sociales, trabajo y políticas sociales”.

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